Acepta juzgado recurso del IFE contra solicitud de amparo de Carlota Robinson
Detectan aportación ilegal de residentes en EU
ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA
Una nueva vertiente de financiamiento presuntamente irregular en la campaña de Vicente Fox detectó la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE): al menos cuatro organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos aportaron recursos, operación prohibida por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De acuerdo con los indicios y correos electrónicos dirigidos a algunos consejeros electorales ofreciendo testimoniar en el caso, se ha abierto esta nueva línea de investigación que se añade a la presunta triangulación realizada por los Amigos de Fox mediante empresas mexicanas para ocultar el financiamiento del extranjero.
Por lo pronto, se estudia ya la posibilidad de que personal del organismo electoral se traslade a Estados Unidos para recabar la información y los testimonios ofrecidos, con el objetivo de profundizar en las investigaciones respecto a una nueva irregularidad existente en el financiamiento a la campaña electoral de la Alianza por el Cambio.
En tanto, en resolución contrastante con una previa, el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, que lleva el juicio de amparo promovido por Carlota Robinson Kauachi en contra de que se abran sus cuentas bancarias personales, dio entrada a la solicitud del IFE para ser considerado "tercero perjudicado".
Lo anterior contrasta con lo determinado apenas un día antes por la juez primero de distrito en materia administrativa, Silvia Cerón, quien negó esa calidad y la de autoridad responsable de la solicitud de apertura de cuentas al instituto, pero en el caso de Lino Korrodi.
Por otra parte, la empresa K-Beta SA de CV, propiedad de Korrodi -una de las tres presuntamente utilizadas en la triangulación del financiamiento desde el extranjero a la campaña de Fox-, promovió un juicio de amparo contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para evitar la apertura de sus cuentas, al que se le dio entrada en el juzgado décimo de distrito en materia administrativa.
La propia Robinson interpuso un nuevo juicio de amparo para evitar la apertura de otras cuentas por parte de la CNBV a petición del organismo electoral. En esta ocasión, el recurso se radicó en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa.
Sin embargo, la Comisión de Fiscalización cuenta ya con elementos suficientes para reconstruir toda la cadena del supuesto financiamiento ilícito a la campaña de Fox: los documentos que envió la CNBV en la primera remesa al IFE antes de que la empresa Grupo Alta Tecnología en Impresión SA de CV, propiedad de Korrodi y Robinson, promoviera sendos amparos.
Entre los cheques ya validados por el organismo financiero figuran aquellos con los que Robinson liquidó en tres exhibiciones el adeudo de la propaganda de la campaña electoral de Fox difundida por Tv Azteca, los cuales provenían de recursos que habían sido transferidos desde el Bank of West, de El Paso, Texas. Los documentos enviados por la CNBV abarcan la liquidación de otros muchos pagos en los que también podría haber irregularidades por el origen del financiamiento.
Una de las nuevas vertientes que investiga el IFE es el dinero que presuntamente organizaciones de mexicanos radicados en Estados Unidos habrían aportado. En principio algunas de ellas estarían radicadas en Fresno, California. Según miembros de la Comisión de Fiscalización, en estas operaciones estaría involucrado Juan Hernández, quien hasta esta semana se desempeñara como jefe de la desaparecida oficina de Presidencia para la atención a migrantes.
Por otra parte, el IFE reiteró que presentará una queja ante un tribunal colegiado de circuito al ser marginado en el juicio impulsago por Korrodi. En ella se combatirá la decisión del juez utilizando la resolución del juzgado séptimo de distrito, que en recurso similar, pero de Robinson, resolvió favorablemente al instituto.
El consejero José Barragán deploró esta duplicidad de criterios en los juzgados, que sólo pareciera reflejar una "línea" en la Suprema Corte de Justicia de la Nación "para obstaculizar las resoluciones del tribunal electoral". Pareciera que hay interés de hacer suya la defensa de estos interesados que se niegan a cumplir las resoluciones.
Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que en este asunto el que se verá favorecido finalmente será el IFE, ya que según una tesis jurisprudencial, el juez deberá sobreseer el amparo solicitado por Korrodi.
Sin embargo, este personaje gozará de la suspensión provisional otorgada inicialmente por el juez de la causa para que la CNBV no entregue por lo pronto los estados de cuenta requeridos. En cambio, en el caso del juicio de Robinson, en que el juez resolviera incluir al IFE como autoridad responsable, le garantiza a aquella que su queja no esté predestinada al sobreseimiento, y que sea hasta que se dicte sentencia cuando se determine si su demanda es válida o no.
