Obtuvieron el amparo de la justicia federal en contra de sus respectivas sentencias

La PGR no acreditó la responsabilidad penal de Ericka Zamora y Efrén Cortés

Ambos estudiantes de la UNAM sobrevivieron a la masacre de El Charco, Guerrero

JESUS ARANDA Y JOSE GALAN

Sobreviviente de la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, y detenida por elementos del Ejército acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ericka Zamora obtuvo el amparo de la justicia federal en contra de la sentencia de ocho años y medio impuesta en primera instancia por los delitos de ''incitación a la rebelión'' y portación de arma prohibida. Los magistrados del primer tribunal colegiado con sede en Chilpancingo ordenaron ayer su absoluta e inmediata libertad.

En su dictamen, los jueces Raquel Aldana, Margarito Medina Villafaña y Amado López Morales concedieron también el amparo a Efrén Cortés Chávez, quien fue detenido en dicho operativo del Ejército acusado de pertenecer al grupo subversivo; fue consignado por los mismos delitos y se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

En ambos casos, la resolución de los magistrados estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó la responsabilidad penal de los acusados, como tampoco probó los elementos del tipo penal para proceder en su contra. Cabe señalar que Ericka permanecía detenida en el penal de Chilpancingo -anteriormente estuvo en Puente Grande, donde continúa Cortés. En la acción de El Charco murió Ricardo Zavala, que al igual que Zamora y Cortés Chávez era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ericka Zamora, quien al momento de su captura tenía 21 años, había sido sentenciada por un juzgado federal a tres años de prisión por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y a cinco años por incitación a la rebelión.

La matanza de El Charco, en la que murieron 11 personas y 22 más fueron detenidas -en su mayoría campesinos-, ocurrió el 7 de junio de 1998, cuando soldados rodearon la escuela de esa comunidad buscando a integrantes del ERPI; sin embargo, según consta en actas, en el lugar se había desarrollado una asamblea comunitaria de pueblos de la Costa Chica de Guerrero, y la presencia de Ericka y sus compañeros se debía a que participaban en la comunidad en actividades de alfabetización. No obstante, el ataque comenzó a las cinco de la madrugada de ese día, mientras los ocupantes dormían.

La defensora de Ericka, Bárbara Zamora, señaló el pasado miércoles a La Jornada que, de acuerdo con las actas levantadas por los miembros del Ejército, los 22 detenidos dieron positivo cuando se les hizo la prueba del radizonato de sodio, ''pero es explicable porque estuvieron en un salón cerrado durante las horas que duró la intensa balacera. El aula se había impregnado de polvo y pólvora y en ese entorno cualquiera que hubiera estado ahí hubiera dado positivo, como fue el caso de Ericka''.

De acuerdo con el expediente de la causa, en el lugar de los hechos fueron encontradas 14 armas de diverso calibre; en la escuela pernoctaban más de 40 personas; después del ataque 22 fueron detenidas y resultaron muertas 11 de ellas. La defensa de Ericka demandó también la anulación de las actuaciones judiciales que llevaron a la sentencia inicial de ocho años y medio, en razón de que ella permaneció incomunicada por los soldados por más de 30 horas y le fueron tomadas sus primeras declaraciones sin la presencia de su abogado defensor o de una persona de su confianza, lo que ameritaba la anulación del proceso.

Según la denuncia presentada por la PGR, existía la certeza de que había gente armada en el plantel, además de que en el operativo se encontró ''propaganda subversiva'' que fue confiscada por los soldados; entre ese material había manuales de alfabetización de la SEP, ejemplares de La Jornada y el libro de los mayas Popol Vuh, así como un texto subversivo que resultó ser el libro El sueño zapatista, del subcomandante Marcos, ejemplar que se encuentra en cualquier librería del país.

Después de ser detenida, Ericka fue calificada como de ''alta preligrosidad'' en razón de que se aseguraba que había sido ''comandante'' del ERPI. Inicialmente estuvo presa en la novena Región Militar, con sede en Acapulco, donde fue golpeada y torturada con toques eléctricos. De ahí pasó al Centro de Rehabilitación Social de Acapulco -donde permaneció hasta el 6 de noviembre de 1999-, para después ser enviada a Puente Grande, en cuyo trayecto fue nuevamente torturada por los elementos de la Policía Federal Preventiva.

Horas después del fallo, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez abandonaron la cárcel.