Las autoridades pretenden desaparecer candados que favorecen a obreros, advierte

Necesario, flexibilizar la Ley Federal del Trabajo: De Buen

ELIZABETH VELASCO C.

En la discusión para la reforma laboral se presentan tres tendencias: el Congreso del Trabajo (CT) desea que nada cambie; empresarios y autoridades pugnan por la flexibilización laboral, y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) busca la democratización sindical, evalúa el jurista laboral Néstor de Buen.

Destaca que el primer borrador elaborado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incluye básicamente el Código Procesal del Trabajo, que fue realizado por las cúpulas obrera y patronal durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y el resto contiene enmiendas a 40 artículos que se han discutido en la mesa central de decisión para la modernización de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El autor del anteproyecto de reforma laboral del Partido Acción Nacional (PAN), presentado en el Congreso de la Unión el sexenio pasado, sostiene que empresarios y autoridades insisten en flexibilizar las relaciones de trabajo para que "todo sea fácil" y desaparezcan los candados de la actual legislación en beneficio de los obreros. "En otras palabras, pretenden crear una ley que ya no sea tutelar de los trabajadores".

No obstante, conviene en que efectivamente se debe "flexibilizar un poco" la Ley Federal del Trabajo, porque "hay muchas rigidices". En particular, dice, tiene que facilitarse la contratación temporal para que, como se establece en el anteproyecto panista, en el primer mes el patrón pueda separar al trabajador de reciente ingreso sin "necesidad de presentar pruebas de nada. A ningún patrón le interesa retirar al empleado si es bueno, y esto lo asumió el PRD en su proyecto".

También puede flexibilizarse respecto al movimiento de los trabajadores en la empresa; es decir, que pasen de un lado a otro sin que esto perjudique el derecho al puesto, al salario y a la categoría.

De la jornada laboral plantea que, en los hechos, trabajador y patrón pueden acordar la distribución del horario en menos días. Esto, afirma, "no viola el principio de las ocho horas, porque ya está establecido en el artículo 59 de la LFT que el trabajador puede convenir en laborar más horas para descansar más días". Aunque lo ideal, sugiere, sería aprobar la jornada de 40 horas para que más personas puedan acceder a un puesto de trabajo.

De la propuesta de la UNT avala que se pugne por una democracia sindical que evite al Estado meter las manos en las relaciones laborales, especialmente en lo referente a los registros sindicales, la toma de nota y el derecho de huelga. "Esa central ha planteado los mecanismos para que desaparezcan los contratos de protección y hacer posible que la libertad sindical no tenga limitaciones", acota.

Recuento en la JFCA antes de huelga, una de las mayores "barbaridades"

En entrevista con La Jornada sostiene que una de las mayores "barbaridades" que se observan en el primer borrador es la propuesta empresarial y de las autoridades de que antes de estallar una huelga se tenga que realizar un recuento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

"Me parece una barbaridad, porque eso cancela el derecho de huelga, pues pone en manos de la junta el permitirla o no, además de que solicita un recuento público y no secreto, lo cual no funciona."

Parafraseando al jurista Mario de la Cueva, señala que el recuento previo es absolutamente contrario al espíritu de la huelga. "En todo caso, lo que debe acreditarse es que en una asamblea previa los trabajadores, y no su dirigente, decidan si estallan o no la huelga, y que sobre ese hecho se presente el acta correspondiente".

El autor del anteproyecto panista, que elaboró junto con su hijo Carlos, dice estar de acuerdo con la propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), retomada por la UNT, en cuanto a que tiene que suprimirse el control del Poder Ejecutivo sobre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) y la participación de utilidades. "Estoy de acuerdo con el PRD en que sea la Cámara de Diputados la que decida cómo se integran esas comisiones y que haya un instituto, inclusive nacional, de salarios mínimos y participación de utilidades que se encargue de ese tema".

También coincide con la propuesta perredista en la necesidad de establecer un registro de contratos colectivos y sindicatos para que el público tenga acceso a esos datos, y reitera su propuesta establecida en el anteproyecto panista en torno a la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, porque "son una porquería".

En lugar de dichas juntas se crearían jueces de lo social y laboral, que dependerían del Poder Judicial, punto retomado por la UNT. Esa enmienda la rechaza el CT, el cual ha dicho que no aceptará ninguna reforma a la Constitución. "Y para desaparecer las juntas se tiene que cambiar la fracción 20 del artículo 123 apartado A, por lo cual ahí hay una controversia", destaca.

Para De Buen, "democratizar" el debate para la reforma laboral hará imposible llegar a algún acuerdo. "Si desean una ley por consenso con grupos tan opuestos nunca se va a presentar una iniciativa". En su opinión, la reforma debe ser elaborada por un grupo reducido, para luego llevarse al Congreso para su discusión y consulta.

En tanto, el presidente de la CNSM, Basilio González Núñez, aseguró que en caso de que los legisladores aprueben la desaparición de esa comisión, las autoridades "lo aceptaríamos, porque así es la ley y vivimos en un estado de derecho. Lo que apruebe el Congreso tendrá que cumplirse en el país".