Silvia Gómez Tagle

Desideologizando los energéticos

En un desayuno que la Federación de Empresas de Bélgica ofreció al Presidente de México, Vicente Fox mencionó que su gobierno está trabajando "en cambios que tienen que ver con abrir la inversión privada en energía, en el caso del petróleo, la generación de electricidad, así como gas natural no asociado con el petróleo" (Reforma, 15 mayo 2002, p. 4A). Es claro que hay una visión dogmática de los empresarios neoliberales, que insisten en la apertura indiscriminada del sector energético a la inversión privada, y que comparten Fox y el PAN.

Según empresarios de la Unión Europea (UE), México debería concretar las reformas estructurales que permitan a los capitalistas invertir en los sectores de telecomunicaciones, energía eléctrica y energéticos. Sin embargo, los empresarios mexicanos mantienen diversas opiniones. Claudio X. González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advierte que debido a la ausencia de reformas estructurales -energética y laboral- los inversionistas que hoy nos premian mañana podrán castigarnos por nuestra nula capacidad de alcanzar consensos en temas prioritarios para el desarrollo del país; en cambio, Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ratifica la posición de su gremio en defensa de los bienes y empresas nacionales y rechaza todo intento de privatización de Pemex, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Y es que la experiencia histórica de México muestra cómo la inversión privada fue un lastre para el desarrollo energético; en especial en la industria eléctrica se dio un desarrollo anárquico en manos de empresas de capital, principalmente extranjero, hasta 1938, ya que tendían a convertirse en monopolios porque la subsistencia de empresas pequeñas en esta industria es muy difícil.

La fundación de la CFE en 1938 y la Ley Reglamentaria de la Industria Eléctrica de 1939 inauguró una larga etapa que podría denominarse "intervención reguladora del Estado en la industria eléctrica", que se extiende hasta la nacionalización en 1960. Durante ese periodo se produjo un desarrollo económico basado en la industrialización y en la urbanización, que en gran medida estuvo sustentado por la ampliación de la capacidad instalada en la industria eléctrica gracias a la inversión pública vía CFE, que fue la empresa paraestatal que realizó las primeras grandes obras hidroeléctricas y construyó las redes de distribución de alta tensión más importantes, mientras las empresas privadas se dedicaban a revender la energía al público consumidor con gran desperdicio por deficiencias técnicas, sin realizar prácticamente ninguna inversión y, en cambio, conservando la posibilidad de fijar las tarifas en forma arbitraria, lo cual afectó el desarrollo de diversas regiones del país.

La experiencia reciente en el estado de California, Estados Unidos, es similar. Según dice Bob Filner, representante demócrata de esa entidad, las trasnacionales del sector eléctrico han gozado de impunidad absoluta, "pese a los desastres que han provocado en materia económica y ecológica", lo cual explica el exhorto que hizo a los legisladores mexicanos para "evitar que se cometa el error de entregar un servicio vital a corporaciones como Enron, tan sólo para lograr que lleguen inversiones extranjeras". En su país la desregulación del servicio eléctrico sólo provocó apagones, alza de las tarifas hasta de mil 500 por ciento, "robo de 50 mil millones de dólares" a los californianos y la quiebra de pequeñas empresas (La Jornada, 20 mayo 2002, p. 7).

Ahora resulta que en México se pretende desandar un camino previamente andado que dejó una clara experiencia del porqué se decidió nacionalizar la industria eléctrica mexicana en 1960, a pesar de que el gobierno ya estaba muy lejos de la lógica cardenista de los años 30.

La política en materia de energéticos requiere, desde luego, pensarse con una nueva óptica, porque ciertamente no se trata de defender a ultranza una industria que mantiene esquemas productivos del siglo antepasado. El uso de los energéticos derivados del petróleo y las plantas generadoras de energía eléctrica con la actual tecnología responden muchas veces a los intereses de las grandes corporaciones, por eso no se han investigado suficientemente nuevas fuentes energéticas, a pesar de que las actuales producen graves problemas de contaminación a nivel planetario o se avizora su agotamiento. Pero tanto el diseño de una nueva política, que tiene que ver con el desarrollo de fuentes alternativas de energía y tecnologías con visión de largo plazo, como la administración y desarrollo de las industrias energéticas de las que se dispone en la actualidad (Pemex y CFE), deben mantenerse bajo la responsabilidad del Estado para evitar que intereses privados comprometan el desarrollo del país en su conjunto.

Es falso que sean ineficientes por su naturaleza estatal, pues a pesar de la corrupción que ha existido, tanto en la administración como en los sindicatos, ambas pueden ser altamente productivas, por lo que antes de insistir en la privatización habría que exigir el saneamiento y la transparencia en sus administraciones.