Suspenden al director Luján Ortega para que responda acusaciones de tortura

Investiga la PGJE presuntas irregularidades cometidas en la Policía Judicial de Yucatán

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 7 de julio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició pesquisas en torno a supuestas irregularidades ocurridas en la Policía Judicial yucateca, cuyo subdirector, Prisciliano Luján Ortega, fue suspendido durante 15 días para que responda por acusaciones de tortura.

Además, la PGJE investiga a las autoridades del penal de Mérida, luego que se denunció al director Francisco Brito Herrera, por incumplir recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a las condiciones del reclusorio, y por presuntamente brindar "protección" a reos que considera "influyentes".

El procurador estatal Miguel Angel Díaz Herrera dio a conocer que la PGJE abrió expedientes relativos a anomalías en la Policía Judicial y el reclusorio capitalino, con el propósito de deslindar responsabilidades. El funcionario aclaró que "no hay culpables todavía, ni se fabricarán chivos expiatorios".

En tanto, Francisco Brito Herrera, único funcionario del anterior gobierno estatal de extracción priísta que mantiene su cargo dentro de la actual administración emanada del PAN, enfrenta cargos por incumplir recomendaciones de la CNDH, brindar trato privilegiado a un grupo de internos y maltratar a reclusos enfermos de sida.

Además, se le acusa de despojar de terrenos al Albergue Oasis de San Juan de Dios, institución que da servicio a personas infectadas con sida.

Recientemente, organismos defensores de los derechos humanos implicaron a Brito Herrera en la fuga del reo César Rodríguez Lara, sentenciado a 18 años de prisión, por asesinar en 1998 a un campesino para hacerlo pasar por él y así cobrar una fuerte suma de dinero a compañías aseguradoras.

De igual manera, familiares de reclusos acusaron al director del penal de dar tratos especiales, entre otros presos, al interno Armando Medina Millet, quien en 1995 supuestamente dio muerte a su esposa, Flora Ileana Abraham, integrante de una familia de origen libanés, económicamente poderosa.