En una semana se fijará el valor de la tierra: Montiel

El 12 de julio, primera audiencia de la controversia sobre nuevo aeropuerto

JAVIER SALINAS Y SILVIA CHAVEZ CORRESPONSALES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó el próximo 12 de julio para llevar a cabo la primera audiencia de ley por el juicio de controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento mexiquense de Texcoco, el pasado 4 de diciembre, contra la decisión del gobierno federal de construir en esta zona el nuevo aeropuerto de México.

Por su parte, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, dio a conocer que será a más tardar la semana próxima cuando autoridades federales fijen el valor de las tierras expropiadas de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, y rechazó que su gobierno haya hecho alguna propuesta sobre el monto a pagar por metro cuadrado.

Aclaró que la sugerencia de fijar valores de 50, 70 y 86 pesos por metro cuadrado de tierra "no es del gobierno del estado de México". Insistió en que lo que su administración ha manifestado es que se "modifique el valor que se fijó al valor de la tierra".

El ayuntamiento de Texcoco informó que a la primera audiencia se presentarán el presidente municipal, Horacio Duarte Olivares; el coordinador de asuntos jurídicos del ayuntamiento, Oswaldo Peralta Rivera, y el abogado Alberto de la Peña. En la audiencia se ofrecerán y desahogarán las pruebas sobre las violaciones constitucionales que cometió el gobierno federal por su decisión de la construcción del aeropuerto en Texcoco, sin previa consulta con los municipios.

En su controversia, el ayuntamiento de Texcoco señala que el Ejecutivo federal no fundó ni motivó su decisión de designar al ex lago de Texcoco como mejor lugar para instalar la terminal aérea, violentando el artículo 16 constitucional, además, alega que infringió los mecanismos de planeación establecidos en las leyes de Asentamientos Humanos y General de Planeación.

Asimismo, argumenta la violación a los artículos 4, 16 y 26 de la Constitución y otros ordenamientos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Duarte Olivares consideró que con el proceso de licitación que el gobierno federal lleva a cabo se comprueba que las autoridades ni siquiera tenían diseño del proyecto aeroportuario, pues apenas están concursando las empresas interesadas. "Tal parece que el gobierno federal ignora la dimensión del problema social".