Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 9 de junio de 2002
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Dejaron libres a asaltantes

Se amparan funcionarias de Cuautitlán

SILVIA CHAVEZ CORRESPONSAL

Cuautitlan, Mex., 8 de junio. Elementos de la policía judicial del estado de México informaron que Claudia Morales Hurtado, jefa de departamento, y Regina García Ortiz, agente del Ministerio Público del Centro de Justicia de Cuautitlán México, sujetas a investigación por recibir 80 mil pesos para dejar en libertad a siete asaltantes de tráilers, obtuvieron un amparo federal que evita se ejercite acción penal en su contra.

Agentes judiciales adscritos a la subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla informaron que este sábado se pretendió cumplir con una orden de aprehensión contra Morales Hurtado y García Ortiz, sin embargo esta diligencia no se logró porque ambas servidoras públicas exhibieron sendos amparos.

Establecieron que las dos funcionarias fueron separadas de sus cargos y se encuentran sujetas a investigación, luego de que habrían cobrado 80 mil pesos a cambio de liberar a siete sujetos de una banda delictiva dedicada a robar sobre la carretera México-Querétaro.

Los policías judiciales mexiquenses informaron que la subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla fue designada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para abrir la investigación sobre actos de corrupción que eventualmente se cometen en la subprocuraduría de Cuautitlán México.

Por otra parte, cifras de la procuraduría de Justicia estatal establecieron que en lo que va del año se dio de baja y procedió legalmente contra 200 servidores públicos de esta dependencia, que incurrieron en distintos actos de ilegalidad y que se trató principalmente de agentes judiciales y personal de distintos centros de justicia mexiquenses.

El reporte establece que durante el año se han recibido mil 600 denuncias penales contra igual número de servidores públicos, y de éstas se procedió penalmente contra 500 de ellos. La dependencia estableció que 200 de estos casos fueron dirigidos contra agentes judiciales, ministerios públicos y personal de distintos niveles de la dependencia.

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