Pondría en peligro la existencia de los 347 polvorines que existen en la zona, dicen

Habitantes y pirotécnicos de Tultepec protestan por la construcción de una gasera en un paraje

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Tultepec, Mex., 18 de mayo. Pirotécnicos y habitantes de esta localidad se manifestaron frente al palacio municipal y señalaron que el alcalde Pedro Flores Pimentel autorizó la ocupación de siete hectáreas del paraje La Cajiga -en donde se ubican polvorines de juegos pirotécnicos-, para la reubicación de una planta de la empresa gasera Regio Gas.

Ignacio Luna Urbán, uno de los inconformes, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que de instalarse en este lugar la empresa gasera serán clausurados los 347 polvorines existentes en el paraje La Cajiga, del pueblo de Xahuento, toda vez que "habría altas condiciones de inseguridad" en la zona.

Los manifestantes exhibieron el oficio AJ/02/00, con fecha del 4 de mayo de este año, donde la Sedena informa al gobernador Arturo Montiel Rojas que como dependencia militar no puede autorizar o negar la construcción de la gasera, pero advirtió del riesgo que se crearía en la zona y que obligaría al cierre de talleres pirotécnicos, toda vez que emplean hasta 124 toneladas de sustancias químicas explosivas.

Los manifestantes exigieron al alcalde priísta Flores Pimentel "revocar" la licencia de construcción autorizada a la empresa Regio Gas, y recordaron que hace dos años esta planta, localizada en la delegación Azcapotzalco, registró un severo incendio que motivó el desalojo de familias de esa demarcación y del municipio vecino de Naucalpan.

En tanto, autoridades municipales indicaron que por acuerdo de cabildo fue autorizada la liberación de la licencia correspondiente para que Regio Gas empleara predios de Xahuento, pero posteriormente el ayuntamiento corrigió y determinó revocar la autorización.

Sin embargo, empresarios de Regio Gas interpusieron un recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para exigir el cumplimiento de la autorización que les fue negada por el gobierno local.