Emilio Pradilla Cobos
Despliegue verbal
La realización del plebiscito sobre la construcción del segundo piso de Periférico y Viaducto, solicitado por el número de personas que exige la Ley de Participación Ciudadana y convocado por el jefe de Gobierno, ha dado lugar a un despliegue verbal del gobernante local que combina algunos planteamientos justos, y otros muchos injustificados.
Esta megaobra, mal sustentada, carente de proyecto, sin soporte en un ejercicio serio de planeación urbana, costosa e inconveniente para la ciudad, ya ha costado muy caro a los contribuyentes sin que se haya puesto la "primera piedra"; el plebiscito elevará este costo. Pero la responsabilidad no recae en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), sino en los errores previos del gobierno local. Si el jefe de Gobierno hubiera consultado a los vecinos, a las organizaciones sociales, a los especialistas, a sus funcionarios y a los militantes de su partido antes de tomar la decisión, ya habría suspendido el proyecto, hubiéramos olvidado esta contradictoria ocurrencia y el plebiscito no sería necesario.
El costo del plebiscito es muy alto, como ocurre con todo acto democrático formal en una época en que la gente exige información suficiente antes de decidir y los medios que pueden transmitirla funcionan como monopolios mercantiles. Lo que no es válido es que para ahorrar se elimine la publicidad (la transmisión de la información, diríamos) como pide el jefe de Gobierno (La Jornada, 30-06-02), pues ello llevaría a una consulta pública en la que los ciudadanos votarían sobre cosas que no conocen porque no se les informó, o a partir de simpatías personales; esto sería hacer del plebiscito una caricatura similar a las consultas telefónicas diarias de las grandes televisoras. Para el plebiscito, los ciudadanos exigimos información suficiente, veraz y accesible a todos los que participaremos en él.
Durante décadas los mexicanos democráticos y de izquierda, incluido el jefe de Gobierno, lucharon por demoler el viejo régimen autoritario y alcanzar la democracia plena. La democracia tiene costos de todo tipo, incluidos los económicos, quizás los menores, que la sociedad tiene que pagar. Es cierto que el sistema electoral construido por los legisladores es excesivamente costoso, incluye mucho desperdicio y aún permite que se filtren la simulación y la corrupción; pero ello no es responsabilidad directa e inmediata de los órganos electorales, por cuya autonomía del Poder Ejecutivo se luchó durante años. No es el Ejecutivo local el que puede juzgar al IEDF, sino los órganos legislativos y de contraloría mandatados por la ley; no debemos volver al viejo sistema de control estatal de los procesos electorales. En este contexto, la sugerencia de cerrar el IEDF en años no electorales, cancelando las demás actividades que debe desarrollar, es reducir la democracia política a un simple acto de votación y elección de sujetos (legisladores o gobernantes), que de allí en adelante tienen licencia para actuar sin control. Podríamos afirmar que los órganos electorales deberían invertir más tiempo, dinero y esfuerzo en promover y apoyar los múltiples esfuerzos necesarios para la ciudadanización, el empoderamiento de los ciudadanos.
Es necesario un esfuerzo mayor de transparencia, eficiencia y eficacia, eliminar dispendios en los procesos electorales, así como regular y disminuir el gasto de los partidos políticos, sobre todo de los realmente inexistentes. Pero la sociedad no puede caer en esa austeridad que significa la destrucción, más o menos rápida, de las instituciones que garantizan el acceso de la población a sus derechos humanos, políticos y sociales, para convertirlos en una simple cuestión de "bondad, voluntad y honestidad" de los gobernantes. Esto sería regresar al pasado que queremos dejar atrás.
En todo caso, las propuestas hechas al IEDF deben seguir un canal distinto: una reforma política del Estado que incluya el perfeccionamiento de la legislación electoral elaborada por las instancias legislativas; hablar de ello a propósito del plebiscito sobre los segundos pisos es crear cortinas de humo, es verbalismo que no ayuda a ver claro a los ciudadanos sobre el problema que se debate: si se da prioridad en el gasto público al transporte individual por automóvil, o al transporte público colectivo; si se debe o no invertir una gran suma de dinero en segundos pisos viales, o en mejorar y ampliar el transporte colectivo, mejorar la vialidad existente, los hospitales y escuelas, los sistemas de agua y drenaje, y aun los reclusorios. ƑO se busca quitarle viabilidad al plebiscito y no realizarlo?
Seguiremos usando este modesto espacio periodístico para llamar a votar en el plebiscito contra el segundo piso en Periférico y Viaducto. Hacen falta muchos espacios informativos más para que la ciudadanía decida su voto con información suficiente, es decir, con libertad real.
