Resaltan limitaciones de la fiscalía para desaparecidos

Defensores de derechos, por una comisión de la verdad

Difícilmente abarcará la dimensión del caso: Alvarez Icaza

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Defensores de derechos humanos se declararon en favor de la creación de una comisión de la verdad que investigue los casos de violaciones que tuvieron lugar en los años 60 y 70 en México, pues consideraron que la fiscalía creada para ese fin tiene limitaciones. "Es importante que la sociedad sepa qué pasó", argumentaron.

Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirmó que en México están dadas las condiciones para crear una comisión de ese tipo, que cumpla con las expectativas de las víctimas y sus familiares, y defina las obligaciones que le competen al Estado mexicano de acuerdo con el derecho internacional.

Entrevistado en el contexto del seminario internacional sobre comisiones de la verdad, que concluirá hoy, Cristian Rojas, director de Amnistía Internacional sección México, consideró que la fiscalía puede determinar responsabilidades individuales, pero se necesitan otras instancias para discutir la verdad de lo acontecido en los años de la guerra sucia.

Louis N. Bickford, colaborador del Centro para la Justicia Transicional, con sede en Nueva York, Estados Unidos, dijo que la fiscalía es una iniciativa interesante y puede ser innovadora, pero hay una serie de interrogantes en torno a sus facultades, por lo que expuso que se debe discutir la necesidad de agregarle facultades o recurrir a otras estrategias, como la creación de una comisión de la verdad.

Sobre las limitaciones de la fiscalía especial encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, refirió que el gobierno mexicano no ha solicitado la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la prescripción de los delitos cometidos en la época investigada.

Alvarez Icaza expuso que la instauración de la fiscalía, junto con un comité ciudadano de apoyo, resulta ya un avance, pero la dimensión político social del problema "difícilmente" se abarcará en su totalidad por este organismo.

"De lo que se trata es de acabar con la impunidad que ha prevalecido hasta nuestros días, que ha protegido a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país", señaló.

La apuesta por el olvido no es solución. Enfrentarse a la verdad y reconocer la culpa no ahonda las diferencias en una sociedad, sino que ofrece el espacio para que la reconciliación sea posible, refirió. "Saldar cuentas con el pasado beneficia a todos, y no hacerlo, además de la injusticia que implica, deja siempre una herida abierta, y en México llegó ya la hora de cerrarla", expresó el ombudsman del DF.

Cristian Rojas dijo a su vez que cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores compara al comité asesor de la fiscalía con una comisión de la verdad, "hace una interpretación bastante amplia", pero está claro que la entidad encabezada por Carrillo Prieto cumple un papel muy particular, que es investigar y sancionar los casos que cree poder acreditar ante un juez.

Sin embargo, eso no es suficiente, porque una comisión de la verdad tiene el propósito de que en la sociedad se reconozca cuáles fueron los conflictos graves que se vivieron, cómo sufrieron las víctimas y que todos, en particular el Estado, tienen una responsabilidad.

Bickford, quien ha trabajado con diversos activistas en derechos humanos en Argentina, Birmania y Chile, explicó que en el caso de la fiscalía mexicana no está claro que haya compromiso político por parte del gobierno ni de la sociedad civil para que se aclaren los hechos ocurridos en los años 60 y 70.

Señaló que a la fiscalía mexicana le faltan aspectos importantes, como son la organización de audiencias públicas, en las que se escuche la voz de las víctimas, aspecto que ha funcionado bien en Sudáfrica, Nigeria y Perú.

También cuestionó si la fiscalía va a poder involucrarse en un proceso más amplio de democratización del país, y se preguntó si la meta de este organismo es sólo enfrentar la impunidad del pasado o también contribuir a la democratización real del país, lo que se liga con la reforma del sistema judicial. Dijo que hay dudas sobre si el informe final que deberá presentarse se mantendrá en reserva o se va a compartir con la opinión pública.