La denuncia penal es por 6 millones 300 mil pesos, informó el gobierno del estado
La ex ombudsman de Tlaxcala, acusada de usar recursos destinados a víctimas de delitos para apoyar candidatos del PRI
LA JORNADA DE ORIENTE
Tlaxcala, Tlax., 31 de mayo. El gobierno del estado presentó una denuncia penal contra la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Victoria Morales Cortés, por el presunto desvío de recursos por 6 millones 300 mil pesos.
La demanda fue interpuesta ante la procuraduría de Justicia del estado por medio del consejo técnico del Fondo de Protección a Víctimas del Delito e Indigentes Procesados y quedó asentada en la averiguación previa 523/2002-Tlax-4.
El procurador de Justicia, Eduardo Medel Quiroz, refirió que la institución actuará conforme a derecho, por lo que desahogará las diligencias a fin de deslindar responsabilidades respecto al destino de los 6 millones 300 mil pesos que faltan al Fondo de Protección a Víctimas del Delito.
El representante de este fondo, José Domingo Salgado Montealegre, consideró que existen elementos suficientes para proceder legalmente contra la ex defensora de las garantías individuales por el supuesto desvío de recursos en lo que habría incurrido durante su gestión al frente de la CEDH, que concluyó en junio del 2001.
De acuerdo con investigaciones realizadas por ex trabajadores de dicha comisión, quienes iniciaron este proceso, Morales Cortés habría desviado estos recursos para apoyar las campañas políticas de los candidatos al gobierno del estado y de los municipios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el proceso electoral de 1998.
El 17 de junio de 1998, ex trabajadores de la CEDH pidieron al Congreso local la destitución de la defensora de derechos humanos, pues aseguraron que además de actuar de manera despótica y arbitraria contra los funcionarios de la institución, habría incurrido en gastos innecesarios e irregularidades administrativas, como el pago de autobuses y camiones para trasladar a simpatizantes del PRI a actos proselitistas del entonces candidato a la gubernatura de Tlaxcala, Joaquín Cisneros Fernández.
Por su parte, el gobernador Alfonso Sánchez Anaya sostuvo que el proceso legal iniciado contra Morales Cortés no es una revancha, sino una acción mediante la cual se pretende aclarar el supuesto mal uso de los recursos públicos. No habrá ninguna acción arbitraria, pues "éste es un proceso legal que deberá seguir el procedimiento que le corresponde".
