Pretende el gobierno ceder el control del sector de gas a las trasnacionales

La apertura a la inversión privada ocurre cuando EU tiene gran necesidad de energéticos

Los contratos de servicios, con dedicatoria a compañías foráneas, considera Rodríguez Padilla

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y EMILIO LOMAS M.

El proyecto del gobierno mexicano para conceder a empresas privadas la exploración, perforación y producción de yacimientos de gas en el norte del país representa en la práctica ceder su función de control sobre este sector estratégico, al tiempo que apunta al desplazamiento de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes quedarán al margen de participar en estos procesos.

La pretensión del gobierno federal de comenzar a permitir la participación privada en la explotación de gas, tiene una trascendencia mayor a la simple contratación de un servicio, consideran expertos. Las únicas empresas que en el mundo son capaces de realizar este tipo de trabajo son las grandes trasnacionales dedicadas a la explotación del gas y el petróleo, las que, en caso de prosperar la iniciativa en los términos planteados por el gobierno, tendrán un acceso privilegiado al conocimiento sobre los yacimientos de energéticos en el país.

"Hay que tomar en cuenta el contexto internacional. El mayor problema energético de Estados Unidos ahora es la necesidad de gas. Ese país ha llegado a tener en los meses recientes consumos diarios de 82 mil millones de pies cúbicos y simplemente ya no tiene de dónde obtenerlo. Por eso, está buscando gas en Canadá, Alaska y ahora México", considera José Antonio Rojas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas energéticos.

Este jueves, La Jornada dio a conocer que el gobierno mexicano ya tiene lista la propuesta para que Pemex, por medio de su empresa subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), pueda contratar con firmas privadas proyectos de explotación de yacimientos de gas. Según el modelo de contrato, en poder de este diario, las compañías interesadas participarán en la explotación del energético por periodos de hasta 20 años, aunque el combustible extraído será propiedad de Pemex.

Los términos en que está redactado el contrato de servicios múltiples (CSM), "tienen una dedicatoria para favorecer a las empresas extranjeras", opina Víctor Rodríguez Padilla, asesor del Senado en materia energética. "Por los términos en que van a ser contratadas esas empresas, se trata de una violación a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Esto es porque esas empresas traerán el capital, asumirán el riesgo geológico y en contrapartida tendrán una parte importante de la renta económica asociada a la explotación", señaló.

Estableció que los CSM implican contratación de deuda. Esto significa que el gobierno mexicano va a llamar a trasnacionales a que resuelvan un problema de financiamiento, pero a un costo más alto.

Las empresas que participen en los CSM cobrarán 3.31 dólares por la extracción de cada millar de pies cúbicos de gas en la Cuenca de Burgos (al norte del país), mientras que si la misma extracción es realizada por Pemex el costo es inferior a 1.5 dólares por millar de pies cúbicos, declaró Rodríguez Padilla, también investigador universitario. Acotó que el cálculo consta en un documento elaborado por Luis Ramírez Corso, director general de PEP, en un documento enviado al Senado el 23 de abril pasado.

El especialista apuntó que para desarrollar la misma capacidad de producción unitaria en Burgos, Pemex requiere de alrededor de 12 mil dólares por mil pies cúbicos de gas natural al día. Bajo los CSM, las compañías extranjeras que participen en la explotación cobrarán 15 mil dólares.

Trabajadores desplazados

El texto del contrato establece que los trabajadores de Pemex, empresa en donde la capacidad y calidad del personal operativo es reconocida, quedarán al margen de participar en las obras, lo que en la práctica constituye el paso para la creación de una industria energética paralela.

Dice el documento: "El personal directivo, de supervisión y operativo relacionado con el presente contrato deberá ser proporcionado por el contratista a su elección, debiendo contar con la experiencia necesaria para garantizar la correcta ejecución de las obras objeto de este contrato".

Más adelante, señala que "ningún funcionario, empleado, mandatario o miembro del personal del contratista o de sus subcontratistas será considerado por ningún motivo como empleado de PEP. El contratista y sus subcontratistas serán los únicos responsables de todas las obligaciones laborales y de seguridad social a favor de sus funcionarios, empleados, agentes y demás miembros del personal del contratista o de sus subcontratistas, incluyendo el pago de salarios, beneficios por vacaciones, bonos, pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pagos al Infonavit, contribuciones al sistema de ahorro para el retiro, así como cualesquiera otras obligaciones o pagos".

Rojas Nieto consideró que la intención de que los trabajadores de Pemex queden al margen de participar en estas explotaciones de gas constituye un desplazamiento que "desmantela la fortaleza de la ingeniería y de construcción desarrollada por la paraestatal hasta ahora".

Para otorgar la explotación de yacimientos de gas, PEP establece como requisito que la empresa privada que obtenga el contrato tenga "suficiente experiencia y capacidad para cumplir y ejecutar las obras requeridas... incluyendo el hecho de haber cumplido en forma exitosa con obras similares a las que son objeto de este contrato y tiene la organización, elementos y capacidad jurídica, técnica y económica para ejecutar por sí mismas las obras".

Los términos planteados por el contrato son, a juicio del especialista, "ambiguos y manipulables". Explicó que la propuesta del gobierno plantea que serán empresas de servicios las que realizarán las obras. Y esto porque, de acuerdo con la legislación vigente, está prohibido a empresas petroleras o gaseras del exterior participar en la perforación y explotación.

El asunto, finalizó, es que las empresas que participen en estos contratos tendrán información de primera mano sobre yacimientos, reservas y explotación.

Rocha Díaz y González Parás presentaron proyecto para reformar el artículo 27

Se suman legisladores del PRI al plan panista de legalizar contratos de servicios en gas natural

Necesario, dar certidumbre a las inversiones en el sector energético, justificaron

ANDREA BECERRIL

A contracorriente de la postura del PRI y de sus fracciones legislativas de oponerse a la privatización de Pemex, dos legisladores del tricolor, el diputado Salvador Rocha Díaz y el senador Natividad González Parás presentaron un proyecto de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, con miras a legalizar los contratos de servicios múltiples, por los que se permitiría a empresas nacionales y extranjeras participar en la explotación y desarrollo de yacimientos de gas natural.

El hecho provocó gran molestia entre los legisladores del PRI, a tal grado que, en el caso de los senadores, varios de ellos solicitaron al coordinador Enrique Jackson Ramírez una reunión urgente, que podría ser el próximo martes, para discutir el tema, toda vez que consideran grave el hecho de que miembros de su bancada presentaran una iniciativa que propone abrir la puerta a una privatización de Pemex sin tener que modificar la Constitución, intención que Fox ha mostrado desde el inicio de su gestión.

Preocupa a los senadores priístas que la iniciativa con proyecto de decreto se presentara en la Oficialía de Partes de la Comisión Permanente el pasado miércoles, un día antes de que Pemex diera a conocer públicamente su modelo de contrato de servicios múltiples y anunciara una nueva presentación de los mismos a las compañías petroleras trasnacionales, para los próximos días 20 y 21.

En entrevista, el senador González Parás se deslindó de la responsabilidad, y precisó que el autor de la iniciativa que legaliza los contratos de servicios múltiples fue el diputado Rocha Díaz y que él sólo suscribió el proyecto, "con un espíritu de buscar el interés de la nación".

-Otros senadores de su partido están en contra de esos contratos de servicios múltiples, porque consideran que es el inicio para entregar a Pemex a la privatización.

-Yo no quisiera hacer comentarios sobre esto hasta no entrar en detalles. Quien tiene más información es el diputado Rocha Díaz. Lo único que yo planteo es que para que haya certidumbre en las inversiones se requiere un marco legal, porque tal como está planteado el tema, pudiera ser cuestionado por anticonstitucional.

González Parás explicó asimismo que la iniciativa -que no se discutió el miércoles pasado, pese a que estaba ya en la agenda parlamentaria- está ahí y tendrá que ser analizada y enriquecida en su momento, "para que contribuya a evitar esa incertidumbre en la realización de inversiones que requiere el sector".

Al final de la entrevista, el senador priísta sostuvo que el proyecto de Rocha Díaz no habla de privatización, "sino de contratos que ya se vienen realizando y que requieren su base legal".

Al diputado Rocha Díaz, a quien desde su época de senador en la pasada legislatura se le ha cuestionado por el conflicto de intereses en que incurre al mezclar su actividad legislativa con la de litigante al frente de un poderoso bufete jurídico, no se le pudo localizar ayer.

Pero en el proyecto de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el legislador argumenta su propuesta, con razonamientos que pasan por encima de lo acordado en el pasado Consejo Político Nacional del PRI, que se llevó a cabo a finales de mayo, acto en el que los priístas expresaron oposición total a cualquier intento de pasar por encima de la Constitución y de privatizar los energéticos de manera directa o por la vía de la simulación.

En la iniciativa, Rocha Díaz reivindica "la soberanía energética" del país, la exclusividad que la Constitución otorga al Estado mexicano en áreas estratégicas como el petróleo, el gas natural , así como de cualquier otro hidrocarburo propiedad de la nación, en cuya explotación no pueden participar particulares, ya sea vía concesión o contrato.

El diputado priísta agrega, sin embargo, que es necesario el capital privado en Pemex, puesto que "las restricciones presupuestarias y el exceso de régimen fiscal han venido afectando los programas de modernización y expansión del organismo, principalmente en los renglones de exploración, producción, refinación y petroquímica, merced a los cuales se han venido incrementando las importaciones de gas natural, derivados del petróleo y productos petroquímicos".

Repite luego los argumentos que Pemex ha venido manejando y reivindica el planteamiento de Pemex para celebrar contratos de servicios múltiples "con empresas extranjeras especializadas, que son las que, hoy por hoy, tienen la capacidad técnica y financiera para llevar adelante un programa que aceleraría el descubrimiento, la rehabilitación y la explotación de los depósitos de gas natural existentes dentro de territorio nacional".

Luego, por medio de las modificaciones propuestas a los artículo cuarto y sexto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Rocha Díaz plantea "regularizar los contratos de servicios múltiples que Pemex tiene la intención de utilizar, ya que la figura de los mismos, su objeto preciso y el establecimiento de los derechos y obligaciones acordadas, aparecen tanto en la última comparecencia en el Senado del director de Pemex, como en los documentos entregados por la paraestatal, sumamente confusos, frecuentemente contradictorios y preocupantemente desfavorables en lo financiero a Petróleos Mexicanos".

Límites constitucionales

Rocha Díaz, en su doble papel de legislador y abogado, advierte que es responsabilidad del Congreso establecer las bases sobre las cuales habrán de celebrarse tales contratos y establecer los límites que la Constitución señala. Define luego las características de los mismos:

En principio, que "los contratos estarán limitados a los servicios del subsuelo que se inserten entre las actividades medulares que le son propias a Pemex: la planeación de la exploración, la explotación de yacimientos y la operación de la producción", en segundo término, que se habrán de realizar en "el lapso de tiempo indispensable".

Asimismo, que el financiamiento correría por cuenta de la empresa contratista, así como el riesgo geológico y financiero.

Rocha Díaz propone un agregado al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por el que se establece que "la exploración y el desarrollo de los yacimientos podrán ser contratados con particulares, aplicándose a los contratos respectivos lo dispuesto por el artículo sexto de esta ley".

El artículo sexto de esa ley reglamentaria tendría otro agregado: "Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales, los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera".

Por estos planteamientos, contrarios a la postura del PRI, partido que impulsó la controversia constitucional contra Fox, por pretender abrir la industria eléctrica al capital privado a través de modificaciones a leyes secundarias, los senadores del PRI pedirán en los próximos días una explicación a González Parás y Rocha Díaz.

En una conferencia detallarán los convenios

Funcionarios de alto nivel presentarán estrategia energética a trasnacionales

La Secretaría de Energía (Sener) informó que la conferencia oficial internacional El Sector del Gas en México introducirá la nueva estrategia mexicana de desarrollo del gas natural para los próximos años y las oportunidades de participación del sector privado en vistas del aumento de la demanda en el país.

La conferencia se efectuará los días jueves 20 y viernes 21 de este mes en el hotel Sheraton María Isabel, en la ciudad de México, en la que altos funcionarios del sector energético mexicano describirán los conceptos fundamentales y las condiciones genéricas de los contratos de servicios múltiples (CSM) que se proponen aplicar en el proceso de licitaciones de trabajos para campos de gas natural no asociado. Estos contratos serán establecidos de acuerdo con el marco constitucional y jurídico vigente en México.

En el programa de la conferencia está prevista la participación del secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo; el subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Francisco Barnés de Castro; el director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos; el director general de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corzo, y el administrador activo de Producción Burgos, Pemex Exploración y Producción, Ricardo Palomo Martínez.

También se prevé la presencia de los especialistas en derecho constitucional, Clemente Valdés y Alejandro Martínez; especialistas en derecho constitucional, Elisur Arteaga y Rubén Minutti; de Asesores Jurídicos, Macleod Dixon, Jay Park y Elisabeth Eljuri, y Pedro van Meurs, de van Meurs and Associats Limited.

Se contará con la presencia del secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien hablará sobre el contenido nacional de los CSM. Entre otras corporaciones estarán PricewaterhouseCoopers, representada por Graeme Bate; International Affairs Director, TotalFinaElf, por Jacqes de Boisseson; New Ventures, Exploration and Production, Repsol YPF, por Antonio Suárez Torres; Andarko, por su vicepresidente James J. Emme; México New Ventures, El Paso Corporation, por su vicepresidente, Dwayne G Jammal.

En el segundo día participará el jefe de la Oficina de la Presidencia para Políticas Públicas, Eduardo Sojo Garza-Aldape, con la conferncia Contratos de Servicios Múltiples y Crecimiento Económico, así como otros funcionarios.