Las sentencias de la Suprema Corte se cumplen y se acatan, dice a diputados

Se pagarán los mil 214 millones que adeuda la SRA; de no hacerlo puedo ser inhabilitado: Gil

Luis Pazos justificó que Fernández de Cevallos encabece un despacho de abogados

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

En reunión privada con diputados de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informó que el gobierno pagará la indemnización de mil 214 millones de pesos a la sucesión de Gabriel Ramos Millán, por un litigio que ganó el bufete del senador Diego Fernández de Cevallos a la Secretaría de la Reforma Agraria. Sobre el particular, el funcionario señaló que las sentencias de la Suprema Corte ''se cumplen y se acatan'', porque de no hacerlo así se puede llegar a ''mi inhabilitación''.

Los legisladores del Partido del Trabajo Félix Castellanos y de Acción Nacional Luis Pazos de la Torre, secretario y presidente de la Comisión de Presupuesto, respectivamente, informaron que Gil Díaz insistió en la necesidad de erogar el millonario monto, porque la ''legalidad así lo determina''.

Con el escándalo sobre los hombros del llamado jefe Diego, a quien legisladores acusan de incurrir en conflicto de interés y tráfico de influencias, su correligionario Luis Pazos dijo: ''Evidentemente no hay nada oculto en esto. El caso lleva diez años y esto es permitido, porque no afecta la legalidad. Hay quienes dirán que puede haber existido alguna presión en esto por parte del senador, pero no creo que sea el caso''.

El pasado miércoles por la noche el secretario de Hacienda invitó a cenar a los diputados de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto, para iniciar una ronda de acercamientos en la relación Ejecutivo-Legislativo.

La velada, a la que asistieron además los diputados Emilio Ulloa y Fernando Martínez Cue, transcurría de modo tranquilo. Francisco Gil relató su visión economicista de la crisis en Argentina, la posición del peso mexicano ante el Euro y la forma de resolver los problemas agrarios en comunidades como Agua Fría, Oaxaca. En este caso, la opinión de los legisladores fue que se requieren soluciones integrales que ataquen la pobreza en el país.

Sin una agenda prevista, el tema que no pasó de largo fue el de las aseveraciones del secretario en torno a la proximidad de un México argentinizado, si no se aprueban las reformas estructurales propuestas por el gobierno federal.

Reclamos por la argentinización

Gil Díaz escuchó el reclamo de sus invitados, porque aquellas revelaciones ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desembocaron en una inestabilidad manifiesta en los mercados financieros del país: ''Señor, por favor le solicitamos que modere más el tono de sus declaraciones, porque afectan los intereses nacionales'', le dijo Félix Castellanos.

Y fue el mismo petista quien llevó a la mesa el tema de la indemnización de mil 214 millones de pesos que la SRA deberá pagar a la sucesión de Gabriel Ramos Millán, caso ganado por el bufete del senador Diego Fernández de Cevallos. El fondo del asunto es que la Subsecretaría de Egresos de la SHCP no tardó en enviar una solicitud al Congreso para ampliar la base presupuestal de la dependencia, con objeto de pagar a los clientes del senador queretano.

El diputado Castellanos le dijo a Gil Díaz: ''No vamos a permitir en la cámara que se liberen esos recursos. No vamos a desviar dinero del presupuesto social. Me extraña cómo con tanta prontitud se dio respuesta al tema de la familia Ramos Millán; señor, si están tan interesados en resolver los problemas agrarios, por qué no resuelven los que se encuentran en litigio desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Por eso es rara esa inmediatez y más nos parece sospechosa porque de por medio está un senador de la República''.

Gil explicó: ''Las sentencias de la Corte se acatan y se cumplen, y si no se cumplen estaríamos en una situación difícil y se puede llegar a mi inhabilitación''.

El representante del PT, que fue el único de los diputados que intercambió impresiones con Gil Díaz sobre el asunto en discordia, insistió: ''No vamos a permitir en la Cámara de Diputados que se liberen esos recursos. Exigimos conocer el monto exacto de la indemnización. ƑPor qué no se les paga con un predio, como a los de San Salvador Atenco? šNo vamos a permitir el desvío del presupuesto social! Señor secretario, no vamos a pagar más de 10 por ciento de la indemnización''.

Más tenue, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el panista Luis Pazos de la Torre, dijo que el pago de la indemnización -inminente, desde su punto de vista- corresponde al presidente de la República. ''Es responsabilidad del Ejecutivo federal hacerle frente. Debe cumplir, porque es un mandato judicial, sin descuidar los programas básicos. En mi opinión es un caso fuerte y debe el Ejecutivo llegar a un acuerdo con los quejosos''.

Pazos repitió la propuesta de Félix Castellanos para que el pago sea en especie, es decir, con otro terreno propiedad de la nación: ''Lo ideal para el país es que no se desembolse el dinero, sino que se haga en pago de otro terreno. Hay abogados de la contraparte que son responsables y estarán de acuerdo en solucionar el caso para no desequilibrar las finanzas del gobierno y cumplir con ese pago''.

-ƑQué papel desempeñará la Cámara de Diputados en este conflicto?

-La cámara no tiene que decidir a qué rubros del gasto público se deba recortar para abonar el pago. Hay una regla muy clara: cuando la afectación es de más de 10 por ciento, el Ejecutivo propondrá de dónde se recortará el gasto y ahí la cámara puede opinar, pero no es su responsabilidad.

El panista dijo que es factible contemplar en el presupuesto del próximo año los recursos para resolver la deuda de mil 214 millones de pesos. Al preguntarle la formula de solución que en concreto propondrá la Comisión de Presupuesto informó que se está trabajando una (no detalló cuál) de naturaleza consensuada con los dirigentes de las bancadas, y se llevará al Ejecutivo, ''pero será en los siguientes términos: la Presidencia de la República decidirá cómo se pagará, con pleno respeto al decreto de Presupuesto de Egresos; no se permitirá desviar o transgredir los recursos destinados a los programas básicos. Además, el gobierno debe estar consciente de su obligación por respetar el déficit público, cuyo monto no podrá rebasar 0.65 por ciento del PIB''.

Al final, recordó el diputado Castellanos, el secretario Francisco Gil Díaz insistió en que se deberá pagar la cantidad de mil 214 millones de pesos, porque ''me pueden aplicar la inhabilitación''.