Navarrete Prida asegura que se ejercitará acción penal contra seis campesinos

El gobierno mexiquense propone mejorar la oferta económica para ejidatarios de Atenco

Se pagaría entre 50 y 86 pesos por metro cuadrado; la Federación sólo ofrece 7 y 25

Al paquete se añadirían un bono, incorporación de afectados a las obras y concesiones

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex. 20 de mayo. El secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales, informó que la administración estatal presentó a la Federación una propuesta formal para mejorar el precio de las tierras de los ejidatarios Atenco, Chimalhuacán y Texcoco que serán afectados con la construcción del aeropuerto alterno al de la ciudad de México.

Casi al mismo tiempo, el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se ejercitará acción penal contra seis de los campesinos que han encabezado las protestas en Atenco, por ser presuntos responsables de diversos delitos cometidos en sus movilizaciones.

En conferencia de prensa, Cadena Morales indicó que los parámetros que propusieron pagar a los ejidatarios son de 50, 70 y 86 pesos por metro cuadrado, y no los 7 y 25 pesos que estableció el decreto expropiatorio publicado el pasado 22 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

Señaló que esta propuesta se derivó de los costos que se han pagado en desarrollos urbanos cercanos, los cuales se podrían homologar con lo que se les dé a los ejidatarios. Además el funcionario aclaró que "este pago debe ser acompañado por un bono que refleje la plusvalía potencial de la zona, como efecto de la construcción y operación del aeropuerto".

Expresó que entre estas alternativas se encuentran "optimizar el valor de los bienes distintos a la tierra, concesionar parte del transporte de materiales como arena, grava y tierra a empresas sociales que constituyan los ejidatarios afectados, así como concesionar a éstos el servicio adicional de taxis, combis y microbuses, dejando a salvo los derechos adquiridos por los concesionarios actuales".

Añadió que se podría "satisfacer el total de la demanda de mano de obra con los ejidatarios de la zona, principalmente aquellos que resultaron afectados por la expropiación. Otorgar becas para los hijos de los ejidatarios, para capacitarlos en los diferentes aspectos que involucra la construcción y operación del aeropuerto, así como de las actividades que se detonan en torno a él".

De igual forma planteó la creación de un fideicomiso para el desarrollo social y el bienestar familiar de los municipios afectados, el cual, aclaró, será financiado con los flujos del proyecto. Sostuvo que también se ofrecerá a los ejidatarios darles participación en el desarrollo de los locales comerciales en el interior del aeropuerto y usar los materiales de la zona.

"El gobernador Arturo Montiel Rojas nos ha instruido para que reiteremos al gobierno federal que se debe incrementar sustancialmente el pago por la tierra e iniciar las negociaciones a la mayor brevedad; difundir y transparentar el proceso de negociación que se lleve a cabo con cada uno de los ejidos e instrumentar los acuerdos en cada núcleo agrario en torno a las propuestas señaladas, y demandar la disposición de los recursos federales para el desarrollo del Programa Social de Atención Inmediata", explicó.

Comentó que los ejidos expropiados para la construcción del aeropuerto son 13, de los cuales siete se ubican en Texcoco, cinco en Atenco y otro más en Chimalhuacán.

Señaló que las obras complementarias en materia de vialidad no afectarán a más personas, como se ha dado a conocer: "los trazos viales en ningún caso alterarán centros urbanos, y aunque se ha difundido que se afectarán núcleos de población, iglesias y panteones, les queremos decir con toda claridad que ninguna vialidad va a dañar centros urbanos".

Mencionó que en las reuniones que han sostenido los gobiernos estatal y federal se ha acordado la creación de un programa social de acción inmediata, el cual comprende medidas concretas en educación, capacitación, salud, vivienda, agua y drenaje, además de pavimentación, guarniciones y banquetas.

En tanto, el procurador Navarrete Prida manifestó que la dependencia a su cargo está a punto de terminar de integrar las diversas averiguaciones previas contra algunos ejidatarios de Atenco, de las cuales se desprenderán "con toda seguridad" órdenes de aprehensión contra seis de ellos, a quienes se imputan, entre otros, los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, ocupación de bienes destinados al servicio público, lesiones, daño en bienes y ataques a las vías de comunicación.

"Aun entendiendo con mucha sensibilidad social lo que representa este proyecto, se ejecutarán las órdenes de aprehensión cuando se consignen ante el juez, en el momento que convenga a los intereses del proyecto, pero no vamos a claudicar, muchas averiguaciones son por delitos graves y esto lo tendrán que enfrentar en un proceso penal", aseguró el funcionario.