Los policías les tienen miedo porque cuentan con bombas de gas y armas largas: desplazados

Grupos paramilitares impiden a "autoridades" aplicar la ley en tres municipios chiapanecos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Sitala, Chis. 16 de julio. Cómo estarán las cosas para los desplazados de San Pedro Buena Vista, que cuando Sebastián Hernández Sánchez fue con el juez mixto de Yajalón a exigir justicia ya mero lo meten preso, acusado de "robar" tierras, siendo que él es el despojado. El Ministerio Público de Bachajón (municipio de Chilón), sin responzabilizarse de la demanda levantada por las familias expulsadas, había turnado el oficio al juzgado de Yajalón.

Las autoridades municipales de Sitalá, mientras tanto, "no saben nada del problema", como expresó hoy un policía municipal bajo los arcos del ayuntamiento. Esto, a pesar de que San Pedro Buena Vista se localiza en Sitalá, a menos de 30 minutos, a pie, de esta cabecera.

"La policía no va a San Pedro porque tiene miedo. Sabe que los paramilitares están mejor armados que ellos. Tienen bombas de gas y armas largas", dice un joven miembro del grupo de expulsados, campesinos tzeltales y bases de apoyo del EZLN.

Tres municipios constitucionales (Yajalón, Chilón y Sitalá) y Seguridad Pública del estado se han pasado la bolita, incapaces de hacer justicia y encarar a los agresores. Por lo menos un municipio, el de Chilón, está acusado de proteger a los paramilitares (priístas y perredistas) que el pasado 25 de mayo expulsaron violentamente a los pobladores de San Pedro, y ahora ocupan las casas y las tierras de los zapatistas, quienes viven de arrimados en distintas casas de Sitalá; algunos hombres han tenido que salir a buscar trabajo como peones, porque no tienen dinero ni la cosecha de sus milpas y cafetales.

La situación es insoportable, afirman los desplazados

"Ya no aguantamos la situación", dice Sebastián. "Dos de mis hijos están enfermos y no tenemos con qué curarlos." Mientras dura la plática con los voceros de San Pedro Buena Vista, una niña de tres años, ojerosa pero atenta y vivaracha, no deja de toser.

Los agresores, procedentes de cuatro rancherías del municipio de Chilón, pudieron incursionar la semana pasada en la cabecera de Sitalá, rodear la casa donde se refugian algunas de las familias de San Pedro Buena Vista y mandar una "comisión" para amenazar de muerte a Sebastián Hernández Sánchez y a sus familiares, "si no se van más lejos, hasta que desaparezcan", dice en imperfecto castellano y así, en tercera persona, el propio Sebastián. Y todo esto ocurrió a 200 metros del cuartel de Seguridad Pública y a menos de 500 del palacio municipal.

"Ya agarraron confianza los de ese grupo", comenta por su parte un campesino del ejido Sitalá. "Esos mismos que ahora andan armados, hace años se robaron unas tierras de nuestro ejido y las autoridades no se atrevieron a recuperarlas. Se arreglaron con ellos, y los ejidatarios perdimos 30 hectáreas."

Una voz de anciano brota de la gente que escucha afuera de la casa donde transcurre la conversación: "De puro cafetal maduro". Y todos los hombres asienten.

"Ese 4 de julio me dijeron que se va a otro lado si no se quiere morir. Lo rodearon esta casa como 50 de ellos, armados, y unos entraron para hablar advertencias. Un señor de la ranchería Sitim fue el que habló las amenazas", relata Sebastián Hernández en uno de los breves momentos que recurre al castellano. La mayor parte del tiempo la pasa conversando vivamente en tzeltal con su mujer y con los hombres que lo acompañan. Los paramilitares de Chilón lo quieren muerto, y las autoridades de Yajalón lo quieren preso. La tiene difícil.

"Pensamos recuperar las tierras que nos quitaron. Lo que pueda pasar será responsabilidad del gobierno, que no quiere solucionar de la buena forma", expresa otro hombre, también representante de los desplazados.

El pequeño poblado donde vivían tiene 10 casas, una iglesia y una escuelita. Hoy todo lo ocupan los invasores procedentes de Chilón, quienes alegan que las tierras de San Pedro Buena Vista les pertenecen, porque en la finca que estaba ahí trabajaron sus antepasados. Los zapatistas llegaron ahí en 1994, al recuperar 30 de las hectáreas que dejó el finquero para ser indemnizado por el gobierno.