Se crean dos servicios públicos, pero paralelos, y se modifican leyes secundarias

Energía preparó una ley para entregar fuentes de generación eléctrica al capital privado

Sólo áreas estratégicas quedarían reservadas al Estado, según el plan que verá el Congreso

ISRAEL RODRIGUEZ

La Secretaría de Energía (SE) elaboró la denominada Ley Reglamentaria del Servicio Público e Industria Eléctrica Mexicana, que probablemente sea la que el Ejecutivo presente en breve a la Comisión Permanente del Congreso, en la que prácticamente se crean dos servicios públicos, pero paralelos, modificando para ello las leyes secundarias con el propósito de eludir los preceptos constitucionales.

De acuerdo con el borrador de esta iniciativa, del cual La Jornada posee una copia, sólo quedarían áreas estratégicas reservadas al Estado como la generación de energía nucleoeléctrica, la transmisión, el control del sistema eléctrico nacional, y el despacho económico del sector eléctrico, es decir, su administración.

Así, se daría un paso previo para que fuentes de generación de energía, como las hidroeléctricas, la geotermia y otras renovables, pudieran ser operadas por la iniciativa privada.

El borrador del documento, con 111 artículos y cuatro transitorios, establece en su capítulo cuarto, artículo 27: "Los particulares podrán participar en las actividades de generación, conducción, transformación, abastecimiento, comercialización, distribución, importación de energía eléctrica que no tengan por objeto la prestación del servicio público".

En la ley preparada por la SE en su artículo 28 señala que se entenderá como usuario calificado a todo aquel que decida sustraerse del servicio público de energía eléctrica y reúna los requisitos técnicos, jurídicos y económicos que defina la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Asimismo, en caso de aprobarse esta ley, los particulares podrán hacer uso de la red del sistema eléctrico nacional, exclusivamente para la realización de la actividad para la cual obtuvieron el registro o permiso correspondiente, y siempre que ello no ponga en riesgo la prestación del servicio público ni se afecten derechos de terceros.

El uso de la red deberá sujetarse al pago de las tarifas por porteo que defina la CRE, mismas que deberán establecerse de manera uniforme bajo las mismas condiciones y criterios con los cuales se cobra el porteo en el servicio público.

Además, podrán generar energía eléctrica tanto los organismos prestadores del servicio público y otras empresas estatales, como los privados, siempre y cuando dicha generación se encuentre fuera del servicio público.

A este respecto, los especialistas consultados por este diario señalaron que en el fondo lo que se pretende es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) sean sólo las suministradoras de energía al sector residencial y a los pequeños comerciantes, mientras que la iniciativa privada se haga cargo del suministro para los grandes usuarios, creando dos servicios públicos paralelos, lo cual contravendría los preceptos constitucionales.

En el artículo 39 del documento de la Sener se estipula: "No se requerirá de permiso para la generación de energía eléctrica para autoconsumo que no exceda de 0.5 megavatios. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica..."

Bajo el esquema propuesto por la SE, la generación y comercialización serían abiertos a la participación privada. El despacho de energía estará a cargo de un operador independiente y la CRE sería la que establezca las reglas.

Según Energía, entre los beneficios de la reforma propuesta destacan: se propiciaría la inversión privada sin detrimento de la calidad del servicio; tendrían acceso a opciones alternativas cuando así convenga a sus intereses; se propiciaría un desarrollo más sustentable al elevar la eficiencia térmica y fomentar las energías renovables, y las empresas del Estado se transformarían en empresas internacionalmente competitivas, con mayores recursos para su modernización y podrían brindar un servicio de mejor calidad.

Asimismo, según la dependencia, la CFE podría reducir los costos asociados a la capacidad de reserva, así como sus gastos administrativos y financieros