En contraste con las irregularidades en las que incurrieron algunas autoridades durante la visita papal, la determinación oficial de suspender los decretos expropiatorios de las tierras del valle de Texcoco -y, por tanto, de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto metropolitano en ese lugar- es una medida acertada que merece reconocimiento. La decisión del gobierno federal de atender los legítimos reclamos de las poblaciones afectadas -entre ellas, con un papel destacado, San Salvador Atenco- y la reconsideración de su proyecto aeroportuario son actitudes auspiciosas que deben sentar precedente para la solución justa de los conflictos sociales y para garantizar el respeto hacia la cultura y la forma de vida de las comunidades indígenas y campesinas de México.

Ha de reiterarse que desde el principio existieron otras opciones para la ubicación de la nueva terminal aérea del centro de la República, por lo que esta decisión gubernamental no constituye riesgo alguno para el mejoramiento de la infraestructura del país ni para el crecimiento económico nacional.

Por el contrario, la correcta solución que se ha dado al problema del nuevo aeropuerto debe servir de base para que en el futuro las iniciativas de desarrollo presenten una orientación social y no meramente especulativa, y tengan en cuenta de manera prioritaria a los ciudadanos y las comunidades que puedan resultar afectados por los proyectos oficiales.

Por otra parte, la respuesta del gobierno federal debe aleccionar a quienes desde diversos estamentos políticos, empresariales y mediáticos clamaron por el avasallamiento de los movimientos sociales y pretendieron criminalizar el justo derecho del pueblo a defender su patrimonio y su herencia cultural.

La represión y la desinformación de los ciudadanos son actos inadmisibles que deben ser desterrados del escenario nacional.

En este contexto, es de esperar que, para culminar la necesaria reconciliación entre las partes del conflicto suscitado por las ahora anuladas expropiaciones en la región de Texcoco, los procesos penales pendientes contra algunos ejidatarios y líderes comunales de Atenco se resuelvan en favor de ellos, y se dé paso a un nuevo y justo modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía a la que sirve.

En términos de la vigencia del marco jurídico nacional, el balance de la recién finalizada visita papal representa un inocultable deterioro del estado de derecho y deja en entredicho el respeto a las leyes pregonado por el gobierno de Vicente Fox.

Al participar en ceremonias religiosas públicas y al realizar deferencias que van más allá del protocolo aplicable al recibimiento de un jefe de Estado -particularmente, la genuflexión presidencial para besar el anillo que adorna la mano pontificia-, el jefe del Ejecutivo y otros funcionarios violentaron el espíritu y la letra de los artículos 130 constitucional y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que señalan: "Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas" (art. 130) y "las autoridades antes mencionadas -la norma se refiere a las federales, estatales y municipales- no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público... En los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de la misión que tengan encomendada, en los términos de las disposiciones aplicables" (art. 25).

Las canonizaciones, las beatificaciones y el homenaje al Papa en tanto patriarca religioso son, precisamente, tres de los más relevantes asuntos internos de la Iglesia católica, pues en ellos se establecen símbolos y personajes que han de ser objeto de devoción y se reverencia al máximo jerarca católico por su naturaleza sacerdotal y no por su carácter de jefe de Estado.

Arrodillarse ante cualquier ministro de culto y besar sus insignias religiosas son manifestaciones anacrónicas de sumisión que no forman parte de actividad diplomática alguna ni se corresponden con la majestad republicana que debiera respetar un Presidente de México. Los servidores públicos que asistieron -por añadidura, con acceso privilegiado-- a tales eventos y participaron en tales prácticas vulneraron la ley, hecho inaceptable que trastoca el orden jurídico nacional. ¿Con qué autoridad moral podrán velar por la vigencia de la legalidad quienes la ignoraron de forma flagrante?

Tanto Vicente Fox como el resto de los mexicanos tienen el legítimo derecho de profesar la fe que quieran, o de no profesar ninguna. Pero en su carácter de presidente de la República, el mandatario tenía la obligación de anteponer la vigencia del marco legal a toda expresión religiosa y de restringir su devoción a lo estrictamente privado.

La investidura presidencial y la autoridad gubernamental no son trajes que puedan vestirse un día sí y otro no en función de intereses personales. Son, por el contrario, investiduras institucionales en las cuales se deposita la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, y entre sus funciones, atribuciones y deberes deben contarse el respetar y el procurar respeto a la Constitución y las instituciones de la República.

Si para cualquier funcionario su religiosidad se encuentra por encima del respeto a la ley, su obligación ética y jurídica es abandonar el cargo. La laicidad del Estado y su separación de todas las iglesias son dos de los pilares de la identidad y la legalidad de México. El quebranto de tales principios es fuente de deslegitimación y desestabilización, traiciona nuestra historia y valores nacionales y resulta, por ello, inadmisible y, por el bien del país, punible conforme a derecho.