CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

El teatro de la CNDH

EN EL informe dado a conocer ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles capitalinas, parece que algo anda torcido o cuando menos existió una intencionalidad sin confesar por parte de las autoridades del organismo, que pretende golpear al gobierno citadino.

LA SOSPECHA viene a cuento porque en la CNDH se sabía desde hace buen rato que las autoridades del Distrito Federal se habían comprometido a trabajar de manera exhaustiva para responder, con programas y proyectos realizables, a la problemática de los reclusorios en la ciudad de México.

DESDE HACE casi un par de meses la Subsecretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otros organismos, empezaron a buscar las soluciones al problema que plantea la reclusión de delincuentes en la capital.

PARA ESTO se crearon cuatro mesas de trabajo en las que autoridades, especialistas y políticos de la ciudad analizaron el diagnóstico ya conocido de la situación en las cárceles, que no difiere en nada del que presentó la CNDH.

ERA DEL conocimiento general lo que sucede en los reclusorios: tráfico de drogas, de influencias, impunidad, corrupción y todos los males que señala el organismo nacional. Entonces lo importante es, aún hoy, encontrar la cura.

Y ESA es la diferencia. Para las autoridades del DF es necesario ir más allá de la denuncia y el señalamiento, pero poner fin a los males carcelarios es más difícil que mandar a un visitador y luego redactar un informe que caiga en las manos de la prensa y haga suponer a la opinión pública el abandono o la ineficiencia del gobierno.

EN UN mes, más o menos, la CDHDF, el Gobierno del DF y la Asamblea Legislativa deberían anunciar el proyecto de cambio estructural en las formas de gobierno de los reclusorios de la ciudad.

EL PROYECTO no se había dado a conocer porque entre las autoridades participantes se hizo el trato de realizar los trabajos con el sigilo que amerita una decisión que seguramente afectará muchos intereses dentro de las cárceles.

PERO ESTA vez, como en muchas otras, el silencio impuesto por el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, a todos los participantes, fue en su contra, porque ha creado la duda del quehacer de las autoridades respecto del caos penitenciario.

Y ESE silencio aparentemente fue aprovechado por la CNDH, que según los malpensados trata también de apoyar la tesis del gobierno federal de privatizar el sistema carcelario nacional.

HACER UN escándalo de los problemas de los reclusorios en la ciudad de México, que no son diferentes a las condiciones en que se hallan los de las demás entidades del país, daría como resultado el pretexto buscado para lanzar, en serio, la propuesta de poner en manos de la IP las cárceles, dado el supuesto de la ineficiencia del gobierno.

SOLO DE esta forma podríamos explicarnos por qué la CNDH no ha actuado con respecto a las muchas denuncias en contra de otros penales, como el de La Palma, Barrientos, o los de máxima seguridad.

ASI LAS cosas, la respuesta de las autoridades citadinas involucradas en el asunto deberá ser contundente y tendrá que explicar cuál debe ser la responsabilidad gubernamental para este tipo de problemas. Así tal vez se le caiga el teatrito a la CNDH. Ya veremos.

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