Enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y fraude, cargos
Presentará el PRD demandas penal y de juicio político contra el senador panista
ROBERTO GARDUÑO
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentará el martes próximo ante la secretaría general de la cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el senador panista, Diego Fernández de Cevallos, por haber incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos. Y en otro hecho paralelo, la fracción parlamentaria perredista en San Lázaro denunciará penalmente hoy, ante la PGR, al legislador queretano por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y fraude al erario.
El anuncio de ambas demandas correspondió al diputado Emilio Ulloa, quien manifestó que en el ámbito del juicio político el artículo 108, título cuarto de la Constitución, establece las bases para fincar responsabilidades a los servidores públicos, y en específico a "un senador de la República, en tanto que es funcionario público, puede ser sometido a juicio político por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", como lo previene el artículo 109 constitucional.
En su argumento, el PRD señala que la afectación al erario, por el pago de mil 200 millones de pesos perjudica el interés de la nación, y "Diego Fernández de Cevallos puede y debe ser sancionado mediante la instauración de juicio político".
Sobre la comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude, enriquecimiento ilícito y lo que resulte -como se estipula en el Código Penal Federal-, la pena por el tráfico de influencia (artículo 221) es de dos a seis años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo e inhabilitación de dos a seis años. Por fraude (artículo 386) alcanzaría la pena de tres a 12 años. Y por enriquecimiento ilícito (artículo 224), el responsable sería acreedor a una condena en prisión de dos a 14 años, multa de 300 a 500 veces el salarlo mínimo e inhabilitación de dos a 14 años.
"Si los jueces fueran benévolos con el senador Diego Fernández se le impondrían alrededor de 19.5 años de cárcel en promedio aritmético. Las multas las puede pagar con algún terrenito de Punta Diamante. Por la inhabilitación no tendría problemas: pudiera litigar dentro de la cárcel asuntos de sus compañeros. Ahí tendría mucha chamba", manifestó un irónico Ulloa Pérez.
Por otro lado, el grupo parlamentario del PRD, en voz de Ulloa, en referencia al caso de Jugos del Valle, dijo que "debe investigarse la participación del senador Diego Fernández y practicarse una auditoría a esa empresa, a efecto de determinar la legalidad del impuesto al valor agregado que el gobierno, con las contribuciones de todos, le devolvió. Eso sí, rápida y ágilmente, como se le trata a los amigos y empresarios de Vicente Fox", expresóUlloa.
