Algunos no cubrían el perfil requerido para el cargo, señala informe de la CMH

Erogó el gobierno 44 millones para pagar a 227 asesores

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Durante el año 2000, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató a 227 personas para asesoría y apoyo de la jefatura del Gobierno capitalino, por un monto de 44 millones de pesos; sin embargo, algunos no contaban con el perfil, estudios o experiencia requeridos para las funciones que desarrollarían, asegura el informe de resultados de auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El documento en mención señala que al analizar 99 expedientes (43.6 por ciento del total) se detectó también que la solicitud de contrataciones se hizo extemporáneamente, y que en el 100 por ciento de los casos "los contratos no están firmados por Porfirio Barbosa Rodríguez, oficial mayor del GDF en esa época".

Cita el informe oficial algunos ejemplos de las contrataciones hechas por la Oficialía Mayor. Así por ejemplo, el contrato número 26 fue firmado con Angel López Pérez, quien por un monto de 132 mil pesos prestaría "servicios de asesoría en materia de globalización"; sin embargo, la CMH destacó que en su currículum vitae "no indicó que (no) contaba con estudios ni experiencia laboral en la materia, sólo acreditó estudios de secundaria y experiencia en albañilería, pintura, electricidad, mecánica y plomería".

Refiere también el caso de María del Carmen Díaz Lara, que suscribió un contrato por nueve meses para proporcionar -por 81 mil pesos en total-"servicios de asesoría en materia de proyectos administrativos", pero su currículum carecía de precisiones acerca de la experiencia que tuviera en ese ámbito; "sólo comprobó tener estudios de secundaria y como experiencia laboral ser maestra de corte y confección".

Casos similares se observaron con José Luis Gutiérrez González, Cristóbal López Fuentes y José Antonio Caamaño Nava, quienes asesorarían respecto de la elaboración de proyectos administrativos y económicos. Por ello recibirían, por mes, de 9 mil a 11 mil pesos; no obstante, en los tres casos la Contaduría detectó que tenían experiencia laboral como choferes repartidores y encargados de seguridad.

También menciona la CMH el caso de Laura Erika Carlsen, ciudadana estadunidense que fue contratada, pese a que no tenía permiso para laborar en el país.