El organismo asegura que en México llevará incentivos adecuados a productores

Redefinirá el Banco Mundial políticas de tierra en AL

Organizaciones campesinas señalan que las reformas agrarias siguen siendo cuestionables

MATILDE PEREZ U.

El Banco Mundial (BM) comenzó en Latinoamérica una consulta para actualizar el mecanismo del mercado de tierras para, desde su punto de vista, llevar los beneficios de una tenencia segura a zonas marginales. En el caso de México, pretende proporcionar incentivos adecuados a los productores y establecer instituciones que faciliten la administración de terrenos comunales que puedan tener un valor de biodiversidad muy elevados.

En la apertura del Encuentro Lationamericano y del Caribe, Políticas de Tierras, John Redwood, director general para América Latina del BM, puntualizó que el organimo aborda la cuestión agraria en tres direcciones: una orientación más clara hacia la reducción de la pobreza, al colocar en el centro de la agenda de los países la cuestión de la tierra como centro de reducción de la pobreza; trabajar con organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y laborar coordinadamente con las instituciones financieras donantes que han introducido innovaciones importantes, por ejemplo en la titulación de tierras.

Sin embargo, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Vía Campesina y FIAN dudan de la redefinición de las políticas de tierra que pretende llevar a cabo el BM con su "consulta".

Alvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, puso como ejemplo el Programa de Certificación y Titulación de Tierras (Procede), que ha costado más de 11 mil millones de pesos y del que, dijo, no se ha tenido ningún efecto social, económico, productivo ni jurídico, ya que no es una titulación o certificación que tenga el rango de título de propiedad.

Tampoco ha podido evitar conflictos agrarios; por el contrario, se han destapado problemas de límites en ejidos y comunidades. "En el ejido del que soy originario -dijo-, Barajas Viejo, Pénjamo, después de 50 años de existir problemas con San Isidro, llegaron con el Procede.

"San Isidro se inscribió al programa y, según su información, a éste le faltaba medio metro y quiso recorrer los límites. Ahora estamos entrampados en un conflicto en el que incluso hay enfrentamientos", agregó López Ríos.

Esos conflictos se han destapado con las políticas que según el BM son "buenas, pero lo cierto es que la autoridad no tiene capacidad para resolver los problemas debido a las deficienas que hay en la ley agraria, y por ello hay que aplicar supletoriamente 14 leyes, entre ellas la civil y mercantil", abundó.

El Procede sólo ha logrado inscribir en el dominio pleno a 0.4 por ciento de los 103 millones de hectáreas de propiedad social. Legalizar la tenencia de la tierra es una demanda y una necesidad, pero los tribunales agrarios, que son los encargados de aplicar la justicia en la materia, tienen pocos márgenes para entrar puntualmente a resolver un conflicto de tenencia o disputa de derechos al interior de los ejidos, comentó.

Por ello, dijo, los magistrados de los tribunales agrarios han expresado en diferentes foros la necesidad de un código de procedimientos agrarios, que generaría mecanismos jurídicos más accesibles y directos, mediante los cuales se podrían dirimir y resolver los problemas de tenencia de la tierra.

Para Vía Campesina y FIAN la consulta del BM -mediante seminarios regionales que también incluyen Europa, Asia y África-, que culminará con la redacción del documento Land Policy Research Report, se caracteriza por la falta de transparencia y por su carácter excluyente. "Es un ejemplo ilustrativo de las contradicciones e inconsistencias de las políticas del BM."

En un escrito que entregaron a los directivos del BM, Vía Campesina, FIAN y UNTA destacan que es imposible llegar a un proceso participativo en la definición de políticas de tierra sin tomar en cuenta la perspetiva campesina. "La presencia y el papel de las pocas organizaciones que provienen de la sociedad civil es muy limitada, de manera que las agrupaciones presentes corren el peligro de servir como hoja de parra para justificar las políticas del BM."

La tierra es más que una mercancía, por eso las reformas agrarias asistidas por el mercado basadas en la comunidad, como las define el BM, y que presuntamente están dirigidas al combate de la pobreza, siguen siendo cuestionables, subrayaron las organizaciones.

El organismo mundial, agregaron, antes de diseñar nuevas políticas de tierra debe evaluar el impacto de los programas existentes, entre ellos el de las reformas de las tierras asistidas por el mercado mediante procesos democráticos.

Durante la inauguración del encuentro, Olivier Lafourtade, director para México, Colombia y Venezuela del BM, explicó que el organismo se ha concentrado en las instituciones y políticas agrarias por ser temas esenciales para la reducción de la pobreza, el buen gobierno, la sustentabilidad ambiental y el crecimiento.

"En muchos países que son nuestros clientes la tierra ha sido una fuente tradicional de conflicto, y la adquisición especulativa de tierras y transacciones dudosas relacionadas con éstas, especialmente en zonas periurbanas, constituyen una fuente importante de corrupción", dijo.

En muchos países latinoamericanos la biodiverisidad y el hábitat natural significan una gran responsabilidad en términos de uso y administración de la tierra, para lograr la sustentabilidad ambiental. Junto con la porción a menudo significativa de poblaciones indígenas, la opción de disposiciones institucionales tendrá una gran importancia para proporcionar estructuras de incentivos que permitan la utilización eficaz de la base de recursos naturales a largo plazo.

Advirtió que la forma en que los países organizan la tenencia de la tierra y el acceso a ella tendrá repercusiones sobre el crecimiento económico, no sólo mediante la inversión, sino por conducto de los mercados, que se tornan vitales para dar a la tierra un uso más productivo.

En entrevista, Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dijo que el gobierno continuará con "mano dura" para recuperar las tierras de los indígenas.

Los conflictos agrarios en los pueblos indígenas, agregó, se dieron por abusos. En esta administración se han hecho dos restituciones de tierra, con mano dura y seriedad. Ahora estamos decididos a aplicar el estado de derecho; en donde sea factible la ejecución se hará, y en otro casos será la conciliación.

"Vamos a cambiar esa historia de que los indígenas siempre pierden. La justicia ya no estará del lado de quienes pueden pagarla", señaló.