Protestas por arraigo

Aún no dan con los policías que ultimaron a militar

SUSANA GONZALEZ G.

A punto de cumplirse un mes de que el mayor intendente del Ejército Mexicano, José Gabriel Martínez Romero, falleció dentro de una panel de la Secretaría de Seguridad Pública, a consecuencia de dos infartos pulmonares y una pancreatitis aguda provocados por golpes, las autoridades aún no han identificado a los policías que lo sometieron.

El procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, explicó que se mantiene el arraigo judicial a 14 uniformados -originalmente eran 22- porque al declarar de manera evasiva y con imprecisiones no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de trasladarlo a la agencia del Ministerio Público de la PGR ubicada en calzada Camarones.

Ante la falta de colaboración, no descartó la posibilidad de que los policías que hasta ahora son mantenidos bajo arraigo en el cuartel del sector Asturias de la SSP en calidad de testigos, sean consignados ante el juzgado encargado del caso.

"Ya ante el juez, ellos (los policías) aclararán quién fue el que más directamente tuvo injerencia en el hecho", manifestó Bátiz, quien fue entrevistado ayer por la mañana, luego de concluir la reunión del gabinete de seguridad en el antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Afuera del recinto, esposas y familiares de los policías arraigados, quienes buscaban entrevistarse con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, o con el mismo Bátiz, fueron atendidas por Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, a quien demandaron que se esclarezca la situación jurídica de los policías, pues ya cumplen 20 días sin poder ir a su casa.

Norma Angélica Amira y Ana Luisa Avila, entre otras, denunciaron que las declaraciones hechas por los policías involucrados en el caso son "fabricadas" y alteradas por el personal del Ministerio Público, por lo que los efectivos se niegan a firmarlas.

Cabe recordar que varios de los policías arraigados por el caso del militar muerto declararon a este diario el 7 de junio pasado que los granaderos que trasladaron al militar, el sargento primero José Antonio López Guerrero, y el policía tercero Enrique Martínez Razzo, ambos pertenecientes al Agrupamiento de Granaderos, no se encuentran arraigados en el cuartel Asturias, pues una vez que rindieron su declaración desaparecieron y desde principios de mes se desconoce su paradero.

Por otro lado, el procurador reconoció que todavía no se localiza al policía José Luis de la Cruz Gamas, responsable de la muerte del adolescente Josué Ulises Banda Cruz, ocurrida el martes pasado.