Rechazan nacionalistas la "utilización política de la justicia"
Otorgan amparo al juez Garzón ante acusaciones de líderes vascos
DE LA REDACCION
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en forma unánime conceder el amparo al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ante dirigentes políticos vascos que lo acusaron de actuar por "móviles políticos" y de ser "brazo político" del gobierno español.
Garzón ha ordenado el cierre de diversas organizaciones civiles del independentismo vasco, el encarcelamiento de políticos, periodistas y líderes vascos, y más recientemente, el embargo de cuentas y bienes de la coalición vasca Batasuna, considerada brazo político de la organización armada ETA.
El diario vasco Gara informó que el CGPJ dio su amparo a Garzón, defendiéndolo así de posibles acciones policiales que se pudieron haber derivado de acusaciones como la del consejero de Justicia del Ejecutivo de Lakua, Joseba Azkarraga, quien afirmó que Garzón ha incurrido en la "utilización política de la justicia".
"A ver quién ampara a este país ante las actitudes de ciertos jueces y las declaraciones del gobierno", sostuvo Azkarraga, quien recordó que por actitudes menos adversas se ha tratado de encausar a líderes vascos, a quienes se ha acusado de hacer "apología del terrorismo", mientras que puede ser amparado un juez que claramente está sirviendo a los intereses de Madrid, en violación a sus funciones como representante del Poder Judicial.
Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó este jueves que España está obligada a indemnizar al coronel Juan Alberto Perote, condenado a siete años de prisión por haber sustraído y revelado el contenido de documentos confidenciales de los servicios secretos españoles (Cesid).
Los documentos clasificados revelaron detalles de la guerra sucia aplicada por el gobierno socialista de Felipe González contra el entorno independentista vasco, y ejecutada por los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
La corte de Estrasburgo considera que fue vulnerado el derecho de Perote a un juicio justo debido a que dos de los jueces militares que lo juzgaron estaban sesgados en su contra debido a que habían resuelto aspectos previos de la instrucción. El tribunal fijó que el Estado español debe indemnizar a Perote con 10 mil 500 euros por haber permitido que lo juzgaran jueces no competentes para el caso.
Perote demostró que el presidente y el ponente del tribunal militar que lo condenó en 1997 integraban también el equipo de magistrados que confirmaron su culpabilidad, decidieron prorrogar su encarcelamiento y rechazaron su apelación.
Al considerar que el demandante tenía razón en dudar de la imparcialidad de quienes lo juzgaron, el tribunal de Estrasburgo determinó que hubo una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
