Entregan conclusiones del Encuentro por la Paz

Solicitan a la Suprema Corte invalidar la reforma indígena

JESUS ARANDA

El marco jurídico vigente otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) facultades para pronunciarse sobre un proceso legislativo viciado, como lo fue la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, afirmó Damián Camacho Guzmán al entregar ayer, junto con otros participantes del Encuentro Nacional Extraordinario por la Paz, una carta en el máximo tribunal, en la que exigen anulación de dicha reforma.

Camacho Guzmán, Guillermo May Correa, Ericka Zamora y otros defensores de derechos humanos entregaron a la SCJN una copia de las conclusiones del encuentro que se realizó del 5 al 7 de julio en San Cristóbal de las Casas. En el documento se demanda a los ministros de la Corte que tengan sensibilidad "para asumir su competencia jurisdiccional sobre la inconstitucionalidad de los procedimientos" seguidos para aprobar la reforma indígena.

Sobre todo -señala el texto firmado por el obispo Samuel Ruiz, Gonzalo Ituarte y Miguel Concha, entre otros-, en razón de que esa será la resolución "con más importantes consecuencias sociales" que haya enfrentado la Corte en la historia del país".

Aunque la intención era entrevistarse con el pleno de ministros -que en ese momento sostenían una sesión privada-, los representantes del encuentro por la paz fueron recibidos por el coordinador de asesores del presidente de la SCJN, magistrado Juan Carlos Cruz Razo, quien recibió el escrito y tomó nota de la solicitud de audiencia con el presidente de la Corte, la cual no ha tenido respuesta, a pesar de se se solicitó con anterioridad.

En la misiva se solicita dictaminar la inconstitucionalidad del procedimiento de reforma, porque fue realizado sin consultar a los pueblos y las comunidades indígenas del país, violentando el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Señalan que el proceso de reformas "adoleció de graves irregularidades para su aprobación, tanto en el Congreso de la Unión como en muchas de las legislaturas locales, y que el contenido de esas reformas no reconoce los derechos consagrados en los acuerdos de San Andrés y, por lo tanto, no contribuye al proceso de paz en Chiapas".