De 95 a 2000, múltiples apercibimientos por fallas en la indagación de amenazas

BLANCHE PETRICH

De 1995 a 2000 las autoridades mexicanas recibieron amonestaciones de organismos nacionales e internacionales -incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos- por la serie de vicios, omisiones, arbitrariedades y hasta formas de corrupción que envolvieron, de principio a fin, las seis averiguaciones previas sobre la cauda de amenazas que siguieron los pasos de Digna Ochoa durante cinco años, hasta culminar con su muerte el 19 de octubre de 2001.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un análisis de cómo se investigó. En la descripción de las actuaciones se pone en evidencia una autoridad judicial capitalina caricaturesca: policías que en lugar de vigilar duermen todo el día en sus autos, mientras los agresores pasan ante sus narices; mujeres policías del área administrativa, incluso embarazadas, habilitadas sin entrenamiento ni equipo como guardaespaldas de una abogada en riesgo; peritajes que se omiten o entregan incompletos, pistas perdidas -como la mayoría de los sobres, con sus respectivos sellos postales y huellas dactilares, que contenían las más de 20 cartas de amenazas que recibieron Digna y sus compañeros entre 1995 y 2000-, expedientes incompletos e insólita demora en la solicitud de datos que hubieran podido aportar pistas importantes.

El Comité de Abogados para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, advirtió la semana pasada al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, que una de las principales razones que entramparon la investigación de la muerte violenta de la abogada Digna Ochoa fue la falla de las autoridades correspondientes para investigar, detener y sancionar a los autores de una larga serie de amenazas y atentados anteriores en su contra.

"Hecho que nos preocupa particularmente -señala Robert Varenik, consultor para México del comité- por la existencia de circunstancias que indican la posible participación de agentes del Estado en las agresiones."

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por su parte, entregó a fines de abril al gobierno capitalino un estudio exhaustivo de cómo durante la administración anterior las investigaciones capitalina y federal sobre este cerco a Digna Ochoa se encaminaron al fracaso y al encubrimiento, voluntario o no, de los agresores. Con ello, señala el organismo, la administración del Distrito Federal "no sólo no contribuye a la preservación de los derechos humanos, sino que incluso coadyuva a su inobservancia".

El documento de la comisión, que propone reformas de fondo en las prácticas de la procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública, desglosa el trayecto de las amenazas y las investigaciones que rodearon de riesgo los últimos cinco años de vida de Ochoa.

La policía, ¿siempre vigila?

A lo largo del análisis de estas indagatorias se revela la imagen de una institución incompetente. Se encuentran aspectos insólitos, como el del circuito cerrado de televisión que los directivos del Centro Pro instalaron dentro de sus oficinas por consejo de las autoridades. Cuando los perpetradores de las amenazas llegan a colocar mensajes, incluso dentro de los escritorios de los propios empleados de esa ONG, a la videocámara le ocurren cosas raras: a veces aparece sin cinta, o con una cinta sobregrabada, que ha borrado el registro de la imagen en los momentos claves. O bien, alguien la apaga durante las horas previas a la aparición de nuevas intimidaciones. Los investigadores no indagaron ni lograron descubrir las razones de esta irregularidad.

En el estudio se pone en evidencia el nivel de los expertos peritos con los que cuenta la Policía Judicial: hay casetes con amenazas grabadas que no analizan los expertos en foniatría; se conservan como elementos de prueba cartas impresas en computadora con amenazas pero se extravían los sobres, con sellos postales, huellas dactilares y otras posibles pistas. Se dictamina que las cerraduras de las puertas no son forzadas, pero nunca acude un perito en cerrajería.

La morosidad en ciertos trámites es pasmosa. Un ejemplo: Digna Ochoa es empujada dentro de un auto y secuestrada en agosto de 1999 por cuatro horas. En ese lapso los atacantes le exigen el número confidencial de su tarjeta bancaria y se detienen en dos cajeros automáticos, de donde extraen 3 mil pesos. Pasan ocho meses antes de que el Ministerio Público envíe un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar la identificación de los cajeros y la cinta con el registro de lo ocurrido en esas cuatro horas. Claro, para marzo de 2000 ya no existe ese registro.

Cuando es necesario hacer un retrsato hablado, no se hace. Con frecuencia las declaraciones ministeriales no recogen textualmente los dichos de los declarantes, en particular los de Digna Ochoa.

Contaba la abogada en plática con este diario que con cierta regularidad la subprocuradora en ese tiempo, Patricia Bugarín, se comunicaba con ella para preguntarle: "¿Qué tal, abogada? ¿Qué novedades me tiene?". En entrevista declaró que "mientras la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no investigue y actúe en consecuencia, los hostigadores se sienten con luz verde para su labor de amenazas y persecución". Hacía manifiesta su decepción: "En el momento más crítico de las agresiones, recurrimos a la PGJDF, no a la Procuraduría General de la República (PGR), esperanzados en que con nuevas cabezas la procuración de justicia de la ciudad tuviera verdadero interés en esclarecer este caso. Yo, la verdad, ya perdí la fe".

El propio procurador Bátiz y el anterior fiscal Renato Sales, en entrevistas o en sus confidencias a varios periodistas y dirigentes de ONG, restaron importancia a ese gran vacío de información y expresaron sus sospechas de que las amenazas, el secuestro de Digna de agosto y la incursión a su casa en octubre de 1999 fueron hechos inventados por la víctima.

Amenazas y misterios sin resolver

Los desaciertos de la procuraduría capitalina se inician con la primera denuncia presentada el 18 de agosto de 1995 a propósito de algunas llamadas al teléfono celular del entonces director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, David Fernández y de la irregular presencia de desconocidos a bordo de un taxi que lo vigilan día y noche. Diez días después, el ministerio público emite un oficio pidiendo investigar la procedencia de dicho taxi, pero inscribe un número equivocado de la matrícula. El taxi jamás es encontrado. Con seis meses de tardanza informa que la empresa de telefonía celular no puede precisar la procedencia de la llamada.

En octubre se multiplican las llamadas amenazantes. A los abogados Víctor Brenes y José Lavanderos les advierten que dañarán a sus hijas. Por primera vez Pilar Noriega y Digna Ochoa son también amenazadas. En ese momento se había conformado un equipo de abogados, del área jurídica del Pro y externos, para la defensa legal de los presuntos zapatistas detenidos durante la ofensiva militar contra el EZLN. Lavanderos aporta un casete de su contestadora donde queda registrada una voz masculina. Años después se descubre que ningún perito en foniatría analizó esa voz.

El 21 de octubre de 1996, mientras Pilar Noriega y Digna Ochoa vuelan rumbo a Washington para asistir a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el homicidio de campesinos del ejido Morelia, Chiapas, por parte del Eejército, en el Pro se recibe un fax que advierte que el avión en el que viajan las abogadas "podía no llegar" a su destino. De manera inexplicable, esta denuncia no se acumuló a los expedientes abiertos. En febrero del año siguiente se cierra la "investigación" porque los quejosos "no se presentaron a proporcionar más datos". Jamás se les citó.

El 9 de agosto de 1999, ya a cargo de la defensa de los campesinos de Petatlán torturados por el Ejército, Digna Ochoa es secuestrada cerca de su casa. Durante cuatro horas permanece amagada en un vehículo, obligada a mantener la vista baja. Es golpeada cuando intenta mirar a sus captores. Dos veces el auto se detiene, presuntamente para obtener dinero de un cajero automático con la tarjeta de la abogada, a quien obligan a proporcionar su número clave. Finalmente es liberada. Ella declara que le fue robada la tarjeta bancaria y un portafolios.

En esos días se multiplica la aparición de sobres con cartas de amenaza, incluso dentro de algunos escritorios de la oficina del Centro Pro. Las cámaras de circuito cerrado jamás captan una escena reveladora. Los expedientes no incluyen una investigación específica sobre qué es lo que pasa con la cámara o con las videocintas. En los expedientes aparecen las cartas pero no los sobres. Tampoco hay constancia de peritajes de dactiloscopia y otros. Meses después se emite un dictamen pericial sobre los únicos tres sobres que fueron conservados. Se determina que fueron puestos en una oficina de correos de Sullivan (cerca de la oficina) y que el genotipo de la saliva con que fueron cerrados corresponde a un adulto varón mayor.

En esos días un desconocido que se identifica como Francisco Villicaña se presenta en el Centro Pro. Después de una larga espera dentro de las oficinas, dice que va a denunciar un "robo de placas". Varios empleados del Pro declaran que el hombre les pareció sospechoso y que llegó y se fue a bordo de un auto sin placas, pero proporcionan el número de calcomanía. La policía no les pidió a los empleados del Pro la media filiación del desconocido, no se hizo un retrato hablado y jamás se investigó el auto a partir del número de calcomanía.

El 5 de octubre Digna encuentra bajo la puerta de su casa su credencial del IFE, robada durante el secuestro. La aporta para que se analice. Los peritos detectan cuatro fragmentos de huellas "sin nitidez". Al día siguiente, una trabajadora del Pro encuentra abierta la puerta de la oficina. El día 13, otro abogado del Centro, Jorge Fernández, encuentra pegada en la puerta de entrada una hoja que dice: "¡Cuidado, bomba en casa! Sólo es una, no es para tanto". Acuden investigadores de la procuraduría a tomar fotos del local, pero no asisten peritos en dactiloscopia ni en cerrajería. El 9 de septiembre los expedientes pasan a la dirección de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia. Para entonces, sólo la primera denuncia de amenaza contra David Fernández permanece como "principal". Los demás casos han sido relegados.

Segundo atentado: hombres sin huellas

El 29 de octubre de 1999, Digna Ochoa llegó procedente de Guerrero a su departamento -ya vivía sola en ese entonces- cerca de las 20:30. Entra a la azotehuela para prender el calentador de gas y alguien la atrapa por atrás, colocándole sobre nariz y boca un material con alguna sustancia que la hace perder el conocimiento. Cuando lo recupera está vendada de los ojos y amarrada a una silla. Puede ver por debajo de la venda. Se percata que dos sujetos -pueden ser tres- sin zapatos la interrogan. Escucha como que uno de ellos escribe en computadora. La interrogan sobre los presuntos vínculos de los activistas del Pro con el EPR, el ERPI, el EZLN, incluso le quitan la venda para mostrarle fotografías para que identifique a diversos personajes. Es un interrogatorio típicamente policiaco.

Al amanecer del día siguiente los asaltantes huyen, dejando a Digna mal atada a su cama. Han introducido un tanque de gas que dejan abierto en su recámara. Ella logra desamarrarse, cierra el gas, nota que el teléfono está cortado y desde su celular marca el teléfono del Centro Pro. Tarda en poder comunicarse con algún compañero. Mireya del Pino y Alfredo del Castillo, del Centro Pro, llegan en cuanto pueden. De inmediato llaman a la policía que arriba dos horas después.

A la hora de levantar un acta sobre los hechos, no acude ni un perito en cerrajería ni un médico legista. Digna y Alfredo descubren dentro del departamento el portafolios que le fue robado a la abogada meses antes, durante el secuestro exprés. Sobre el portafolios hay una hoja de papel con la inscripción "Ja-ja". En las declaraciones ministeriales tomadas en esa primera diligencia no fueron asentadas textualmente las expresiones de Digna Ochoa ni de Alfredo, por lo que más tarde el ex fiscal Sales y otros interpretan como "contradicciones" e "inconsistencias" las denuncias de la defensora. La hoja de papel no se encuentra ya en el expediente. No consta ningún peritaje al respecto. En ese momento, Digna rechaza lo que llaman "intervención en crisis". Pero lo asentado en actas sobre el dicho de la víctima -"Estoy fastidiada y todo lo que quiero es que se vayan"- no es textual ni está firmado por la abogada. Lo cierto es que en ese momento no había un especialista en sicología para atenderla.

En la azotehuela y en la ventana son detectadas huellas. En los expedientes no hay siquiera una descripción de las mismas. También hallan un par de guantes de látex que la abogada afirma no son de su propiedad. No habrá dictámenes periciales posteriores sobre estos dos elementos. El peritaje de dactiloscopia determina que en el departamento de Digna no se encontraron huellas de ningún tipo, ni siquiera las de la propia inquilina. Este procedimiento es calificado por la CDHDF como "pobre, sin técnica científica ni conclusiones".

Una vecina refiere que en altas horas de la noche oyó ruidos en el departamento de la abogada. Ninguno de los moradores del edificio fue llamado a declarar.

A esa misma hora, cuando llegan los primeros trabajadores al Centro Pro, notan que la ventana de su despacho está abierta y su escritorio está desordenado. Sobre él, una carpeta con una anotación con plumón rojo dice: "Poder suicida". Por segunda ocasión, la videocinta del circuito cerrado se reporta como "borrada". El casete no es aportado como prueba.

Operación Aguila en carcacha

En noviembre de 1999 Digna Ochoa acepta la asignación de dos custodias para su seguridad personal como parte de las medidas cautelares que la CIDH solicita para ella. Son jóvenes mujeres policías capacitadas para tareas administrativas. Les proporcionan un vehículo usado para su misión. Con frecuencia el auto no arranca porque se le baja la batería o no les entregan vales de gasolina. No llevan ni radio ni celular para hacer frente a alguna emergencia. Una de ellas está en estado avanzado de embarazo. Suelen llegar tarde a recoger a la abogada o de plano no llegan, a pesar de la activa vida de litigante que tiene la persona a su cargo. Digna, quien habitualmente se moviliza sola y en transporte público, no las espera en algunas ocasiones y se adelanta.

En determinado momento, ella tiene que salir a Guerrero. Acude a la procuraduría en dos ocasiones a plantear el asunto de sus custodias y nadie la atiende. Sin consultarlo previamente, la subprocuradora Bugarín decide que en Guerrero será la Policía Federal Preventiva (PFP) quien se haga cargo de su seguridad. El Centro Pro rechaza el planteamiento, ya que la PFP ha sido señalada como sospechosa de las amenazas.

En marzo hace crisis el asunto de la custodia por el incumplimiento y la ineficacia de los elementos asignados en la pomposamente llamada Operación Aguila. Otros elementos del Pro también se quejan de que la policía asignada a vigilar el local duerme todo el tiempo dentro de los vehículos. La CIDH expresa su inconformidad por la "ineficiente e insuficiente" protección brindada a la abogada e incluso apunta que oficialmente se le informó que contaba con tres custodias, siendo que sólo son dos. En mayo se reorganiza esa tarea con nuevas escoltas, pero le asignan a Digna un auto con la insignia de la Policía Judicial del DF. Ella se niega a usar ese auto.

Ese mismo mes, mayo, la procuraduría capitalina concluye que el o los perpetradores de las amenazas tienen libre acceso a las oficinas del Centro Pro y conocimiento "elevado" de la organización interna del mismo. "Cabe la posibilidad" que sea un empleado del mismo. Pero los peritos nunca hacen un análisis comparativo de huellas dactilares ni otra prueba semejante para ahondar en esta pista. Tampoco se resuelve el misterio de los videos.

Mientras, suben de tono las expresiones de inconformidad de la CIDH. El 12 de septiembre la Corte Interamericana protesta por el mal servicio de protección. Hace notar que a casi un año del secuestro de Digna, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha puesto en contacto con la abogada ni ha emitido opinión alguna. La procuraduría capitalina responde con un informe al que la CDHDF califica como una mera relación de entrada y salida de oficios. Justo al cumplirse el año del secuestro exprés de Digna, la Policía Judicial del DF solicita a servicios periciales una "mecánica de los hechos".

A finales de agosto, Edgar Cortez, director del Centro, envía a la procuraduría un oficio pidiendo el fin de la custodia a Digna, pues esta saldrá del país para realizar estudios como becaria. La CIDH, a su vez, envía un comunicado adicional haciendo notar que en varias ocasiones han sido mencionados como presuntos responsables de las amenazas agentes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva. Por lo tanto, recomienda, "envíense las actuaciones a la PGR".

En efecto, la procuraduría capitalina envió de inmediato los expedientes a la Procuraduría General de la República. Ahí permanecieron, dormidos y empolvados, hasta que un año después, junto al cadáver de Digna Ochoa, apareció otra amenaza más, idéntica a todas las anteriores.