En el presente verano, en las regiones chiapanecas que han sido escenario del alzamiento indígena zapatista de 1994 y de las confrontaciones posteriores, el conflicto, nunca resuelto de raíz, ha ido reactivándose en forma sostenida y peligrosa. Los grupos paramilitares, inicialmente desconcertados por las derrotas electorales del PRI en la entidad y en el país, se reagrupan y retoman las acciones ofensivas contra los municipios autónomos y las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Entre otras agresiones, los paramilitares atacaron, el 31 de julio, el ejido La Culebra e hirieron a siete habitantes de la localidad; el 7 de agosto asesinaron a José López Santiz, del municipio autónomo 17 de Noviembre, en Altamirano; antier, en el municipio autónomo San Manuel, atacaron un retén zapatista y secuestraron y torturaron a Rigoberto Sánchez Gómez, golpearon a varios pobladores e hirieron a otros. El mismo día por la tarde, se dio un enfrentamiento a golpes en San Juan Chamula entre católicos tradicionalistas y protestantes.

Es indudable que el gobierno del estado ha buscado dar solución a cada nuevo episodio de violencia, y el titular del Ejecutivo estatal, Pablo Salazar Mendiguchía, incluso fue a dialogar con los habitantes de San Manuel para ofrecer personalmente la procuración de justicia ante el homicidio de López Santiz. Pero, al mismo tiempo, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez propician, al minimizar las confrontaciones y al invocar una situación de normalidad que no se corresponde con las realidades de la zona de conflicto, el mantenimiento de problemas irresueltos que deben ser atendidos.

El telón de fondo de este recrudecimiento del drama chiapaneco es, sin duda, la renuncia del Estado mexicano a buscar soluciones de fondo a la relación entre los pueblos indígenas y el resto del país, una relación que conserva sus inveterados factores de inequidad, agravio, opresión, marginación, explotación y agravio regular. Las reformas constitucionales realizadas el año pasado por el Poder Legislativo en materia de derechos y cultura indígenas fueron, como se dijo desde entonces, un paliativo o, peor aún, una simulación cuyas consecuencias sólo podrían ser, a fin de cuentas, el ahondamiento de la injusticia y de los conflictos resultantes. Ahora, en Chiapas, cuna de la rebelión indígena que puso en evidencia el oprobio histórico que pesa sobre las comunidades indígenas, pueden verse los efectos de la ineficacia, de la mezquindad y de los intereses inconfesables que confluyeron en la distorsión de la iniciativa de reformas formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación. El país en su conjunto no debiera llamarse a engaño: las causas profundas del alzamiento no han sido resueltas; simplemente Chiapas había perdido, coyunturalmente, un espacio preponderante en los medios, pero el estatuto de justicia y dignidad para los pueblos indígenas sigue siendo, en México, una asignatura pendiente.