El INEE, en duda

En el contexto de la firma de un raro Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que no muestra cómo ese acto puede ser un compromiso real nacional por la calidad educativa en todos sus niveles, fue expedido por el Ejecutivo, como pieza efectiva de decisión de gobierno, el decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La creación del INEE es un hecho jurídico y político efectivo; la firma del compromiso más parece un acto político de imagen.

La creación de una institución responsable de la evaluación educativa hace mucho tiempo que era una necesidad de primera magnitud. Es una pena que deba ocurrir en el contexto de un conjunto de presiones internacionales que han venido impulsando la creación de tales instituciones. Un vistazo a América Latina mostrará en todas partes los mismos procesos en marcha, condicionados naturalmente por las circunstancias de cada país.

La creación del INEE estuvo antecedida de algunos debates sobre si la institución hubiese debido ser creada, como lo fue, por un decreto presidencial -para lo cual está facultado el jefe del Ejecutivo-, o por un acto del Poder Legislativo. Probablemente los pobres resultados de un gobierno dividido llevaron al presidente Vicente Fox a decidirse por el decreto. Se ha dejado la puerta abierta, sin embargo, para "perfeccionar" la decisión con una eventual intervención del Legislativo, otorgándole fuerza de ley a la nueva institución. Pero vaya usted a saber qué resultará de una iniciativa de ley, que es ya un acto de gobierno, frente a la variedad generalmente poco informada de la mayor parte de los legisladores. Si se atiene uno al pasado reciente, se avizora un horrible conflicto en ciernes: como el Presidente dijo que así, los legisladores dirán que asá. El resultado final es de ponerse a temblar. Estamos frente a una de las instituciones de mayor relevancia para el futuro de la República -es imposible exagerar la importancia del asunto que hoy tenemos entre manos-, y puede acabar en un asunto más para el jaloneo electoral irresponsable entre los partidos.

Los legisladores, sin embargo, podrían hacer un trabajo responsable, si se informan a fondo y tienen en mente el futuro de la nación y el interés general, en serio. Porque el decreto deja dudas múltiples. De los considerandos del decreto nada hay que decir; de los objetivos y propósitos generales del INEE, tampoco, salvo que parece excesivo que una sola institución tenga como responsabilidad la creación de instrumentos de evaluación y la evaluación misma de los tres niveles educativos -tanto de instituciones públicas como privadas-, con excepción de la educación terciaria universitaria.

De acuerdo con el decreto, el INEE será una institución autónoma en términos de su gestión y responsabilidades técnicas. Es difícil entender cómo puede ser autónoma una institución a la que se atribuye como función "colaborar con la Secretaría de Educación Pública en las evaluaciones que ésta deba realizar respecto del sistema educativo nacional" (artículo 3 del decreto). El artículo 5, reitera que su función será desarrollada conjuntamente con la SEP.

Y es imposible entender su autonomía sobre todo al examinar la composición de la junta directiva (artículo 8), que es su órgano máximo: estará presidida por el secretario de la SEP, y formarán parte de la misma el director de Conacyt, el subsecretario de Educación Básica y Normal y un representante de Hacienda. El resto de los miembros que el artículo 8 enumera está bien, aunque podrían ser otros o haber otros muchos; el mismo artículo, extrañamente, agrega otro conjunto de miembros no enumerados, que serán invitados del titular de la SEP, en el que no están todos los que son ni son todos los que están; quiero decir, varios de tales invitados no tienen la menor idea sobre el tema, y serán opinadores políticos de chile, de dulce y de manteca, cuyo peso en las decisiones causa escalofríos. Lo que está más que claro es que, en las discusiones internas de la junta para la toma de decisiones, será puesto en cuestión una y otra vez el carácter laico de la educación mexicana. Tal ocurrirá con las asociaciones de padres de familia y, probablemente, con el representante del sector empresarial. El representante del SNTE en la junta muestra nuestro inmortal corporativismo.

En la evaluación de la educación la SEP no puede ser juez y parte, por cuanto la calidad de la educación también depende de la SEP. Es decir, esta secretaría también debe ser evaluada como parte del proceso educativo.

Es preciso, de otro lado, agregar expresamente una evaluación por objetivos; por ejemplo: ¿qué debe saber un niño al término del cuarto grado de primaria? Fijados los contenidos educativos respectivos, todos los niños de este país deben haberlos adquirido al terminar ese grado. Si no ocurrió así, ¿por qué no? Debemos saber responder sin ambages esta pregunta y corregir.