Se han perdido 180 mil 505 millones de dólares
El escándalo de WorldCom, amenaza política
para Bush
Reaviva debate sobre supervisión a grandes corporativos
VICTOR CARDOSO, ROBERTO GONZALEZ JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Y AGENCIAS
La manipulación de estados contables en WorldCom,
que colocó a la segunda empresa de telecomunicaciones de Estados
Unidos al borde de la bancarrota, comenzó a convertirse en un terremoto
político que amenaza con afectar al presidente George W. Bush y
a otros destacados miembros del Partido Republicano, en momentos en que
la Casa Blanca comenzaba a distanciarse de responsabilidades en la quiebra
de Enron.
Entre
tanto, el derrumbe de WorldCom ha representado la pérdida de 180
mil 505 millones de dólares a los inversionistas que confiaron en
esa empresa de telecomunicaciones, una vez que sus títulos valen
actualmente 0.27 por ciento del precio que alcanzaron en junio de 1999,
cuando se encontraba en la cumbre de su expansión.
Las acciones de la empresa, que hace tres años
cotizaban en 64.50 dólares, el miércoles pasado se negociaban
en 83 centavos de dólar antes de iniciar las operaciones bursátiles,
a las que finalmente ya no ingresaron al quedar suspendidas por la Comisión
de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
Así, el precio de mercado de todos los títulos
de la segunda compañía telefónica de Estados Unidos
con 24 millones de usuarios, que llegó a alcanzar 181 mil millones
de dólares en junio de 1999 (alrededor de tres veces el que tuvo
Enron en su mejor momento), ahora es de 495 millones de dólares:
un desplome de 99.93 por ciento en su cotización.
Además del costo económico del desplome
en el valor de las acciones de WorldCom, la manipulación contable
resucitó el debate sobre la supervisión a los grandes corporativos
y la falta de decisión del gobierno para proteger los derechos de
los accionistas, entre los que se encuentran los fondos de pensiones de
millones de trabajadores.
El presidente Bush, y sus aliados republicanos en el Congreso,
fueron acusados de debilidad a la hora de denunciar las manipulaciones
contables, y de exigir a los ejecutivos de las compañías
que cumplan sus obligaciones con los accionistas.
El líder de la mayoría en el Senado, Thomas
Daschle, demócrata, dijo que ese cuerpo legislativo pretende presentar
un proyecto de ley para reforzar la supervisión a los grandes corporativos.
En este contexto, Tom Davis, presidente del Comité de Campaña
en la Cámara de Representantes, buscó distanciar a Bush y
a los republicanos del escándalo. "No hay nada por lo cual atar
a la administración o al Partido Republicano con esto", declaró.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Paul O'Neill, hizo ver la necesidad de "enjuiciar a esta gente con todo
el peso de la ley", y en algunos casos reforzar la legislación,
para evitar que se repitan casos como el de WorldCom.
En declaraciones a la cadena de televisión ABC
dijo: "Queremos que la ley y la regulación del sector sea lo suficientemente
fuerte como para que, en casos como este, la Comisión del Mercado
de Valores pudiera congelar cuentas y bienes".
Y mientras la SEC presentó una acusación
formal por fraude contra el consorcio ante un tribunal federal de Nueva
York, un comité de la Cámara de Representantes citó
ayer a declarar a tres ejecutivos y un analista de Wall Street.
En tanto, en ese centro financiero se afirmaba que las
negociaciones de WorldCom con sus bancos para renegociar un crédito
por 5 mil millones de dólares -que sacarían a la compañía
de su aprieto- habrían llegado a un punto muerto.
Utilidad política
Cuando faltan cuatro meses para las elecciones legislativas
en Estados Unidos, los demócratas han visto la oportunidad de denunciar
la connivencia de los republicanos con los círculos de negocios
y la política de desregulación que alentaron en el Congreso,
lo que creó, afirman, un clima propicio para el surgimiento de estos
escándalos en serie.
"Los hechos son los hechos. Les mostraremos lo que dijeron,
les mostraremos lo que hicieron y les mostraremos el resultado. Así,
la gente podrá sacar sus propias conclusiones", declaró Richard
Gephardt, representante demócrata.
Al igual que con el escándalo del gigante energético
Enron, en el que varios altos ejecutivos de la compañía forman
ahora parte del gabinete de Bush, la debacle de WorldCom ha irrumpido en
los círculos políticos al trascender que la telefónica
es una importante donante de fondos para los partidos políticos.
Así como Enron donó 1.75 millones de dólares
a la campaña presidencial de Bush, el Center Ford Responsive Politics
divulgó que, desde 1997, WorldCom aportó 4 millones de dólares
a políticos, de los que 60 por ciento fueron entregados a miembros
del Partido Republicano.
Se inicia el recuento de los daños
Citigroup, que sostiene una sociedad en la telefónica
mexicana Avantel con WorldCom, estimó un impacto de unos 500 millones
de dólares "relativamente modesto" en sus finanzas, distribuidos
entre sus filiales de compañías de seguros y banca corporativa.
El director general de finanzas de Citigroup, Todd Thomson,
explicó que aun se está evaluando el grado de afectación
provocado por el derrumbe de WorldCom.
En México, mientras tanto, el futuro de su principal
inversión, el 49 por ciento de Avantel, se mantiene incierto, toda
vez que esta debe liquidar un adeudo de 225 millones de dólares
de un préstamo sindicado de bancos encabezados por ABN-AMRO Bank,
Deutsche Bank y el Export Development Corporation de Canadá. Además,
Avantel tiene un endeudamiento por 265 millones de dólares de un
crédito facilitado por sus dos principales accionistas, WorldCom
y Citigroup.
Antes del escándalo, los analistas ya consideraban
que tanto WorldCom como Citigroup, los dos socios de Avantel, parecían
estar poco dispuestos a seguir capitalizando a la telefónica mexicana
para atender los adeudos contraídos.
Pero además, la situación para Avantel,
la segunda empresa más importante en el mercado de telecomunicaciones
en México, puede complicarse aún más: si el futuro
de la participación de WorldCom se encuentra en entredicho, también
en el aire se mantiene la propiedad de Citigroup, la cual sería
violatoria de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que limita la participación
de inversiones extranjeras en empresas de telefonía a no más
del 49 por ciento.
Tal como están las cosas, en la práctica
Avantel es una empresa ciento por ciento de capital extranjero, en tanto
los socios y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras no
definan si la participación será en la modalidad de inversión
neutra, directa o se busca una nueva estructura de capital.