Habría recibido 500 millones para la campaña de Labastida

Según sus cifras, el tricolor sólo registró $40 millones procedentes de Pemex

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

De los mil 480 millones de pesos que se desviaron de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero en 2000, de los cuales 500 millones se emplearon en la campaña de Francisco Labastida Ochoa, sólo unos 40 millones de pesos habrían quedado registrados en la contabilidad oficial del Partido Revolucionario Institucional, revelaron mandos priístas.

La información documental sobre el monto exacto de lo registrado oficialmente es recabada por la Secretaría de Finanzas a fin de que las autoridades que investigan el Pemexgate -Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) e Instituto Federal Electoral (IFE)- determinen las sanciones administrativas a las que el PRI sea acreedor antes de las elecciones federales de 2003, indicaron los informantes.

En tanto, trascendió que la Fepade interrogó a María Elena Aguilar Zamora, esposa de Andrés Heredia Jiménez, uno de los tres testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Operación Crudo, para que ratificara las declaraciones que hizo el 22 de febrero, en las que acusó a directivos priístas de presuntos manejos de dinero proveniente del sindicato petrolero, durante la campaña de Labastida.

Asimismo, la PGR detectó que Alonso Veraza, otro de sus testigos protegidos, trabajó en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación con Marco Zazueta Félix, quien hoy es su abogado. Zazueta llevó a Veraza al PRI, cuando asumió la Subsecretaría de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y la representación del partido ante el IFE.

La Operación Crudo

El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció ante la PGR que el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y otros ex funcionarios de la paraestatal habían desviado mil 100 millones de pesos al sindicato petrolero, y que éstos podrían haber sido utilizados en la campaña presidencial de Labastida.

Para el 11 de diciembre, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) tenía datos precisos de la transferencia de recursos que, desde la cuenta que el sindicato petrolero tenía en Banorte, se habían entregado -mediante el cobro en efectivo de 14 cheques- a Andrés Heredia, Joel Hortiales, Elpidio López, Antonio Cázares y al senador priísta Ricardo Aldana Prieto, este último secretario tesorero de la organización petrolera.

El 19 de enero de este año, La Jornada publicó en exclusiva el avance de las investigaciones de la PGR, y que dos de los tres ex empleados del PRI sometidos a un arraigo domiciliario de 90 días, ya se habían acogido al programa de testigos protegidos. Para el 20 de enero, la dependencia que encabeza Francisco Barrio confirmó la información de este diario.

Las investigaciones periodísticas descubrieron, entre los meses de enero y febrero, que 390 millones de pesos de los primeros mil 100 millones que se habían desviado de Pemex al sindicato petrolero, habían quedado en manos de los dirigentes, el diputado federal Carlos Romero Deschamps y el senador Aldana. Desde mediados de febrero, la UEDO citó a comparecer al ex director de Pemex, a los líderes del sindicato, así como a ex funcionarios de la paraestatal en calidad de indiciados. A excepción de Montemayor Seguy, quien entregó por escrito varios alegatos jurídicos, ninguno de los otros citados acudió a la diligencia ministerial.

Fue hasta el 6 de mayo de este año, cuando el juzgado 13 de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Sur, libró seis órdenes de aprehensión por el delito de peculado y uso indebido del servicio público. Rogelio Montemayor fue declarado prófugo.

Los otros están en calidad de fugitivos y son buscados en 179 países. Entre ellos están: Carlos Juaristi Septién, ex director corporativo de administración; Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas, y Julio Pindter, ex director de Recursos Humanos de la paraestatal.

Hasta el momento, en la UEDO sigue en curso una averiguación previa en contra de los líderes petroleros, de los ex funcionarios de Pemex y de ex colaboradores de la campaña de Labastida, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Asimismo, la Fepade trabaja en la integración de otra averiguación previa, sobre posibles delitos electorales.