Se adjudicó la obra a Pemopro, aunque no cumplía con las especificaciones técnicas

Irregular asignación del proyecto para modernizar la refinería Francisco I Madero

La contralora de Pemex Refinación lo informó días antes a Jaime Willars y a Arsenio Farell

ENRIQUE MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

En febrero de 1999, Pemex Refinación adjudicó el proyecto de reconfiguración y modernización de la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, a las empresas del consorcio Pemopro -Sunkyong Engeneering (SK), Triturados Basálticos (Tribasa) y Siemens-, a pesar de que no garantizaban el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones básicas en relación con las obras, que debieron concluir en marzo pasado.

Estas irregularidades fueron advertidas días antes de que Pemex Refinación diera a conocer que Pemopro había ganado la licitación.

Mediante el oficio 18/576/136/99, la contralora interna de Pemex Refinación, Mónica Barrera Rivera, informó directamente al entonces director de esta subsidiaria, Jaime Mario Willars Andrade, y al contralor federal, Arsenio Farell Cubillas, que las propuestas técnicas de cuatro de los cinco concursantes no cumplían las especificaciones técnicas establecidas en las bases de la convocatoria.

Advirtió que al firmar el contrato en esas condiciones no se cumpliría con la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Aun así, el contrato PRSPR-050/99AMX ''a mano alzada'' -que obliga a respetar el precio pactado y la terminación de la obra en un plazo fijo-, a favor de Pemopro, se firmó el primero de marzo de ese año.

La Jornada posee copia de las minutas de apertura de las propuestas técnicas de todos los concursantes; de la minuta de trabajo de evaluación de las propuestas técnicas, donde se da cuenta de las ''observaciones'' detectadas a cada uno de los consorcios; de la ''opinión jurídica'' con la que la Unidad Jurídica de Pemex Refinación justificó que las inconsistencias de las propuestas no eran motivo de descalificación, así como de los oficios de Barrera Rivera y del fallo de la licitación.

Estos documentos forman parte del expediente de la investigación que sobre este caso lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

La investigación administrativa refiere que el organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos no respetó las normas jurídicas, pues también firmó un contrato de ''precios unitarios'', que automáticamente representó un costo adicional del proyecto, debido a que se trató de un convenio por trabajos fuera de la licitación original.

Situación similar a la denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los ilícitos detectados en la refinería de Cadereyta, mediante el oficio de la Secodam número 1103/3160, en contra de Jaime Mario Willars Andrade, de Máximo Téllez Rosas, ex gerente de Proyectos I; de Roberto Aguilar Sierra, ex contralor interno, y de Miguel Eduardo Rivera Nava, ex gerente de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo de la Contraloría Interna de Pemex Refinación.

El fallo a favor de Pemopro, autorizado -según los documentos en los que aparece su firma- por Willars Andrade, le costará a la paraestatal 440 millones de dólares adicionales al presupuesto original de mil 198 millones, por el retraso en la conclusión de la obra, que debió entregarse en marzo pasado, como se estableció en el contrato.

Promesas

La reconfiguración de la refinería Francisco I. Madero fue uno de los proyectos más ambiciosos en materia energética de la administración de Ernesto Zedillo, y también una de las obras que más interés empresarial despertaron.

Según Adrián Lajous Vargas, director de Pemex en 1999, ''de no haberse tomado la decisión de invertir en la refinería de Ciudad Madero, este centro industrial hubiera tenido que cerrarse'', y reveló durante una gira de trabajo por Tamaulipas, que ''después de analizar a fondo la situación con Pemex Refinación y el sindicato petrolero, se determinó destinar recursos para su reconfiguración, en lugar de construir nuevas instalaciones en otros sitios''.

Declaró que la refinería de Madero procesaría, cuando las obras estuvieran terminadas, 112 mil barriles diarios adicionales de crudo y se incrementaría la producción de gasolinas en 30 mil barriles por día; la de destilados intermedios en 10 mil barriles diarios; la oferta de combustóleo en 28 mil barriles cada día, y se generarían ''cerca de 2 mil toneladas diarias de coque'', el residuo del petróleo del que tras el proceso de refinación todavía se puede extraer más combustible.

Hasta ahora, según información recabada, la producción de combustibles a la que se comprometió Pemex está detenida en Madero, y las instalaciones tienen fallas y muchas de las estructuras no corresponden al proyecto original.

Por ejemplo, en el reporte semanal de Pemex Refinación del 17 al 23 de marzo de 2001 -del cual se posee copia-, la Gerencia de Proyectos I reportó que 185 de los trabajos de Pemopro ''requieren reparaciones factibles, adecuaciones en los procedimientos, mejoramiento de los sistemas de control, registro, inspección y pruebas, sustitución de algunos materiales, y algunas aclaraciones técnicas''.

La historia de la asignación va más allá. Según versiones de personas cercanas al caso -que pidieron se reservara su nombre-, la entrega del contrato a Pemopro se hizo con la mediación del empresario Jaime Camil Garza, uno de los más influyentes asesores de Siemens México.

Camil Garza fue uno de los empresarios más cercanos al ex presidente Ernesto Zedillo, a quien recibía en su residencia de Las Brisas, en Acapulco, y acompañaba a bucear en las aguas del Pacífico los fines de semana.

Estos detalles, supuestamente, también los conoce el secretario Francisco Barrio, desde enero de 2001.

El camino de las licitaciones

Según el expediente que del caso maneja la Secodam, en las propuestas técnicas para el proyecto Madero se descubrió que el consorcio integrado por Snamprogetti e ICA-Fluor Daniel tuvo ocho observaciones que la imposibilitaban para adjudicarle la obra; a SK-Tribasa-Siemens se le detectaron seis observaciones; a Chiyoda-Samsung, seis, y a Hyundai-Mecánica de la Peña, una.

En la minuta de trabajo del primero de febrero de 1999, levantada en la sala de juntas de la ex refinería de Azcapotzalco, se señala que en el caso de Bufete Industrial, ''los diferentes análisis desarrollados por grupos valuadores coinciden en que (su) oferta no presenta desviaciones relevantes, dado que, en términos generales, se ajustó estrictamente a las especificaciones, lineamientos y formatos de las bases de licitación''.

Sin embargo, el contrato fue asignado a SK-Tribasa-Siemens, a pesar de que la Secodam establece que el cumplimiento de las bases de licitación ''es indispensable para adjudicar el contrato respectivo'' y que ''sus reglas o cláusulas deben cumplirse estrictamente, de manera que su violación o modificación después de la presentación de las ofertas implicaría una violación al contrato que se llegue a firmar''.

Aun así, el proceso de adjudicación continuó su trámite y para evadir esas reglas, el 3 de febrero de 1999 la Unidad Jurídica de Pemex Refinación emitió una opinión jurídica, detallada en el oficio UJ/PR-033/99, firmado por el coordinador del área, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, en la que se desestimaron las insuficiencias y las anomalías de los cuatro consorcios con observaciones.

Ese mismo ''dictamen técnico'' para avalar la viabilidad de los cuatro proyectos, no está firmado por ninguno de los funcionarios que tenían la responsabilidad de suscribirlo.

El funcionario, por ejemplo, estableció que no constituía ''motivo de descalificación'' que SK no presentara en su propuesta la compra de una bomba de corte/motor, aun cuando ''este equipo está contemplado en el apartado de equipo crítico mayor de las bases del concurso''.

Esas mismas consideraciones fueron tomadas en cuenta para favorecer a las otras empresas concursantes. Es decir, todos los participantes en la licitación, según el acta del 4 de febrero de 1999, fueron ''aceptadas técnicamente'' y se procedió a la apertura de las propuestas económicas.

El documento de aceptación fue firmado por José Luis Calderón Vázquez, funcionario de la Unidad de Concursos, Contratos y Precios Unitarios de Pemex; Joaquín Martínez Yannini y Jorge González Rodríguez, de la Contraloría Interna en Pemex Refinación; Luis Ricardo Bouchot Guerrero y Oscar G. Cervantes Cisneros, de la Unidad Jurídica; Oscar Bonfiglio Díaz, de la Gerencia de Proyectos I, y Jaime Solano Soto, representante de CICATA-IPN, organismo que tuvo a su cargo la evaluación técnica.

Las propuestas económicas fueron las siguientes:

Bufete Industrial, mil 289 millones 927 mil dólares; Snamprogetti-ICA-Fluor Daniel, mil 425 millones 874 mil; SK-Tribasa-Siemens, mil 198 millones; Chiyoda-Samsung, mil 337, y Hyundai-Mecánica de la Peña, mil 345 millones 684 mil dólares.

Seis días después, la contralora Mónica Barrera envió el oficio 18/576/0129/99, dirigido a Farell Cubillas, así como al subsecretario de la Contraloría, Mario López Araiza Orozco; a Antonio Schleske Farah, jefe de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal; Eduardo Vergara Cabrera, subdirector de Proyectos de Pemex Refinación, y a Juan Manuel Figueroa Estrada, director del CICATA-IPN.

En ese documento advirtió que dos de las cláusulas del proyecto de contrato, en las que la Unidad Jurídica justificó el incumplimiento de las bases de licitación, si bien eran de ''gran utilidad para la defensa de los intereses'' del organismo, no sustituían a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y por tanto no podían dejar sin efecto ''la evaluación técnica'' que Pemex debió respetar.

Además, recomendó que la dirección de Pemex Refinación analizara ''la sustentación'' de los informes realizados por el auditor técnico respecto de la duración de los proyectos, y de la estimación de los precios de la obra, porque podrían ''impactar en costos financieros adicionales, anticipos ocultos o desfasamientos de los avances físico-financieros de proyectos a concluirse en el siguiente milenio''.

Pemex ''a su tiempo, va a pagar'', sentenció la contralora, quien renunció a su cargo el 12 de febrero de 1999, tras haber notificado de las irregularidades a Arsenio Farell y negarse a avalar el ''dictamen técnico'' que elaboró la Unidad Jurídica para justificar que las irregularidades en las ofertas no eran motivo de descalificación.