Demandan fallo favorable a controversia interpuesta
El proceso de paz, en manos de la Corte: ONG de Chiapas
Piden al organismo hacer respetar acuerdos de San Andrés
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 14 de agosto. Organizaciones civiles y de derechos humanos de esta ciudad pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "que asuma su responsabilidad histórica de actuar y tomar decisiones que respeten los derechos de los pueblos indígenas de México".
En una comunicación conjunta, "advierten y responsabilizan" al Poder Judicial "de las consecuencias graves que se pueden generar frente a las decisiones que tome" en relación con una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, ya que podría legitimar violaciones al proceso de legislación y generar así "una mayor pérdida de credibilidad de los poderes de la Unión".
Ello favorecería "una agudización del conflicto armado en México, en particular en Chiapas", consideran las organizaciones Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro Indígena de Capacitación Integral y Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia.
De convalidar la llamada reforma Bartlett-Cevallos-Ortega, la Corte "daría paso al fracaso y agotamiento de las vías legales y pacíficas, y seguiría dando marcha atrás al Convenio 169 de la OIT". Sobre todo, "se evidenciaría que la estrategia del gobierno es la dispersión y ruptura del movimiento indígena en el país, favoreciendo intereses del capital extranjero".
El documento no escatima advertencias. "Se dejaría manifiesta la impunidad del Poder Legislativo para emitir normas o leyes faltando a los procesos de ley, y finalmente evidenciaría la falta de voluntad para el reinicio del proceso de paz y el nulo interés (del Estado) por el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas".
Afirman que desde 1996, con la suspensión del diálogo entre zapatistas y gobierno federal, "las condiciones de deterioro en las comunidades indígenas en Chiapas se han acrecentado.
"La creciente militarización, la impunidad que propician los gobiernos federal y estatal al no actuar frente a los grupos paramilitares, la situación de deterioro de las comunidades desplazadas, así como las graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, son atropellos que atentan contra la dignidad de los pueblos indios."
Añaden: "los pueblos indígenas de México y Chiapas han buscado que los diferentes gobiernos respeten sus derechos; sin embargo, la respuesta ha sido actuar en contra de éstos".
En 2001, exponen, "el EZLN presentó ante la nación mexicana (...) las demandas de los pueblos indígenas, para emplazar a los legisladores a aprobar la iniciativa elaborada por la Cocopa". Sin embargo, se aprobó una reforma "contraria a esta demanda social".
Como resultado, los pueblos indígenas "impugnaron dicha reforma, interponiendo controversias constitucionales".
Señalan que las cámaras de Diputados y Senadores incumplieron el proceso de votación establecido en el artículo 135 constitucional. El Ejecutivo federal también "ha omitido cumplir con su deber de hacer guardar la Constitución, en particular el artículo 133", agregan. Con la reforma aprobada, sostienen, el Estado mexicano "no aplicó el Convenio 169 de la OIT y no respetó el derecho a la consulta de acuerdo con las formas propias de los pueblos indígenas, establecido en el artículo 6 del mismo convenio" (a cuyo cumplimiento está obligado, por ley).
Con base en esas consideraciones, declaran: "la SCJN debe cumplir, dando un fallo favorable a las controversias presentadas como legítimas demandas de los pueblos indígenas de México y Chiapas; debe cumplir el Convenio 169 de la OIT y resolver conforme establece su artículo 6".
La Corte tiene en sus manos, concluyen, "la oportunidad de hacer respetar los acuerdos de San Andrés y de esta manera contribuir al proceso de paz en México, en particular en Chiapas".
