El ciudadano mexicano Javier Suárez Medina, de 33 años de edad, originario de Piedras Negras, Coahuila, y convicto por el asesinato de un agente antinarcóticos, perpetrado hace 14 años en Dallas, será ejecutado por medio de una inyección letal, a las seis de la tarde de hoy, en la prisión de Huntsville.

En las horas recientes, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson, envió una misiva al secretario de Estado, Colin Powell, para pedirle que se detenga la ejecución. El presidente Vicente Fox apeló al gobernador de Texas, Rick Perry, para abogar por la vida del mexicano. La defensa legal del sentenciado ha presentado una petición de última hora ante la Suprema Corte de Justicia de Washington a fin de lograr la revisión del proceso; una solicitud similar ha sido entregada al máximo tribunal estadunidense por parte de la embajada de nuestro país en el país vecino, solicitud que recibió el respaldo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Polonia, Uruguay y Venezuela.

En todas las demandas referidas, así como en las que han sido formuladas por organismos de derechos humanos de Estados Unidos, México y otras naciones, se señala que Suárez Medina fue víctima de un proceso judicial injusto e ilegal, en el que se le negó el derecho de todo acusado a recibir la atención consular adecuada -artículo 36 de la Convención de Viena, de la que tanto Estados Unidos como México son signatarios-; Mary Robinson agregó que en el juicio mencionado no se cumplieron los criterios internacionales de derechos humanos, especialmente los que emanan de la Convención de Derechos Civiles y Políticos. A lo anterior debe agregarse que la pena de muerte es un castigo inhumano, desmesuradamente cruel e irreversible, que viola el primero de los derechos de todo ser humano y que resulta degradante para la sociedad y las instituciones que lo aplican. Por añadidura, las sentencias a muerte en el país vecino revisten un claro carácter clasista, racista y xenófobo, toda vez que los ejecutados no son, por regla general, los peores criminales, sino los delincuentes con menos capacidad económica, cultural e idiomática de defensa: pobres, negros o latinoamericanos, e incluso retrasados mentales y reos que eran menores de edad al momento de cometer el delito.

A pesar de todos los argumentos referidos -que no aspiran a lograr la impunidad para un asesino confeso, sino a evitar uno más de los asesinatos legalizados por el sistema judicial estadunidense-, el máximo tribunal federal de Estados Unidos, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, así como la Junta de Perdones y Libertad Condicional y el gobernador de ese estado no parecen dispuestos a conmutar la ejecución de Suárez Medina por una sentencia de cadena perpetua. El empecinamiento estadunidense y texano en dar muerte al connacional -y al resto de los condenados a la pena capital- reside, por una parte, en una concepción distorsionada de la justicia, de la vida humana y de las potestades del Estado; por la otra, en un pragmatismo electoral orientado a satisfacer el primitivismo xenófobo de los votantes conservadores.

Con todo, si el gobierno de Vicente Fox realmente desea salvar la vida de ese connacional -y de todos los otros mexicanos que se encuentran en pabellones de la muerte en el país vecino-, debe poner en juego los recursos diplomáticos y políticos de que dispone, más allá de las peticiones de clemencia. Las autoridades nacionales pueden, por ejemplo, en las horas previas a la aplicación de la inyección letal a Suárez Medina, anunciar la cancelación de la visita que el jefe del Ejecutivo tiene prevista a Texas a fines de este mes, suspender los contactos oficiales con ese estado y condicionar su reanudación a que no haya más connacionales ejecutados allí. Asimismo, puede impedir el ingreso a nuestro país de productos texanos, así como interrumpir toda forma de colaboración policial y judicial con los aparatos de seguridad y justicia involucrados en los asesinatos legales de mexicanos.

El país vecino no tiene reparos en recurrir a medidas como las referidas -y a otras de manifiesta ilegalidad- cuando se trata de proteger los intereses, y no se diga la vida, de ciudadanos estadunidenses en el exterior. En las horas actuales, es momento de que las autoridades mexicanas expresen su alegada voluntad política para detener las ejecuciones de connacionales.