Monreal solicita el envío de la PFP; indígenas y tepehuanos se disputan una propiedad de 5 mil 665 hectáreas

Piden a la SG intervenir en el conflicto de Zacatecas y Durango

Creel ofreció instalar mesa de trabajo mientras el Tribunal Agrario resuelve un recurso que se interpuso

ALONSO URRUTIA

El gobernador Ricardo Monreal Avila, diputados locales y representantes del Poder Judicial de Zacatecas solicitaron al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la presencia de la Policía Federal Preventiva y su intervención para favorecer una salida negociada en el conflicto agrario que enfrentan ejidatarios de Bernalejo, en esa entidad, contra indígenas tepehuanos del municipio de El Mezquital, de Durango.

Al término del encuentro, Monreal Avila definió la situación derivada de la disputa de 5 mil 665 hectáreas que les fueron expropiadas a los ejidatarios zacatecanos a favor de la comunidad tepehuana, como explosiva, muy similar a la que se vivió en Oaxaca, previo a la matanza de Agua Fría.

En respuesta, Creel ofreció la instalación de una mesa de trabajo donde participarían representantes del gobierno federal, de Durango y Zacatecas hasta en tanto el Tribunal Agrario resuelve el recurso interpuesto por los ejidatarios contra el decreto expropiatorio del presidente Ernesto Zedillo, firmado en 1997.

Sin embargo, la reunión no fue del todo cordial. Mientras Creel estaba con Monreal, los diputados tenían un desencuentro con el subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, a quien le pidieron que la reunión fuera pública. La respuesta -comentó el diputado priísta Víctor Infante- fue que si entraban medios de comunicación tendrían otro discurso distinto al privado.

Asimismo, responsabilizó a los medios de comunicación zacatecanos de alentar un conflicto menor, de fácil solución, y sobrevalorarlo con un conflicto con el estado de Durango.

Sin embargo, para el gobernador el asunto es explosivo, como muchos que hay en el campo y que el gobierno federal no debe dejar sin resolver porque el asunto puede estallar y complicarse, explicó. El problema agrario "es lamentablemente entre ejidatarios muy pobres de Zacatecas y comuneros indígenas muy pobres de Durango" originado por un decreto mal fundamentado que sólo ofrece como alternativa a los ejidatarios en pago de su tierra seis centavos el metro cuadrado.

Monreal explicó que la situación es difícil, pues incluso ha habido un intercambio de disparos, aunque el gobierno del estado ha pedido a los zacatecanos actuar con prudencia. Manifestó que es necesario ya encontrarle una solución, sea por la vía jurídica o una alternativa de tierras a los tepehuanos, pues ellos son más de 2 mil comuneros que tienen más de 400 mil hectáreas de tierra y los ejidatarios sólo son 64 y sólo tienen esas tierras que les fueron expropiadas.

A su vez, el gobierno de Jalisco insta al zacatecano a mantener la calma por diferendo entre huicholes y ejidatarios

CAYETANO FRIAS CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 26 de junio. El gobierno de Jalisco, por conducto de su secretario general, Héctor Pérez Plazola, llamó al de Zacatecas para que se mantenga la calma y se eviten incidentes de violencia en los límites que se tienen de la comunidad de San Andrés Cohamiata de los huicholes o wixárrikas, con los ejidatarios de Valparaíso, donde éstos han introducido ganado en las tierras que los tribunales han reconocido como propiedad de los primeros.

Pérez Plazola dijo tener conocimiento de que algunas personas de Zacatecas "trataron de violentar un poco, hay problema de presencia de ganado en zonas que se presentan como atractivas por sus pastizales", pero aludió a un acuerdo verbal que tuvo con su homólogo zacatecano, "de que se respetara lo que el tribunal resolviera".

La comunidad indígena de San Andrés Cohamiata forma parte del municipio de Mezquitic, Jalisco, y desde hace décadas los ejidatarios zacatecanos de Valparaíso han intentado apropiarse de mil 700 hectáreas que les pertenecen a los primeros, pero los huicholes han revertido esas invasiones a través de los tribunales.

El secretario general de Gobierno de Jalisco se manifestó extrañado de que se presenten este tipo de fricciones y recordó que "hace algunos días hablamos el secretario general de gobierno de Zacatecas y un servidor y quedamos en que haríamos todo lo posible por tranquilizar a la gente, esperando precisamente se respetara lo que el tribunal resolviera".

Pérez Plazola se dijo esperanzado en que sean sólo especulaciones de los medios de comunicación las relacionadas con las presuntas declaraciones de Arturo Nahle García, secretario de Gobierno zacatecano, donde éste defendería la invasión de los ejidatarios zacatecanos a las tierras de los huicholes.

"Ni él (Nahle García) ni yo somos autoridad para resolver en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que atenernos a lo que resuelva la justicia, el Tribunal Agrario", precisó el funcionario jalisciense.

Añadió que "a lo que conminaremos es a que se mantenga precisamente la tranquilidad por parte del gobierno de Zacatecas, que seguramente no hará que se desborde el río, creo que no va a fomentar una situación irregular".

Pérez Plazola indicó que si es necesario, hará contacto con Nahle García, pero advirtió que "ya hemos hablado en varias ocasiones de esos asuntos y en ningún momento lo he visto que esté en plan intransigente". El funcionario dijo que por el momento no se tiene un operativo de vigilancia específico de la policía preventiva, pero sí se está patrullando para evitar riesgos.

Tres caciques causan el problema

Constancio de la Cruz Ramírez, coordinador de la Procuraduría de Asuntos Indígenas de Jalisco, atribuyó el problema a la voluntad de "tres caciques de Zacatecas", los cuales pretenden apoderarse de las mil 700 hectáreas ricas en pastizales que les pertenecen a la comunidad wixárrikari, pese a que hubo una resolución presidencial a favor de los indígenas desde 1996 que no ha sido respetada.

De la Cruz Ramírez externó su temor de que pudieran surgir enfrentamientos con los zacatecanos, porque éstos se encuentran respaldados por varias unidades de policía, mientras que por el lado de Jalisco sólo les enviaron dos patrullas, las cuales se mantuvieron en el lugar dos horas y luego se retiraron.

Un asunto que consideró grave, es que los policías y zacatecanos se introdujeron a territorio de Jalisco armados, lo que constituye una clara violación a la ley, por lo que solicitaron apoyo de parte del gobierno jalisciense para que se resguarde el orden en esta zona.