Pasan los ministros de la Suprema Corte a la fase de estudio de las controversias

Terminan audiencias sobre la reforma indígena

JESUS ARANDA

Este martes venció el plazo para realizar las 321 audiencias programadas en el contexto de las controversias constitucionales interpuestas contra la reforma en materia de derechos y cultura indígenas; de éstas se celebraron 295 y 26 fueron diferidas por haber interpuesto recursos de reclamación, ante la negativa de los ministros de aceptar pruebas testimoniales y periciales en derecho indígena, internacional y constitucional, y antropología.

Una vez que se cumplió con esta fase del proceso, los 10 ministros -cada uno es instructor de al menos 30 controversias- están en condiciones de pasar a la fase de estudio sobre la legitimación de las partes (principalmente de los municipios demandantes) y otros requisitos de procedencia de los quejosos.

Posteriormente los ministros entrarán a la discusión para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene o no facultades para revisar la legalidad de un proceso de reforma constitucional, como lo plantean los quejosos.

Una vez dilucidado este tema, los ministros del máximo tribunal entrarían a estudiar el fondo del problema planteado en las 320 controversias pendientes -la que interpuso el municipio de Molcaxac fue desechada por haber sido interpuesta en forma extemporánea, aunque ya había realizado su audiencia respectiva- para determinar si existieron o no violaciones de procedimiento en la aprobación de la reforma constitucional.

En caso de establecer eventuales violaciones procedimentales, explicaron fuentes del Poder Judicial, los ministros tendrían que determinar si éstas son suficientes para invalidar la reforma, o bien enviarla nuevamente al Congreso de la Unión para que subsane las deficiencias.

De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, los primeros dictámenes estarán listos en agosto próximo, con la idea de que el pleno resuelva no más de 10 asuntos, que sean suficientes para sentar jurisprudencia -sea cual sea el fallo-, para pasar el resto de los asuntos a las dos salas de la Corte y se dictaminen de una forma más expedita, tomando en cuenta los criterios previamente establecidos.

Lo cierto es que sólo los municipios que estuvieron respaldados por ONG y abogados comprometidos con la causa de los derechos humanos, que no pasaron de cuatro decenas, cumplieron con presentarse a las audiencias; de éstos, 24 de Oaxaca, uno de Guerrero y uno más de Veracruz presentaron recursos de reclamo ante la negativa de los ministros de admitir pruebas testimoniales y periciales.

La Corte informó que de las 295 audiencias celebradas, 251 son de Oaxaca -ninguno de los 227 municipios apoyados por el gobierno de José Murat se presentó- y el resto corresponden a ayuntamientos de Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Jalisco.