La Compañía Industrial Veracruzana intenta eludir pago de $12 millones
Nueve años han esperado 140 empleados textiles que la JFCA les haga válido un laudo
FABIOLA MARTINEZ
En 1993, trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA), fábrica textil ubicada en el corredor industrial de Orizaba, obtuvieron un laudo que les posibilitaba la reinstalación en su empleo o el pago de su liquidación y salarios caídos.
Sin embargo, a 11 años del inicio de este conflicto laboral, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no ha hecho valer el dictamen referido, que beneficiaría ahora a unos 140 obreros (de 400 despedidos al inicio del conflicto), ante la interminable lista de amparos que han interpuesto los dueños de la textilera, José Aja del Valle y Antonio del Valle Ruiz, integrantes de la familia propietaria del banco Bital.
En agosto de 1991 CIVSA, con sede en el municipio de Ciudad Mendoza, Veracruz, despidió a 56 trabajadores de manera injustificada. El Sindicato de Santa Rosa -como se conoce en la región a CIVSA- estalló una huelga por este motivo, pero fue rota 38 días después a fuerza de pistoleros y de unos 300 policías estatales enviados por el gobernador de la entidad, Dante Delgado.
Tres trabajadores fueron encarcelados y liberados mil 300 días después sin cargo alguno. Por este conflicto fueron despedidos más de 400 trabajadores, quienes de inmediato interpusieron demandas en la junta especial 6 de la JFCA.
Al paso del tiempo, un grupo de obreros -muchos con más de 40 años de antigüedad laboral- desistió; otros -engañados por sus asesores jurídicos- aceptaron una liquidación inferior a lo que por ley les correspondía y otros 25 ya fallecieron.
Pese a los laudos contra la empresa para cumplir con sus obligaciones legales y reparar el daño laboral, CIVSA se ha dedicado en los últimos años a interponer amparos y, ante la negativa de los jueces de aceptar esta solicitud, promueven una y otra vez revisiones de este recurso y diversas estrategias jurídicas para evadir el pago de unos 12 millones de pesos por salarios caídos de unos 140 trabajadores que siguen en lucha.
La primera dificultad que los trabajadores debieron enfrentar fue la división que sembró su asesor jurídico, Arturo Fernández Arras -el mismo que representó a los ex trabajadores de la extinta Ruta 100-, y hasta la fecha son prácticamente ignorados por la JFCA y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Poco valierin su caminata de Orizaba a la ciudad de México, los cientos de viajes a la capital, el interminable boteo para pedir la solidaridad de los habitantes de Veracruz e incluso la protesta de hace dos años en las instalaciones de la JFCA, donde se desnudaron para llamar la atención a un caso que ganaron desde hace más de nueve años y no ha habido autoridad que obligue a la empresa de Aja del Valle a saldar su adeudo.
El antecedente más cercano a este conflicto es el de Sosa Texcoco, cuyos trabajadores resistieron en huelga siete años. Ahora los de CIVSA han roto todas las estadísticas con más de 10 años de lucha.
Como reconocen, "el enemigo (Aja del Valle y Del Valle Ruiz) es bastante fuerte" para obreros como Felipe Castillo, Ignacio Olivares, Antonio García o Roberto García, con más de 40 años de antigüedad laboral y más de siete décadas de vida a cuestas.
Para liquidar a los obreros, la JFCA ordenó otra auditoría contable para calcular el monto de lo que debe pagar la empresa. Pasaron meses y, con nuevos asesores legales, esperan que antes de que concluya 2002, "ahora sí", se les haga justicia y obtengan su retribución por más de 30 años de trabajo, de lo contrario volverán a cooperar, cada uno, con cinco pesos a la semana hasta juntar otro pasaje para viajar a la ciudad de México y preguntar a la JFCA "si hay alguna novedad".
