REPORTAJE /DEFORESTACION

Ingobernables, nueve zonas forestales en 11 entidades, reconoce la Profepa

Tala clandestina, portación ilegal de armas y narcotráfico, delitos comunes

ANGELICA ENCISO L.

Los bosques, olvido histórico de los gobiernos, se han convertido en áreas ingobernables. Las zonas forestales no sólo perdieron en 50 años la mitad de los recursos naturales que había al comenzar el siglo pasado, sino que ahora ahí se desarrollan conflictos agrarios añejos y actividades ilícitas, como la tala clandestina y el narcotráfico.

En las zonas forestales residen alrededor de 8 millones de personas, con ingresos mínimos por la baja rentabilidad de la actividad forestal y agrícola. De las 21 millones de hectáreas -de 141 millones de hectáreas de bosques y selvas del país- que pueden ser aprovechadas, sólo en 8 millones hay permisos de explotación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene ubicadas como ingobernables nueve zonas localizadas en 11 entidades: la sierra Tarahumara, en Chihuahua; la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, en el estado de México y Michoacán; Santa María Ocotán, en Durango; la región de la Oxpanapa, en Veracruz; la sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, en Guerrero; los parques nacionales Zoquiapan e Izta-Popo en el estado de México y Puebla; la sierra de Zempoala, Huitzilac-Ocuilán-Ajusco, en el estado de México, Distrito Federal y Morelos; los Chimalapas, en Oaxaca y Chiapas, y la selva Lacandona, Marqués de Comillas y Montes Azules, en Chiapas.

Anualmente desaparecen 600 mil hectáreas -mil veces la superficie equivalente al bosque de Chapultepec, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ya que otros hablan de 1.2 millones de hectáreas-, y la escasa producción maderera provoca una alta dependencia con el exterior de productos maderables, ya que tan sólo en 2000 la balanza comercial del sector presentó un déficit de 3 mil millones de pesos.

Entre barrancas, incomunicación y escasez de servicios, los ejidos y comunidades que son poseedores de 80 por ciento de las áreas forestales están en la disyuntiva de desmontar árboles para realizar actividades agrícolas, buscar recursos para establecer programas de manejo -condición para explotar el bosque- o dar entrada a la presencia creciente de las actividades ilícitas.

La escasa atención del gobierno en los bosques se ha reflejado en el limitado presupuesto asignado al sector. Durante el sexenio pasado el promedio anual fue de 300 millones de pesos, la quinta parte de los mil 526 millones de pesos que este año se destinaron a la recién creada Conafor.

Además, por la explotación ilegal de los bosques y la evasión fiscal el país pierde mil 500 millones de dólares al año. Entre los aspectos que inciden en ello están el corte clandestino de madera, permisos ilegales y transporte, comercialización, transformación y consumo indebidos. Datos de la Conafor dan cuenta de que en forma ilícita se producen cerca de 8 millones de metros cúbicos de madera en rollo al año.

En las zonas consideradas por la Profepa como ingobernables, además de los delitos forestales, interrelaciona el crimen organizado, robo de vehículos, portación de armas prohibidas, secuestros, cohecho, cultivo de enervantes y colusión de autoridades con delincuentes, indica el organismo.

Cuauhtémoc González Pacheco, director de Vigilancia Forestal de la Profepa, dice que en esas áreas se tiene la conjunción de todos los problemas: tala clandestina, conflictos por la tenencia de la tierra, incomunicación y todo esto "sin duda da el componente de zonas de narcotráfico".

Destaca que los problemas agrarios predominan en los ejidos y comunidades forestales. "Hay litigios que tienen 100 años y que no se han resuelto. Guerrero y Michoacán están llenos de conflictos."

Asegura que en las zonas donde existen estos problemas "no hay permisos; varios se sienten dueños, pues no hay vigilancia. Son áreas inaccesibles y algunos aprovechan esto para las actividades ilegales".

Recuerda que en Huitzilac, Morelos, había un aprovechamiento forestal, "pero era tal el número de irregularidades que ahí se presentaron, que fue suspendido definitivamente". Con serios problemas para realizar la vigilancia forestal, ya que sólo hay 230 inspectores para todo el país, pocos vehículos y recursos, la Profepa se apoya en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva para realizar operativos.

Este año en la reserva Mariposa Monarca, Ocuilán e Izta-Popo se realizaron 34 operativos, con apoyo de elementos armados -"es peligroso ir solos", indica el funcionario-, se aseguraron 10 mil 675 metros cúbicos de madera y 21 presuntos delincuentes fueron detenidos.

El aspecto social o agrario es un problema, ya que "no podemos prohibir el aprovechamiento total donde hay conflictos, porque entonces no los autorizaríamos en casi ningún lado", señala Rosario Casco, directora de Federalización y Centralización de Servicios Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, área responsable de la entrega de permisos.

"Lo que hacemos es segregar esa parte del aprovechamiento. Algunos casos explotan o hacen crisis; otros no. Pasan así, viven con el mal necesario. Aunque sí hay comunidades que están muy enfrentadas, eso nosotros lo obviamos, no lo resolvemos porque no es nuestra competencia", indica.

Estudios de la Semarnat

El programa de manejo es necesario para que los ejidatarios puedan explotar su bosque, y el costo promedio del permiso es de 40 mil pesos, cantidad que difícilmente pueden reunir los ejidatarios.

En cada estudio se consideran las acciones de reforestación, medidas de mitigación de impactos ambientales, prevención y control de incendios y de plagas y enfermedades, así como la definición del tipo de cortes y distancias a las que se deben hacer. Una vez concluido y autorizado, la Semarnat entrega el permiso de aprovechamiento por una década y señala los cortes anuales que se deben hacer.

Hasta el momento se han entregado 4 mil 431 permisos forestales, pero todos ellos están en revisión, señala Rosario Casco. Entre otros estados, informa, hay autorizaciones para Durango por un total de 842 permisos para 3.3 millones de hectáreas; Chihuahua, 726 permisos para 2.4 millones de hectáreas; Chiapas, 44 permisos para 654 mil hectáreas; Michoacán, 239 permisos para 666 mil hectáreas; Oaxaca, 180 permisos para 712 mil hectáreas; estado de México, 99 permisos para 155 mil hectáreas, y Veracruz, mil 284 permisos para 257 mil hectáreas.

Las comunidades que cuentan con permisos enfrentan la dificultad principal de no tener rentabilidad en esta actividad. "El manejo forestal no se hace con la calidad que se debiera porque lo que el productor obtiene por la venta de sus productos no es suficiente para cubrir los costos de producción", sostiene Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.

Agrega que los desequilibrios del mercado son los que provocan la tala ilegal, porque los costos se abaratan, agrega. El gran mercado de madera ilegal provoca que la producción legal resulte cara para los transformadores. "Se persigue el delito únicamente en el corte clandestino, pero es un delito que continúa por toda la cadena productiva, en los aserraderos y la transformación de la madera. Quienes obtienen los beneficios de la ilegalidad son los que transforman", señala Sánchez.

Indica que otro factor en contra de los bosques es el alto monto de apoyos gubernamentales para la agricultura y ganadería, lo cual funciona como aliciente para que los campesinos incorporen tierras forestales a esas actividades en perjuicio de la cubierta vegetal. Además, indica, la tala clandestina prolifera en los predios que no están bajo manejo, que son la mayoría, a los cuales llega cualquier persona y corta los árboles.

Sostiene que los conflictos agrarios son generalizados en todo el país. Provocan que ante la indefinición de la propiedad y que "al ser terrenos de nadie, sean sujetos de saqueo y pillaje". Mientras que en las zonas donde hay permisos, la tala clandestina disminuye porque los mismos ejidatarios cuidan el bosque, del cual viven.