ATENCO: EL CONFLICTO

La negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, el principal argumento

Cancela el gobierno su proyecto de construir en Texcoco el nuevo aeropuerto metropolitano

En un comunicado de la SCT no se especifica si la terminal aérea se realizará en Tizayuca

MIREYA CUELLAR Y JUAN MANUEL VENEGASENVIADO

La Presidencia de la República decidió dar marcha atrás en su proyecto de construir en Texcoco el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Anoche informó que "dada la negativa de las comunidades ejidales" a vender sus tierras -cuya resistencia costó la vida al campesino José Enrique Espinoza Juárez-, se decidió iniciar los trámites para dejar sin efecto los decretos expropiatorios.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobierno plantea que hay "opciones convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país", aunque no específica si Tizayuca, Hidalgo, sigue entre las alternativas, dado que fue la opción que más fuertemente compitió con el proyecto Texcoco.

En el proceso que siguió el gobierno de Vicente Fox para determinar el lugar en el que construiría la nueva terminal aérea, sólo fueron presentados los proyectos de Tizayuca y Texcoco. La SCT y la Secretaría de Medio Ambiente aclararon hace unos días, cuando se especulaba sobre una tercera alternativa, que únicamente se hicieron los estudios sobre esas dos zonas. Además, sólo existía el viejo proyecto de ampliar el actual aeropuerto internacional.

Sin ofrecer mayores detalles, el comunicado de ayer señala que "al considerar otras alternativas, el gobierno federal logra el propósito de conciliar el interés general en la construcción de un nuevo aeropuerto con el interés particular de las comunidades que han decidido conservar el destino original de sus tierras".

El compromiso de construir un nuevo aeropuerto fue planteado por Fox desde el inicio de su administración. Tras la convocatoria, los gobiernos de Hidalgo y el estado de México presentaron sus opciones. Se debatió sobre las ventajas de uno y otro proyecto; se hicieron estudios, involucrando a distintas instituciones académicas y finalmente el 22 de octubre del año pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la decisión de construir la nueva terminal en territorio mexiquense.

Se emitió entonces el decreto presidencial que expropiaba 4 mil 550 hectáreas, la mayoría ejidales, por las que se pagarían 7 pesos por metro cuadrado. Las protestas de los campesinos afectados no se hicieron esperar y el 2 de noviembre de 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco iniciaron una batalla legal, impugnando ante los tribunales federales el decreto expropiatorio.

Días después, el 30 de noviembre, un juez concedió la primera suspensión temporal contra el decreto de expropiación del ejido de San Miguel Tocuila. El 4 de diciembre, los municipios de Texcoco y Acolman, así como el gobierno del Distrito Federal llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interponer una controversia constitucional contra el decreto expropiatorio del Ejecutivo.

Las protestas continuaron con marchas a la ciudad de México, con sus infaltables machetes que, de instrumento de trabajo, pasaron a ser los símbolos de su resistencia.

La Navidad de 2001 los campesinos de San Salvador Atenco iniciaron la colocación de barricadas y ubicaron antorchas en los accesos principales a sus tierras para impedir la entrada de "gente extraña", fuerzas policiacas o maquinaria. En la víspera del año nuevo declararon a Atenco "municipio en rebeldía".

El recuento de los daños de este proceso que culminó ayer con la cancelación del proyecto de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, no sólo incluye la muerte del ejidatario José Enrique Espinoza Juárez, sino también la dimisión del entonces procurador agrario Valdemar Martínez Garza, quien renunció al cargo el 12 de enero, bajo el argumento de que no le permitieron actuar con autonomía en la defensa de los campesinos. Pocos días después, Vicente Fox nombró al ex perredista Francisco Curi Pérez mediador en el conflicto.

Mientras la Corte continuaba el análisis jurídico del caso, el conflicto se recrudeció cuando el 11 de julio pasado un millar de elementos de la Fuerza de Acción y Reacción Inmediata (FARI) del estado de México arremetiera contra más de 100 labriegos de Atenco, que se dirigían al municipio de Teotihuacán para protestar en un acto que encabezaba el gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas.

Los campesinos salieron de la plaza principal de San Salvador Atenco hacia el municipio de Teotihuacán. Al llegar al poblado de Santa Catarina, sobre la vía Acolman-Pirámides, casi un kilómetro antes de arribar a la cabecera municipal, los labriegos se encontraron con un camión tipo torton que impedía el paso de la caravana. Los ejidatarios empujaron el vehículo que obstruía su paso, y algunos metros adelante se toparon con una valla de alrededor de 40 policías estatales de la FARI. Ahí empezó el enfrentamiento que tuvo como saldo 30 ejidatarios lesionados, varios de gravedad; 19 campesinos detenidos, y 3 agentes estatales heridos.

En respuesta a la agresión y para exigir la liberación de sus compañeros, los atenquenses se trasladaron a la subprocuraduría de Justicia con sede en Texcoco, donde retuvieron a siete trabajadores de esa dependencia; otros campesinos, mientras tanto, bloquearon cuatro puntos de la carretera federal Texcoco-Lechería. También quemaron patrullas y vehículos. Ninguna autoridad tuvo acceso a San Salvador Atenco.

Dos días después, el gobierno empezó el diseño de una estrategia para replantear la negociación con los ejidatarios. El domingo 14, La Jornada adelantó que se abría desde Los Pinos una vía de solución a la crisis en Atenco. Ese mismo día, por la intermediación de la Secretaría de Gobernación, fueron liberados los campesinos detenidos, y el secretario Santiago Creel anunció que sin la aprobación de los ejidatarios no habría aeropuerto.

Ocho días después del enfrentamiento, el jueves 18, una comisión de campesinos fue recibida en Los Pinos por Francisco Curi. Iniciaba así la negociación que se suspendió a raíz de que el gobierno aumentó su oferta de 7 a 50 pesos por metro cuadrado. Los campesinos se molestaron porque el gobierno nunca entendió que dialogar no significaba vender sus tierras. La posibilidad de un acercamiento se truncó definitivamente cuando el 24 de julio murió Espinoza Juárez.

El informe sobre el deceso, rendido por el director del Hospital de Traumatología del IMSS, Juan Carlos de la Fuente Zuno, confirmó que el campesino murió a causa de los golpes recibidos el 11 de julio, a pesar de los intentos oficiales por hacer un deslinde entre la golpiza y la diabetes del campesino.

Tanto la Presidencia de la República como el gobierno del estado de México intentaron, incluso, negar la pertenencia de Espinoza al ejido y quisieron presentarlo como un "acarreado" que había sido presionado para participar en la movilización de los atenquenses.

El pueblo de Atenco enterró a Espinoza Juárez el 25 de julio. Siete días después el gobierno federal hizo la mismo con su proyecto de construir un aeropuerto en Texcoco.