El caso estuvo detenido ocho años, hasta que lo tomó el bufete de los panistas

Este sexenio se destrabó el litigio que Diego Fernández llevó con la SRA

El ex procurador Antonio Lozano Gracia es concuño del albacea de los demandantes

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

Fue en los inicios del sexenio foxista cuando los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia lograron en pocos meses el fallo del Poder Judicial por el que se condena a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar más del equivalente de su presupuesto anual a los herederos de Gabriel Ramos Millán.

La resolución había quedado detenida más de ocho años, hasta que el bufete jurídico de los panistas intervino. Se trata de un negocio familiar, porque Lozano Gracia es concuño de Gabriel Ramos Fernández, albacea de los demandantes beneficiados con la sentencia por la que deberán recibir más de mil 214 millones de pesos.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados han causado sorpresa e indignación las revelaciones que han ido surgiendo en torno a este caso. Fue muy comentado ayer el hecho de que el ex procurador Lozano Gracia esté emparentado con los demandantes, toda vez que Socorro Pineda, hermana de su esposa, Guadalupe Pineda, está casada con Gabriel Ramos Fernández.

Los beneficiarios de la resolución millonaria están en la línea de sucesión de Gabriel Ramos Millán, socio del ex presidente Miguel Alemán Valdés, bajo cuya protección amasó una enorme fortuna en la década de los 40, con la especulación de terrenos en el Distrito Federal y estados vecinos.

Al respecto, el senador del PRD Demetrio Sodi de la Tijera dijo que el conflicto de intereses y el tráfico de influencias en este asunto que ganó a la SRA Fernández de Cevallos es evidente, aunque no hay una legislación hasta el momento que lo prohíba.

Ello es deplorable, añadió, porque no sólo es el senador queretano, sino muchos otros legisladores los que aprovechan su influencia para conseguir contratos, venta de terrenos y otros beneficios.

Los negocios

En el Congreso se comenta también cómo los despachos de abogados panistas, durante esta administración encabezada por Vicente Fox, han logrado ganar pleitos jurídicos, buena parte de ellos contra dependencias gubernamentales. Resaltan, en ese sentido, los juicios millonarios a favor de clientes de Fernández de Cevallos Ramos.

Incluso, en la Cámara de Diputados algunas fracciones investigan la actividad profesional de los abogados-legisladores Salvador Rocha Díaz y Diego Fernández de Cevallos. Se sabe que el primero firmó contrato con Pemex por 8 millones de dólares a cambio de los servicios profesionales de ambos personajes.

De ese convenio económico se desprendió la iniciativa presentada por Salvador Rocha Díaz para legalizar la vigencia de los contratos de servicios múltiples, que en primera instancia atentarían contra la soberanía del país al dar a petroleras estadunidenses la explotación de yacimientos de gas natural.

El abogado-senador Fernández de Cevallos participó de forma directa en la costosa fusión del Banco del Atlántico con Bital, hecho que costó al erario 13 mil millones de pesos.

El 23 de diciembre de 1997 se inició el proceso mediante el cual Banco Bital adquiría al Atlántico. Y en un procedimiento absurdo, la fusión se prolongó hasta el pasado abril, una vez que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) fue derrotado por el despacho Fernández de Cevallos y obligado a pagar 13 mil millones de pesos a la institución bancaria adquiriente.

De esa forma, Bital fue beneficiado por las gestiones jurídicas de Diego Fernández de Cevallos y el abogado -también panista- Fauzi Hamdan. Este último conocedor de las entrañas del Fobaproa, primero, e IPAB, después, contribuyó de manera determinante en la obtención del pagaré de 13 mil millones de pesos. A pesar de la oposición de la Secodam a ese procedimiento, porque la secretaría opinó que el IPAB no tiene facultades para entregar recursos mediante pagarés, la multimillonaria cifra se entregó a Bital, además de los activos de Banco del Atlántico.

Y es que los pagarés de saneamiento financiero ascienden a la fecha a 202 mil millones de pesos. Banpaís recibió 21 mil millones, Bancen 19 mil, Santander 19 mil, Confía 26 mil, Atlántico 17 mil, Promex 15 mil, Inverlat 5 mil, Bancrecer 65 mil, Pronorte 0.2, Anáhuac mil y Banco del Sureste 0.6.

En toda esta maraña de cifras multimillonarias los bufetes jurídicos de Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan han desarrollado un amplio margen de acción. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el panista Hamdan, ha aceptado asuntos vinculados a reclamos de los bancos contra el IPAB, porque a la hora de los procesos de fusión de la banca intervenida no se consideraban los vicios ocultos (desde demandas de personal despedido hasta cartera chatarra), y entonces sobrevenían los reclamos al instituto.

Durante el actual gobierno panista, el abogado Fernández de Cevallos le ganó también un juicio a la Secretaría de Hacienda, por el que obligó a la dependencia a regresar mil 600 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle, por impuestos mal retenidos.

Ayer, en declaraciones radiofónicas, el panista presumió de haber ganado otro juicio, éste a lo que fue Banco del Atlántico, donde una viuda en una primera instancia judicial había logrado una indemnización millonaria de la institución. Fernández de Cevallos y su bufete tomaron el caso y le dieron vuelta a favor del banco. ''Eso ya lo gané y es en beneficio del Estado'', comentó.

Otro legislador litigante

La lista de hechos que involucran a abogados-legisladores es prolífica. Ejemplo de ello es el priísta Salvador Rocha Díaz, quien fue abogado de Bancrecer hasta que éste se fusionó con Banorte. Lo destacable es que el diputado Rocha participó en la negociación de compra asesorando a Banorte.

Al fungir como abogado de Bancrecer Rocha Díaz despojó a 100 familias de sus viviendas, por el ''delito'' de haberse acogido a El Barzón.

Los afectados, así como Alfonso Ramírez Cuellar y Mario Di Constanzo, negociaron con el banco en cuestión la restructuración de sus deudas, pero el abogado Rocha -quien cobró a la institución bancaria 50 millones de pesos por sus servicios-, una vez que el monto resultó excesivo y no le fue abonado, decidió embargar los edificios donde se asientan las viviendas, y de esa forma evitó un acuerdo con el banco. El asunto continúa detenido.

Por su parte, el diputado del PRD Emilio Ulloa consideró que la doble moral y el ''cinismo'' de Fernández de Cevallos es una muestra clara de que el interés del gobierno de Fox está en proteger prácticas corruptas. Criticó la doble moral de legisladores que ''dedican su tiempo a cobrar la dieta parlamentaria que obtienen del pueblo y hacen jugosos negocios con el membrete de diputados y senadores a costa del erario''.

Ulloa dijo que son escandalosos los casos de Fernández de Cevallos, Rocha Díaz y del autor de la ley Fobaproa, Fauzi Hamdan, ''quienes hacen imperar sus intereses más oscuros''. Consideró también que provoca vergüenza que el llamado jefe Diego descalifique a quienes le piden cuentas y mienta al asegurar que la sentencia contra la SRA data de 1992, cuando aún no era senador.

De acuerdo con documentación enviada por la Secretaría de Hacienda a diputados y senadores de la Comisión de Reforma Agraria, fue el 3 de diciembre de 1992 cuando el segundo tribunal en materia administrativa del primer circuito concedió amparo a Armando Bernal Estrada y Gabriel Ramos Fernández en contra de la resolución presidencial del 14 de diciembre de 1984, que expropió por causa de utilidad pública más de 236 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa.

Los quejosos argumentaron que en esa expropiación se incluyeron 33 hectáreas que eran de su propiedad. Como no se les podían devolver los terrenos, no se cumplió la ejecutoria.

Fue más de ocho años después, ya con el bufete de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia a cargo del caso, que el juzgado décimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal instauró un incidente de daños y perjuicios, como pago sustituto para el cumplimiento de la ejecutoria.

El 7 de marzo de 2001 en ese juzgado se dictó la resolución, confirmada el 10 de septiembre de ese mismo año -ya con Fox en el poder-, sentencia por la que la SRA deberá pagar poco más de mil 214 millones de pesos al cliente de Diego Fernández de Cevallos.