Silvia Gómez Tagle
Reformas electorales e intereses políticos
Hubo tiempos en que la lucha ciudadana para conquistar espacios democráticos coincidía con los partidos que, estando fuera del poder, pugnaban por transformar el sistema electoral mexicano que entonces favorecía la permanencia en el poder de un solo partido hegemónico, el PRI. Entonces el PAN y el PRD encontraron puntos de coincidencia en esa lucha por una democracia política capaz de garantizar el sufragio y la pluralidad partidaria. Así se llegó a formular el proyecto de reforma electoral de 1996, que finalmente fue aprobado con el consenso de todos los partidos, incluyendo al Revolucionario Institucional.
Hoy el escenario es muy diferente, ya no hay partido hegemónico, el que postuló al hoy Presidente no gobierna en la mayor parte de las entidades de la República y no tiene mayoría absoluta en el Congreso; asimismo en muchas entidades el partido que tiene el gobierno no tiene mayoría en el congreso local, de tal suerte que la lógica de las reformas electorales cruzan puntos de vista muy diversos, como ha quedado en evidencia en la discusión del pasado miércoles 27 de junio respecto a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.
Mientras el PRD ha insistido en convocar a un periodo extraordinario con el fin de que las reformas al Cofipe entren en vigor para las elecciones legislativas de 2003, el PRI, el PAN y el PVEM rechazaron la propuesta. El tema que ha producido mayor discordia ha sido el financiamiento a las campañas de los partidos para el próximo año, dado que tal como está la ley ascenderá a 5 mil millones de pesos, cifra exageradamente elevada tratándose de una elección que sólo es para diputados y porque en 2000 se gastaron 3 mil 500 millones para elegir presidente, senadores y diputados.
El PRI ha opuesto más resistencia para evitar que se reduzca el financiamiento, mientras el PAN condicionó su voto a lograr un acuerdo en el tema de la privatización de energéticos, en el cual hay discrepancias con el PRD y el PRI. Finalmente, en lo referente a la reforma política del Distrito Federal parece haber acuerdo entre el PRD y el PAN, pero no con el PRI. En esta discusión la fracción perredista en el Senado, que encabeza Jesús Ortega, es la única que ha mantenido congruencia con una perspectiva más amplia de consolidación democrática en vez de privilegiar intereses de su partido en el corto plazo.
En el ámbito local hay varias entidades donde los gobernadores están proponiendo reformas electorales que, más allá del discurso político, tienen como fondo sus intereses particulares en el tema de "los calendarios electorales".
En San Luis Potosí, donde las elecciones locales coinciden en fecha con la federal, un gobernador priísta, con mayoría de su partido en el Congreso, pretende cambiar los comicios de gobernador, diputados locales y ayuntamientos con el pretexto de "poner al día nuestras instituciones democráticas"; para ello se pretende desplazar la fecha de la elección municipal al primer domingo de noviembre. Y para "rescatar el tiempo local" se busca cambiar la elección de gobernador y diputados locales al primer domingo de agosto con la intención de evitar que las elecciones locales se contaminen de la influencia de la elección federal. Además, al posponer la elección municipal, el gobernador, ya en ejercicio de su cargo, podría tener mayor influencia en los resultados. Pero este proyecto no tiene en cuenta que organizar tres elecciones, en vez de una sola, evidentemente aumenta el costo.
En cambio, en Jalisco, donde hay un gobernador panista con mayoría del mismo partido en el Congreso, la iniciativa de reforma electoral es a la inversa: se trata de unificar los calendarios electorales locales con la elección federal bajo el pretexto de "reducir el costo de las elecciones", tema que a nivel federal el PAN no ha considerado prioritario (ya que finalmente no aprobó la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones en el que sería decidido el tema), pero abriga la creencia de que el triunfo federal arrastrará el resultado a su favor en las elecciones locales, a pesar del desprestigio del alcalde de Guadalajara y del gobernador de Jalisco.
Hay que recordarles a todos los partidos que la democracia acarrea incertidumbres. Ya no se puede saber cuál será el partido favorecido en tal o cual elección, aun puede ocurrir como en el Distrito Federal en 2000: que triunfe un partido en la elección federal y que en ese mismo lugar los electores prefieran al candidato de otro partido a nivel local, por ello resulta conveniente pensar en normas electorales equitativas tanto para las mayorías como para las minorías.
La discusión sobre las consecuencias que tengan las elecciones concurrentes o no está abierta; ahora que hay mayor pluralidad a nivel federal habría que analizar las experiencias de varias elecciones locales en las que a veces prevalecen "microsistemas de partido hegemónico", en comparación con entidades más competidas, para decidir qué es lo que realmente favorece más un proceso de consolidación democrática.
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