Antonio Gershenson
ƑDerrota en la industria eléctrica?
Las reuniones en Los Pinos, los anuncios oficiales y todo el cuadro informativo que se nos presenta podrían prestarse a una conclusión: la pelea está perdida, el PAN y el PRI sumados son amplia mayoría en las Cámaras, etcétera. Es muy importante tener presente que esa posible conclusión es totalmente falsa.
El proyecto de reformas a la Constitu-ción y a varias leyes en materia eléctrica, enviado hace unos días al Senado de la República, tiene muchos aspectos, que ya habrá tiempo para discutir. Por lo pronto me refiero a un punto medular, que es el sentido de la propuesta de reforma al ar-tículo 27 de la Constitución.
El cambio que se propone en este caso es el siguiente: donde ahora dice que "corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público" se propone el texto "corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica, en los términos que establezca la ley". Se agrega más adelante que "los particulares podrán generar energía eléctrica para consumo propio y para el Estado, así como generar electricidad y prestar servicios a los usuarios cuyo consumo rebase los mínimos previstos en la ley y cumplan con los requisitos que ésta establezca; el Estado garantizará el acceso y uso no discriminatorio de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución." De las actividades exclusivas para la nación se suprimieron "generar, conducir, transformar y abastecer" energía eléctrica, y se establece que los particulares podrán vender electricidad a otros particulares, bajo ciertas condiciones. El texto tiene similitud con una de las iniciativas que el Senado ya rechazó en mayo pasado.
Sin embargo, la aprobación de este y otros textos no es un hecho. Es preciso tener presente que las reformas a la Constitución y a las leyes se deciden en la Cámara de Diputados y el Senado. Para cambiar la Constitución se requiere, en cada una de las cámaras, una mayoría de dos tercios. Por ejemplo, si la mitad de los senadores del PRI votan en contra, junto con todos los del PRD, con eso ya se rechaza la reforma constitucional. Además, es necesaria la ratificación de los cambios por la mayoría de las legislaturas de los estados. Y todo esto implica tiempo, varios meses. Tiempo en un momento en el que falta menos de un año para la elección nacional de mediados de sexenio. La cercanía de las elecciones, que obviamente aumentará a medida que se trate de hacer avanzar el proceso, hará más difícil que los senadores, y luego los diputados del PRI, voten en bloque a favor de un cambio constitucional que su máxima autoridad, la asamblea nacional, acordó rechazar. Además, la previsible movilización popular, que ya se ha estado empezando a dar, y el peso de la opinión pública en un asunto ya demasiado conocido y discutido desde hace por lo menos tres años y medio, hará aún más difícil que los grupos parlamentarios del PRI voten en bloque en contra de un acuerdo de su propia asamblea nacional.
Ya se ven las primeras muestras de que la reforma constitucional no las tiene todas consigo, en especial en cuanto a la eventual unanimidad del PRI en torno de las posiciones mencionadas. Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, una de las que tienen a su cargo el dictamen no sólo de la iniciativa ahora enviada por el gobierno federal sino también de las que ya estaban en estudio, y que tienen un contenido muy distinto del de aquélla, declaró, después de la segunda reunión en Los Pinos, en la que él también estuvo, que tiene plena vigencia el acuerdo de la asamblea nacional priísta de oponerse a cualquier cambio constitucional en materia eléctrica. En el mismo sentido se manifestó Emilio Chuayffet, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Y el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rafael Rodríguez Barrera, también asistente a la reunión en Los Pinos, declaró al respecto que no se debería confundir la disposición al diálogo con una aceptación de cambiar la Constitución, y que "el único acuerdo específico que ha tomado el Revoluciona-rio Institucional ha sido la decisión de no reformar los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna". A esto se agregan las declaraciones de Humberto Roque Villanueva y otros senadores del PRI.
En la propia Secretaría de Energía se muestra que ni el gobierno federal se siente tan seguro de ese "triunfo" cuando el subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico dijo que hay un "plan B", implicando con ello tal vez una reforma legal sin reforma constitucional. Todo este cuadro muestra que la lucha en defensa de la industria eléctrica pública y de su adecuado desarrollo, que lleva por lo menos desde que, a principios de 1999, el gobierno de Zedillo mandó su iniciativa de reformas en la materia, de ninguna manera está perdida. Es más, puede llegar a suceder que la quemada de varios líderes priístas sea de balde, no por haber dialogado con el Presidente, lo que no debería de ser considerado -por sí mismo- como algo indebido, sino por haberse sumado a posiciones del Ejecutivo que se contraponen con lo que su propio partido, en su máximo órgano de decisión, ha resuelto, y en un punto en el que van de por medio nada menos que la soberanía nacional y la posibilidad de un sano desarrollo de la industria eléctrica.
