Hubo malestar entre militares porque se involucraba a campesinos inocentes

Con el pretexto del combate al narco, agentes de EU actuaron en Guerrero

En 1969 García Barragán entregó a Díaz Ordaz un reporte sobre las presiones que ejercía Washington para intervenir en cualquier nación y "lograr el control político y económico"

INVESTIGACION REALIZADA POR VICTOR BALLINAS, MIREYA CUELLAR, GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

En los albores del sexenio de Luis Echeverría Alvarez, reportes de la 27 Zona Militar, en Guerrero, daban cuenta de la presencia de agentes de Estados Unidos en la sierra, al amparo del presunto combate al narcotráfico. De acuerdo con los informes, el descontento del general Alvaro García Taboada, jefe militar de la zona, ante la jerarquía castrense se centraba en la intromisión de los estadunidenses y la utilización de madrinas para rastrear a supuestos narcotraficantes, porque involucraban a campesinos inocentes.

En realidad, la inquietud se debía a que la actuación de los estadunidenses se centraba en la delación de personas inocentes vinculadas a otras actividades. Eran los años en que Genaro Vázquez Rojas, con su Asociación Cívica Guerrerense (ACG), y Lucio Cabañas, con su Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, encabezaban los principales movimientos armados del país.

Tres décadas después, con la primera investigación oficial sobre los excesos militares en esos años, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentó ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la intervención de la estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la persecución de presuntos guerrilleros que en la actualidad están desaparecidos.

El expediente CNDH/PDS/90/SIN/ N00170.000, referente a la desaparición de Luis Francisco García Castro y Carlos Alemán Velázquez, adjudicada a la Brigada Blanca -integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), efectivos militares y policías judiciales estatales-, hace una acotación importante:

"Finalmente -dice la CNDH- se apreció otra ficha sinaléctica del señor Luis Francisco García Castro, de la que destaca su formato en idioma inglés y un apartado con siglas 'FBI No...' Dicho documento contiene fotografías de frente y de perfil del agraviado y la identificación del grupo guerrillero al que pertenece."

A partir de esta evidencia, la CNDH solicitó a la Fiscalía Especial que se investigue la participación de la FBI en la detención de integrantes de una célula de la Liga Comunista 23 de Septiembre, pues existen evidencias de que "ayudó a identificar a sus miembros con equipos avanzados y deslindar su responsabilidad en la desaparición de personas".

EU pretendía mayor cooperación militar: García Barragán

El recelo y la desconfianza de los militares mexicanos hacia el involucramiento estadunidense ya tenía antecedentes. En 1969, meses después de haber concluido el movimiento estudiantil del 68, el general Marcelino García Barragán, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz un reporte en el cual advertía que la jerarquía militar de Estados Unidos analizaba la intervención armada en cualquier país, ante la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para resolver disturbios civiles, y con ello lograr que las diferentes agencias de ese país -Agencia Central de Inteligencia (CIA) y FBI- trabajaran "para lograr el control político y económico" en esas naciones.

El 3 de julio de 1969, el general García Barragán sostuvo un acuerdo con el presidente Díaz Ordaz en el que le daba a conocer las consideraciones del Ejército acerca de las presiones y sugerencias estaduninses respecto a la cooperación militar mexicana, a partir de un informe entregado por el teniente coronel Adolfo Hernández Razo, relativo a los cursos tomados en el colegio de Fort Leavenworth, en Kansas.

García Barragán dijo que entre la jerarquía militar estadunidense existía la convicción de que la tradicional política mexicana de no poner un solo soldado con fines bélicos fuera de nuestro territorio había comenzado a cambiar. Más aún, los estadunidenses estimaban que en el corto plazo accederíamos a colaborar con sus fuerzas armadas fuera del continente.

Las consideraciones del general se recogen en un documento radicado en el Archivo General de la Nación (AGN). Dicho reporte, membretado como acuerdo presidencial con el secretario de la Defensa Nacional, indica que en los cursos militares impartidos se alude a las estrategias para enfrentar disturbios civiles.

"Los instructores manifestaron problemas que calificaron como ficticios, pero que en verdad son reales en diversas naciones y que sirvieron de base para justificar la intervención armada de Estados Unidos, presumiendo que los gobiernos de esos países solicitaban ese tipo de ayuda ante su incapacidad para resolver esos disturbios."

García Barragán señala que el representante militar mexicano en los cursos "pudo comprobar" que los oficiales estadunidenses están adoctrinados para creer que en América sólo ellos son capaces de repeler una agresión extracontinental, en vista de que el material humano de Latinoamérica es de muy baja calidad. También creen que nuestros gobiernos obedecen todas las indicaciones que reciben de Washington.

El secretario de la Defensa Nacional dijo que las conclusiones que le fueron entregadas daban cuenta de que en Estados Unidos los valores humanos se están degradando y que "sin ningún pudor emplean su fuerza armada (...) y que sus intervenciones armadas están justificadas porque luchan contra sus enemigos potenciales: los comunistas", concluía.

Seis meses después del reporte del general García Barragán, informes confidenciales de la 27 Zona Militar revelaban la irritación que generaba la presencia de agentes estadunidenses en la sierra de Guerrero, con el pretexto del combate al narcotráfico.

El balance del general García Taboada acerca de los efectos sociales de la campaña antinarcóticos y, sobre todo, la participación de efectivos estadunidenses, había generado en el campesinado guerrerense recelo e inquietud contra el Ejército, porque "en las acciones emprendidas para su combate se han violado los derechos humanos de indígenas y campesinos".

Proponía "acciones para tratar de lograr por todos los medios, que vuelva a existir el afecto y la confianza de los núcleos campesinos para con el Ejército Mexicano. Que se considere que las fuerzas federales no constituyen, en sí, una gendarmería que tenga que estar detrás de cada persona dedicada al cultivo de enervantes".

Sugería que para atenuar las inconformidades "se permita a los jefes de las familias campesinas que residen en lugares aislados tener un arma en sus hogares para la defensa de sus familias y patrimonio".

Crisis de misiles, racismo, anticomunismo, Vietnam...

1961. Fracasa la invasión de anticastristas en Bahía de Cochinos. En Estados Unidos los disturbios raciales obligan a instaurar la ley marcial. Reunión cumbre entre John F. Kennedy y Nikita Kruschov para tratar de revertir la desgastada relación entre las potencias; meses después se concluye el Muro de Berlín.

1962. Continúan los disturbios raciales en Estados Unidos. La instalación de misiles soviéticos en Cuba provoca la crisis más grave de la posguerra. La tensión pone al borde de la guerra a Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) hasta que se logra un acuerdo: Washington no invadirá Cuba a cambio de que se cancele la instalación de misiles.

1963. Mientras soldados de la Guardia Nacional son enviados a controlar los disturbios raciales en Alabama, Martin Luther King pronuncia su célebre discurso: Tuve un sueño... Asesinan al presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas.

1964. Estados Unidos se involucra más en la guerra de Vietnam. Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz.

1965. Intensos bombardeos de Estados Unidos en Vietnam; el ejército invasor comienza a utilizar el napalm. Asesinan en Nueva York a Malcom X, dirigente radical de los musulmanes negros estadunidenses.

1966. Mao Tse Tung inicia la Revolución Cultural en China. En Estados Unidos arrecian las protestas de pacifistas contra la intervención militar en Vietnam.

1967. Disturbios políticos en China. Estados Unidos lanza el mayor ataque contra Vietnam. En Medio Oriente se desata la Guerra de los Seis Días entre Israel y el mundo árabe. En Bolivia es asesinado Ernesto Che Guevara.

1968. El año de mayor agitación de la década comienza con el ascenso de Alexander Dubcek al gobierno de Checoslovaquia; su política, distante de los dictados de la URSS, motivará la intervención de los ejércitos del Pacto de Varsovia. Meses después es aplastada la experiencia del nuevo socialismo checo. El Vietcong lanza la más importante ofensiva en Vietnam del Sur, la célebre ofensiva del Tet. En Estados Unidos es asesinado Martin Luther King y meses después Robert Kennedy, durante su campaña por la candidatura demócrata a la Presidencia. Estalla en Francia el movimiento estudiantil.

Debe investigarse el papel que jugaron agentes de EU, sostiene Guevara Niebla

El temor al comunismo llevó al gobierno a aplastar los valores de la democracia en 68

Hay indicios de la participación de la CIA en la elaboración de una estrategia de represión preventiva Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Gutiérrez Barrios colaboraban con la agencia

Si la fiscalía especial creada para investigar la matanza del 2 de octubre de 1968 quiere realmente llegar al fondo, no sólo debe establecer la responsabilidad de los militares en Tlatelolco, sino también el papel que jugaron los miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que se involucraron en la represión, sostiene Gilberto Guevara Niebla, dirigente durante el movimiento estudiantil y preso político de 1968 a 1971.

A la distancia -dice Guevara Niebla-, le costó muchos años entender que el movimiento estudiantil fue candorosamente ingenuo. Y es que para él "no puede entenderse el conflicto y la reacción del gobierno, si no se toma en cuenta el contexto mundial de la guerra fría. La situación era muy tensa, había una paranoia gubernamental por el temor al comunismo, y ese temor lo llevaba a aplastar los valores y las reglas de la democracia".

De entonces a la fecha han surgido numerosos elementos que apuntan a la participación de la CIA en la elaboración de una estrategia de represión preventiva. Muchos de los actores que la instrumentaron estaban vinculados a la agencia, al menos indirectamente, y cita algunos: Luis Echeverría Alvarez, Fernando Gutiérrez Barrios, además de la ya conocida relación del presidente Gustavo Díaz Ordaz con el jefe de la estación de la CIA en México, Win Scott.

También debe tenerse presente en el análisis sobre el movimiento de 1968 que desde un año antes de los Juegos Olímpicos, México pidió la intervención de Estados Unidos ante un posible sabotaje. "Esto se hizo público allá. Aquí Díaz Ordaz quiso encubrir el hecho. Paralelamente estalló el escándalo de la revista Rampars, órgano informativo de una agrupación católica e independiente donde se destaparon las relaciones de la CIA con organizaciones estudiantiles y laborales. Su interés era reclutar jóvenes estudiantes de América Latina y hacerlos líderes potenciales de los países del Tercer Mundo. Muchos de esos estudiantes se usaron para acciones de sabotaje."

Guevara Niebla considera que debe recordarse que era la guerra fría, la tensión mundial entre las potencias estaba latente aunque en el país el Partido Comunista Mexicano (PCM) "era muy débil, irrelevante, y estaba penetrado por la CIA. En realidad la amenaza era la seguridad sobre las olimpiadas. Ya había un descontento social amplio y habían surgido movimientos armados. Eso era muy grave".

Para la seguridad de Estados Unidos, México era más importante que Cuba y a eso se debe su presencia en el país. "Echeverría, el secretario particular de Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros, y Fernando Gutiérrez Barrios eran agentes de la CIA. Hay evidencias. En 1967, Antonio Arguedas, el ministro boliviano que tras la muerte del Che Guevara entregó el diario del guerrillero a los cubanos, mencionó a Echeverría como agente de la CIA. En 1969, con el caso Carrillo Colón, quien era un agente encubierto en la embajada mexicana en Cuba, fue denunciado aquí. El escándalo llegó a Relaciones Exteriores, pues el diplomático era sobrino del canciller, Antonio Carrillo Flores.

"El accionar de la CIA -agrega Guevara Niebla- podía constatarse en el comportamiento de algunos dirigentes extrañamente radicalizados. Quizá no pertenecían a la CIA, pero sí a otras corporaciones como la Dirección Federal de Seguridad. El movimiento estudiantil era pacífico y legal. Pero Sócrates Campos Lemus (quien presumía de ser sobrino de Corona del Rosal), Sóstenes Torrecillas, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, hombres sin convicciones políticas que en un principio se ostentaron como priístas, llegaron a ser los más radicales. Cuando el Consejo Nacional de Huelga se proponía el diálogo, ellos se oponían.

"Así, entre la ingenuidad de los dirigentes estudiantiles y la presencia de los radicales de última hora, se gestó la sangrienta represión que terminó por aplastar el movimiento del 68."

Los mexicanistas,con toda la fuerza del alma, contra la hoz y el martillo

En 1969, las organizaciones mexicanas de ultraderecha calificaban al comunismo como "ateo, anticientífico, destructor de todo lo acumulado por el trabajo, la experiencia y los conocimientos. El peor enemigo de nuestras tradiciones y de nuestras instituciones democráticas, de las libertades humanas y de la dignidad del hombre", al que debía combatirse, proclamaban, "con toda la fuerza de nuestra alma".

Así, por ejemplo, lo calificaba el Frente Popular Anticomunista de México, fundado en 1951 por Jorge Prieto Laurens, y que entonces dirigía Victorino Valdés Fernández. En esta organización participaban, entre otros, escritores como Salvador Borrego (autor de Derrota mundial, 1955), o docentes universitarios como Julio López Silva.

Al igual que las organizaciones de izquierda, los grupos de ultraderecha no estuvieron exentos de la infiltración gubernamental.

De acuerdo con documentos oficiales consultados, cuya copia tiene La Jornada, el agente de la Policía Judicial Federal número 383 era uno de los encargados de reportar las actividades de ese grupo a la Procuraduría General de la República (PGR).

En un memorándum del 13 de mayo de 1970, ese agente refirió que "en fuentes conectadas con el Frente Popular Anticomunista" tuvo conocimiento de la distribución del documento "Memoria del Congreso Mexicanista del Oriente de México", del cual obtuvo una copia.

El texto remitido por el agente 383 explica que el término "mexicanista" fue utilizado "para evitar suspicacias y temores de algunas gentes que tienen miedo de ser acusadas de macartismo y de cazadores de brujas", aunque aseguraba que "todo lo que se hizo (sus actividades desde 1967) fue de franca, leal y abierta lucha contra el comunismo internacional, la más funesta plaga que amenaza a la humanidad".

El documento también advertía que desde 1949, cuando surgió la Federación Mexicana Anticomunista, ésta tenía en "Guadalajara un baluarte indefectible de las tradiciones religiosas", y que esta ciudad estaba llamada "a decidir la batalla definitiva y última contra el comunismo internacional".

En el texto, publicado en mayo de 1970, se exponía además que "si los comunistas quieren uncirnos al yugo totalitario, fomentar guerrillas para convertir a México en una satrapía más dependiente de Moscú o de Pekín, y borrar las esencias nacionales, nosotros debemos aceptar el desafío. La lucha está entablada. Nosotros, los anticomunistas, con toda la fuerza de nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, debemos defender nuestras familias, nuestros intereses, nuestras tradiciones, nuestra mexicanidad. No vamos a permitir a ningún costo que sea pisoteada nuestra gloriosa bandera tricolor y que sea substituida por el trapo rojinegro ni por la hoz y el martillo".

Tal beligerancia discursiva estaba motivada porque en esas fechas en muchos estados de la República operaban doce organizaciones armadas, la mayoría con ideales comunistas, que el gobierno se dedicó a reprimir, deteniendo y desapareciendo a muchos de sus integrantes.

Así, el Frente Popular Anticomunista recomendaba "a cada uno de los gobiernos de las entidades nacionales constituir organismos oficiales con facultades legales para investigar, proscribir y sancionar toda actividad o acción procomunista, que realicen ciudadanos nacionales o extranjeros; reformar adecuadamente los preceptos legales que actualmente favorecen la militancia social o política de los partidos o agrupaciones que propongan los sistemas comunistas o socialistas".

Asimismo, pedían "eliminar de los puestos clave de la administración, y los puestos sindicales, a quienes coadyuven con la propaganda y difusión del comunismo, fijando sanciones por traición y subversión, a los agentes del comunismo, conforme a la legislación o reformas a las leyes respectivas".