Según cifras de la Administración de Información Energética estadunidense, México se convirtió en mayo en el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, país al que Pemex vendió un millón 509 mil barriles diarios de crudo durante ese mes. Esas exportaciones superaron en ese periodo a las de otras potencias petroleras como Arabia Saudita y Venezuela, circunstancia que tiene importantes repercusiones no sólo en los órdenes económico y diplomático, sino también en los ámbitos político y jurídico de nuestro país.

Las cifras anteriores evidencian la crucial -aunque asimétrica- relación económica y geoestratégica que existe entre México y Estados Unidos, pues si bien nuestro país tiene en el vecino del norte un creciente mercado para la exportación de petróleo, tal situación tiene aparejado un cúmulo de presiones originado en la pretensión estadunidense de garantizar por todos los medios a su alcance que los países proveedores de hidrocarburos se sometan a sus lineamientos geopolíticos y a los intereses de sus grandes corporaciones energéticas.

Para Washington asegurar el abasto de petróleo es una cuestión de seguridad nacional y, para lograrlo, ha recurrido a todo tipo de prácticas: desde la búsqueda de convenios bilaterales para la extracción y venta de crudo -generalmente más beneficiosos para Estados Unidos que para los países productores- hasta la presión diplomática, la conspiración política y la intervención militar directa, como en la guerra del golfo Pérsico y recientemente con las operaciones armadas en Afganistán y Asia Central, donde subyacen poderosos intereses de control de los abastecimientos y las rutas de distribución de petróleo de la región.

Para nuestro país, de continuar las actuales tendencias, las crecientes demandas energéticas de Estados Unidos traerán consigo el incremento de la dependencia exterior (los ingresos de Pemex son fuente sustancial de recursos para el gobierno federal y el mercado nacional importa cada vez más productos petroquímicos procesados del vecino del norte) y el recrudecimiento de las presiones orientadas a abrir a la inversión privada la explotación, la refinación y la comercialización de los hidrocarburos mexicanos. En este sentido, resulta evidente que el fortalecimiento de la industria petrolera mexicana es requisito indispensable para mantener la soberanía y la independencia económica del país, esfuerzo en el que es imperativo, por un lado, mantener la propiedad exclusiva de la nación sobre la riqueza del subsuelo y sus derivados y, por el otro, abrir nuevos mercados y desarrollar nuevos productos que compensen el presente desequilibrio frente a Estados Unidos.

La sociedad debe mantenerse alerta ante los previsibles embates de quienes, desde distintos estamentos políticos y empresariales, y con argumentos de diverso cuño, pretendieran someter el patrimonio nacional a los dictados del extranjero. Preservar para los mexicanos la riqueza energética del país debe ser entendida por todos como un compromiso histórico y una prioridad insoslayable, pues de ello depende en gran medida que México pueda hacer frente -de forma libre y en beneficio de sus ciudadanos- a los severos retos de un mundo donde, cada vez con mayor intensidad, la posesión y el control de los recursos energéticos definirán la preminencia o el sometimiento de las naciones.