Severo cerco durante la presidencia de Aznar en la UE

En seis meses se impidió el ingreso de unas diez mil personas a España

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 1o. de julio. Durante los seis meses de la presidencia española de la Unión Europea se activaron en los pasos fronterizos, sobre todo en los días en que se celebraron las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de Barcelona y Sevilla, unos dispositivos policiales que impidieron la entrada al país a alrededor de 10 mil personas, bajo el argumento de que estaba en riesgo la "seguridad nacional".

Esta práctica, contraria al espíritu de libre circulación con la que se gestó la unificación continental, motivó que dos abogadas presentaran hoy una querella contra la Policía Nacional de España por vulnerar derechos fundamentales.

El Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, detentó desde el 1Ɔ de enero hasta el pasado 30 de junio la presidencia del Consejo Europeo, cargo rotatorio que permite a los respectivos países organizar y liderar las reuniones periódicas de los máximos dirigentes europeos, y que Dinamarca asumió este lunes con el tema de la ampliación del bloque hacia el este como punto principal de su agenda.

Durante el primer semestre del año, el gobierno español movilizó a miles de policías para garantizar la "tranquilidad" de los debates, sobre todo a raíz de la irrupción del llamado movimiento antiglobalización en las protestas callejeras durante estos encuentros.

Sin embargo, la presidencia española de la UE fue más allá y decidió aplicar el artículo 2 del tratado de Schengen -que regula la libre circulación en la región- que contempla como medida de excepción que si hay "riesgo de la seguridad nacional" se limite el paso a las personas. En este periodo se impidió el paso a 10 mil personas, dos mil de ellas pertenecientes al movimiento de resistencia global, que según las autoridades tenían antecedentes violentos, si bien no se explicó por qué también se negó la entrada a dos diputados portugueses o a militantes pacifistas que por el sólo hecho de acudir a las protestas callejeras fueron rechazados en las fronteras.

Ante esta situación sin precedente en la UE, una abogada belga y otra española radicadas en Bélgica presentaron una querella criminal contra las autoridades policiales y gubernamentales por impedir la libre circulación de personas. Las juristas centran sus acusaciones en el jefe de la Policía Nacional, Juan Cotina, y en las autoridades civiles que dieron la orden de cerrar las fronteras, en este caso el ministerio del Interior, Mariano Rajoy, a quienes se les imputa un delito contra el libre ejercicio de los derechos fundamentales y otro de prevaricación.

Además de la querella, presentada en los juzgados de Girona (Cataluña) y que únicamente se refiere al bloqueo de las fronteras durante la Cumbre de Barcelona de marzo pasado, se tramita un recurso presentado por más de cien personas que tampoco pudieron entrar, al denunciar que las autoridades españolas y francesas retuvieron en la frontera o, incluso antes de llegar a ella, a todas aquellas personas que viajaron en autobus para participar en las manifestaciones.

Elvira Posado, una de las abogadas de los procesos, explicó que la "supresión de los tratados de Schengen de libre circulación" no justifica los "recortes de derechos llevados a cabo por el gobierno de Aznar", por lo que "estamos ante una medida gubernativa que no sólo recuerda a las épocas más gloriosas de la dictadura franquista de impedir a la gente la libre circulación y la manifestación, sino que hay en este momento un marco legal español que tipifica como delito estas conductas y se ha producido una violación de derechos fundamentales y una comisión de delitos por parte de quienes hayan sido los últimos responsables en la adopción de estas medidas".