La Comisión de Fiscalización analizará las vías para proseguir con la investigación

El IFE solicita información a la PGR sobre el presunto desvío de fondos de Pemex al PRI

Estudia propuesta para recurrir al "superior jerárquico" de Gil Díaz y obtener lo requerido

ALONSO URRUTIA

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) envió nuevos oficios a la Procuraduría General de la República para obtener información relativa a las investigaciones que realiza esa dependencia sobre el presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial del PRI en 2000.

Asimismo se insistió ante el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que coadyuve en el esclarecimiento de la posible triangulación de recursos públicos a favor del PRI. Ambos planteamientos forman parte de la estrategia que ha diseñado el IFE para profundizar en las investigaciones sobre el financiamiento ilícito de la campaña de Francisco Labastida.

Sin embargo, será mañana cuando la Comisión de Fiscalización se reú- na para definir los pasos a seguir ante los nuevos escenarios surgidos la semana pasada, entre ellos la exoneración que hiciera el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, sobre la responsabilidad en que habría incurrido Jonhatan Davis, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al no entregar la información relativa al PRI y el impacto que la propia negativa tiene en las investigaciones.

Gil Díaz expuso en su respuesta dirigida al secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche, los criterios utilizados por el gobierno federal para negar la información. El alegato del secretario se sustenta en la propia argumentación ofrecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no podría considerarse como incumplimiento de sentencia, toda vez que para que eso ocurra es preciso que involucre directamente al PRI y al sindicato petrolero.

Así, en el caso de la llamada Operación Crudo, la CNBV se ampara en el vacío legal que prevalece en torno a la aplicación del secreto bancario para asuntos electorales, hasta en tanto no haya jurisprudencia. El organismo financiero reivindica una de las partes de la sentencia del TEPJF cuando rechazó la procedencia del recurso interpuesto por el IFE de no ejecución de la sentencia en el caso del presunto desvío de los fondos de Pemex.

Los argumentos jurídicos

La parte de la ponencia presentada por el magistrado Leonel Castillo y aprobada por unanimidad por el TEPJF, en la que se basa la CNBV para negar la información, se refiere por un lado a que "contrariamente a lo pretendido por dicho instituto, no es posible considerar que, con la referencia negativa de la comisión, se haya incumplido la ejecutoria pronunciada en el recurso de apelación y que se haya pasado por alto la cosa juzgada derivada de la firmeza y definitividad de tal ejecutoria, ya que, para estimarlo así, se requeriría que la negativa de la información tuviera clara relación con el caso concreto y específico materia de juzgamiento, de modo que existiera identidad en los sujetos, en el objeto y en las causas. Pero en el caso no existe tal identidad", es decir, no se alude directamente al PRI y al sindicato petrolero.

Por otro lado, la CNBV ha advertido que no entregará la información porque no está obligada legalmente a hacerlo, a pesar de la recomendación que el propio TEPJF le hiciera de tomar en cuenta el criterio utilizado para el caso de Amigos de Fox, en el que el máximo tribunal en materia electoral había considerado que en lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos no opera el secreto bancario, pues el IFE tiene facultades hacendarias.

Sin embargo, la CNBV ha optado por ampararse en el vacío legal existente, que se deriva del hecho de que aún no existe jurisprudencia en la materia. Es decir, el antecedente de Amigos de Fox, si bien es un precedente legal, es insuficiente, pues no la obliga a entregar esa información hasta en tanto no haya jurisprudencia, misma que se obtendría cuando existan tres sentencias de casos diferentes en el mismo sentido.

Paralelamente el PRI envió un oficio al IFE autorizando la apertura de las cuentas de la campaña presidencial de 2000, lo que, según algunas interpretaciones legales, tampoco es suficiente para lograr la apertura total de la información respecto al presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presiencial priísta. Faltaría la autorización de los involucrados directamente en la emisión de cheques por parte del PRI y, de igual modo, el aval del sindicato petrolero para investigar los manejos financieros.

La Comisión de Fiscalización deberá analizar este martes la propuesta presentada por el Partido de la Revolución Democrática -cuya queja dio origen a las investigaciones sobre las finanzas del PRI-, en el sentido de apelar al artículo 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para recurrir al "superior jerárquico" de Gil Díaz y obtener la información requerida.

El planteamiento del PRD aceleraría el proceso en el que la incertidumbre jurídica ampararía la no entrega de información, pues solicitó que en caso de que la Presidencia de la República no hiciera lo propio se declarara infundada la resolución con el objeto de interponer un recurso ante el TEPJF que finalmente obligue a la CNBV a proporcionar todos los documentos que se le soliciten.

Korrodi y Amigos de Fox

En contraste, el caso de Amigos de Fox, en el cual la Comisión de Fiscalización tenía certeza de que avanzaría de manera fluida si se allegaba información, sufrió un vuelco un día después de que, por fin, la CNBV comenzó a entregar los primeros documentos: la suspensión provisional concedida por la juez primera de distrito en materia administrativa, María Ruiz Rodríguez, a Lino Korrodi, principal involucrado en las operaciones de financiamiento presuntamente ilegal de la campaña de Vicente Fox.

También en este caso Gil Díaz consideró que la postura de la CNBV en el sentido de no entregar la información de forma inmediata hasta no tener certeza de los alcances de la sentencia sobre el caso de Amigos de Fox era válida y, por tanto, no lo hacía acreedor a sanción alguna.

Con la información que le entregó la CNBV antes de que la suspensión concedida a Korrodi interrumpiera de nueva cuenta este proceso, el IFE deberá continuar con las indagatorias, hasta en tanto no se resuelva en definitiva el amparo solicitado por el empresario.