Para una persona tan religiosa como dice ser el presidente español, José María Aznar, el agrio conflicto con la Conferencia Episcopal que apoyó a los obispos vascos en la protesta de éstos contra la ilegalización de Batasuna (que es la expresión política de ETA) debería ser una campana de alerta. Pero evidentemente ese grave roce institucional no le basta. Al "con la Iglesia hemos topado" añade nada menos que el choque con todos los trabajadores del país y, para completar, con los defensores nacionales e internacionales de los derechos humanos.

Manifestantes vascos exigen el cese de las torturas, que el Estado no niega, mientras el Comité para los Derechos del Niño de las Naciones Unidas exige por su parte la erradicación de los "malos tratos", el fin de la "denegación del acceso a la salud y a la educación" y de las "expulsiones sumarias" de niños extranjeros sin siquiera verificar si alguien se hará cargo de ellos en sus países de origen. Pero Aznar, de origen franquista y líder de la derecha española xenófoba, no presta atención ni a obispos ni a manifestantes ni a la ONU ni a los sindicatos.

Por el contrario, aplicando su Ley de Extranjería, rechazada por los defensores de los derechos civiles, acaba de resolver expulsar a una joven marroquí con su hija de un mes nacida en la travesía hasta las Canarias en una embarcación de fortuna. Y, por medio de un decretazo (así lo llaman los legisladores de oposición y los sindicatos) pretende adelantarse a una huelga general que se emprenderá el 20 de este mes para influir sobre una discusión en las cámaras de una ley laboral que discrimina a los jornaleros agrícolas, a los emigrantes retornados del extranjero (los que vuelven de Argentina, por ejemplo) les duplica el tiempo necesario para recibir un seguro de desempleo, que elimina para quien tiene trabajos discontinuos y periódicos, así como a los trabajadores mayores de 52 años prejubilados por sus empresas.

No sólo vulnera así el derecho constitucional de huelga, sino que también pretende colocar por la fuerza a los sindicatos y al Parlamento ante un hecho consumado. Ni siquiera Franco se peleó con los obispos, que al final de su dictadura buscaban civilizar y europeizar España. Aznar, en cambio, no se opone sólo a Batasuna, sino también a los nacionalistas vascos -que son católicos y conservadores-, a los obispos vascos y de toda España que defienden los derechos civiles vascuences, a la ONU, a los socialistas y los sindicatos y no vacila en justificar la tortura -y hasta los malos tratos a los niños- y en aplicar una ley liberticida y xenófoba, como la Ley de Extranjería.

"Por sus actos los conoceréis", señala hace dos milenios el cristianismo que el derechista candidato a caudillo de España dice profesar. Sus modelos sociales parecen ser Silvio Berlusconi y George W. Bush y no el carpintero de Galilea, o sea, extranjero, crucificado por decir, entre otras cosas, que de los pobres es el Reino de los Cielos y por combatir a los fariseos y publicanos y al poder del César.