Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 6 de julio de 2002
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Política
Concede suspensión provisional al encargado de las finanzas de los Amigos de Fox

Frena juez intento por conocer los movimientos financieros de Korrodi

En la demanda de amparo promovida por Carlota Robinson se ordenó corregir inconsistencias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no podrá dar cumplimiento al fallo del TEPJF

CAROLINA GOMEZ Y GUSTAVO CASTILLO

El Instituto Federal Electoral (IFE) no podrá -al menos en los próximos meses- conocer los movimientos financieros realizados por medio de las cuentas bancarias de la empresa Alta Tecnología en Impresos, ligada al grupo Amigos de Fox, con las cuales presuntamente se recibió financiamiento del exterior para la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

Lo anterior, debido a que la juez primero de distrito en materia administrativa, María Ruiz Rodríguez, otorgó una suspensión provisional a Lino Korrodi, quien fue el encargado de las finanzas de esa organización y accionista mayoritario de la empresa Alta Tecnología en Impresos, en tanto que la juez séptima de distrito, María Díaz Barriga de Silva, determinó que la demanda de amparo promovida por Carlota Robinson (presunta operadora de las transferencias) tiene deficiencias y deben ser corregidas antes de decidir si le concede o no la suspensión provisional y se entra de lleno al juicio.

La suspensión provisional constituye la primera fase de un amparo y permite al demandante, en este caso Lino Korrodi y Carlota Robinson, no ser afectado por una decisión de autoridad, pero esto no significa que haya ganado el proceso.

En el caso de Korrodi, a este juicio aún le quedan pendientes tres etapas. La sentencia del juez de distrito puede ser recurrida hasta en dos ocasiones más ante los tribunales por la defensa del empresario, si le resulta desfavorable la decisión judicial, mientras que la autoridad sólo puede apelar el fallo una sola vez, si es que el beneficiado es el empresario.

La suspensión provisional implica que en tanto dure el proceso de juicio de amparo, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni el IFE tendrán acceso a los estados de cuenta para definir si hubo o no aportaciones financieras desde el extranjero a la campaña de Fox Quesada.

En lo que concierne a Carlota Robinson, otra de las principales integrantes de lo que fueron los Amigos de Fox y quien también solicitó un amparo, la juez Díaz Barriga de Silva determinó que su alegato presentaba "inconsistencias", por lo que pospuso su pronunciamiento judicial al respecto.

La solicitud de amparo de Carlota Robinson requiere correcciones, y una vez realizadas la impartidora de justicia tendrá que emitir su dictamen en un plazo de 24 horas.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación que fueron consultadas indicaron que en este momento la CNBV está imposibilitada para responder al IFE y así dar cumplimiento al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó la apertura del secreto bancario, para conocer las cuentas de Lino Korrodi y todas aquellas relacionadas con los Amigos de Fox.

La imposibilidad de que la CNBV entregue los estados de cuenta al IFE puede tardar varios meses, un año o más, ya que todo depende de la celeridad con que se interpongan los recursos y los tribunales resuelvan el caso.

Como se recordará, La Jornada publicó en mayo de 2000 los primeros indicios de que en la campaña de Vicente Fox se habían triangulado recursos provenientes del extranjero, luego de que el First National Bank denunciara a Juan Pablo Fox Quesada por el delito de fraude, y se diera a conocer que por la cuenta abierta en esa institución estadunidense habían pasado miles de dólares en distintos momentos, y que fueron transferidos a distintos destinos como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.

Luego, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció en la tribuna de la Cámara de Diputados que, por medio de la empresa Alta Tecnología en Impresos, Carlota Robinson había recibido dinero del extranjero, procedente de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y que los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi y de la asociación Amigos de Fox.

Sin embargo, la investigación de los recursos utilizados en la campaña de Vicente Fox comenzó a finales de 2001, cuando en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la viabilidad de las quejas presentadas por PRD y PRI.

Entre 2000 y 2001, en tres ocasiones el IFE requirió información a la Secretaría de Hacienda, pero ésta fue negada, con el argumento del secreto bancario.

Asimismo, en una larga sesión, los consejeros desecharon las propuestas de Pablo Gómez y Jaime Cárdenas para que se solicitara la información al propio Presidente de la República. Incluso se planteó que se interpusiera una controversia constitucional, pero esto fue rechazado por mayoría.

La representación del PRI no se conformó con la decisión asumida en el seno del Consejo General del IFE, y a mediados de agosto de 2001 presentó una apelación ante el TEPJF, el cual determinó que los recursos utilizados en la campaña de Fox Quesada debían ser auditados.

El pasado jueves, la magistrada electoral Alfonsina Navarro reconoció que no existe precedente jurídico de un amparo en contra de una resolución del TEPJF relacionada con las facultades del IFE para fiscalizar los gastos de campaña de los partidos políticos.

Comentó que si los juzgados primero y séptimo administrativos se declaran incompetentes, el asunto podría llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, como al caso de Korrodi ya se le dio entrada, el juicio se resolverá en los tribunales unitarios y colegiados del Poder Judicial de la Federación.

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