La crisis del sector eléctrico estadunidense, de la que la debacle de la corporación Enron es muestra fehaciente, constituye -como señala en entrevista a este diario el congresista demócrata Robert Filner- un claro ejemplo de las consecuencias perniciosas que tiene para una sociedad poner en manos privadas actividades tan relevantes para el desarrollo de un país como la generación, el transporte y la comercialización de electricidad.

En California, los efectos nocivos de la privatización de la industria eléctrica no se redujeron tan sólo al encarecimiento desmesurado del costo del suministro, circunstancia de por sí sumamente lesiva para los consumidores, sino además incluyeron el desabasto de energía, el descontrol contable, la abierta corrupción en la compañía operadora del servicio y la pérdida de credibilidad de esas corporaciones e incluso del mismo sistema de libre mercado que, presa de sus propias contradicciones, se estremeció bajo el peso combinado de una desregulación excesiva y del frenesí especulador que sólo entiende la lógica de acumular las mayores ganancias en el menor tiempo posible para beneficio de unos pocos privilegiados.

En lo concerniente a nuestro país, donde el gobierno y diversos grupos privados nacionales y extranjeros presionan de múltiples modos para abrir a la inversión privada el sector eléctrico, el caso de California debería resultar aleccionador por ser una evidencia palpable de los desastres que pueden originarse si se entrega a particulares una industria estratégica para la economía nacional. Por añadidura, ha de recalcarse que son justamente los mismos intereses que lucraron desenfrenadamente hasta sumir en la quiebra a Enron y saquear a los contribuyentes de California los que se aprestan a incursionar en el mercado mexicano de electricidad bajo el falaz argumento de que sólo el sector privado tiene la capacidad y los recursos para atender la creciente demanda energética del país. ¿Por qué habría de esperarse que los desmanes y las corruptelas que se perpetraron en el sector eléctrico estadunidense no se repetirán aquí? ¿Por qué habría que confiar en las dudosas capacidades de quienes sólo buscan el expolio de las mayorías y no tienen el menor interés en el desarrollo nacional?

Por otro lado, conviene reflexionar sobre el grave riesgo que se corre al confiar en quienes mantienen a ultranza la idea de que sólo las elites del poder financiero -pues no son otros quienes propugnan la privatización de la electricidad y el petróleo mexicanos- pueden conducir los destinos de las naciones. En Argentina, por citar un doloroso y cercano ejemplo, el FMI y los especuladores extranjeros, de la mano de administraciones corruptas y negligentes, primero sumieron a la sociedad en una crisis sin precedentes y ahora se proclaman alevosamente los únicos posibles salvadores del país que ellos mismos saquearon. La ofensiva y ominosa sugerencia que formuló ayer Rudiger Dornsbuch, uno de los principales teóricos del neoliberalismo, de que sólo tras el establecimiento de una dictadura militar podrán los organismos financieros internacionales favorecer con créditos a Argentina, debería ser tomada como una llamada de alerta para prevenir que en nuestro país se repitan los acontecimientos que nublan hoy el porvenir de esa nación hermana.

En el caso de México, ¿por qué ha de entregarse una industria con tanto significado histórico y trascendencia futura a quienes sólo buscan -allí están los casos estadunidense y argentino- el lucro personal y el beneficio de intereses sin patria? Si prosperase la entrega del sector eléctrico nacional a los saqueadores internacionales, ¿habría que esperar también, Dornsbuch dixit, la llegada de un régimen totalitario que consumara la rendición del patrimonio de México?