Jaime Martínez Veloz
Partido político y nomenclatura
La nomenclatura es un concepto que se puso en boga en los años 70, nacido en el análisis crítico soviético para describir la peculiar clase dominante de la URSS. La formación social que aducía este concepto tocaba por igual a los estados de partido único, que a su vez calificaban una economía con fuerte proteccionismo e intervención estatal, que definía al Estado nacional. Al cambiar la condición política, el régimen unipartidario perdía su base estructural: la economía se abría a los mercados de capital y al comercio, se instalaba el pluripartidismo y la nomenclatura original dominante perdía sustento.
Hoy la aplicación de ese concepto debe ser matizada: en México estuvimos, primero, ante una ascensión de la llamada tecnocracia, categoría diferente a la nomenclatura, porque se trata de profesionales egresados de los modernos centros universitarios estadunidenses o europeos, condición alcanzada por ser hijos o parientes de esta nomenclatura, pero que ahora serían algo más que eso: agentes del gobierno mundial.
La alternancia en el gobierno desplazó la noción tecnocrática, puesto que ahora se instalaba de lleno el gobierno gerencial, que hacía insustancial el término que difundió la nomenclatura priísta tradicional para quejarse de su desplazamiento de los controles del Estado.
Al terminar la era unipartidaria mexicana, poco después que la soviética, la especie de las nomenclaturas muestra diversos comportamientos.
La competencia política se democratiza, efectivamente, en las elecciones de julio de 2000. El IFE es una nueva institución que salió airosa de la prueba histórica a la que fue sometida. Funda un espacio nodal para el desarrollo político al ser la institución que norma, opera y certifica los procesos electorales y los organismos públicos que a él se refieren: los partidos, las agrupaciones políticas y los órganos electorales, que incluyen los tribunales correspondientes. El Pemexgate y los Amigos de Fox son dos consecuencias que tendrán que ver con esta institución, porque es la que debe conocer y dictaminar sobre delitos electorales.
La nueva realidad partidaria, donde tres partidos pierden sus registros y cinco (PRI, PAN, PRD, PVE, PSN) adquieren nuevos posicionamientos, crea un mapa variado en el país: las tres principales fuerzas tienen gobernadores, alcaldes, diputados y senadores que propician nuevos equilibrios. Hay una emergencia de nuevos actores, actividad de franjas importantes de la sociedad civil que se movilizan autónomamente y tienen influencia en los acontecimientos históricos, como las marchas convocadas por el zapatismo de los indígenas de Chiapas.
Pero al mismo tiempo vemos que los partidos no son las entidades que completan las aspiraciones de la sociedad, sobre todo cuando en sus elecciones internas manifiestan que se trata de organismos característicos del poder que se conduce fuera de la norma, que ellos mismos confeccionan en lo nacional.
La antidemocracia, el chanchullo y el cinismo con el que se condujeron los procesos internos del PRI y el PRD revelan que los procedimientos internos de los partidos políticos tienen que estar sujetos a un control externo encabezado por el Estado, y este organismo no puede ser otro que el IFE, sin perjuicio de que sus decisiones puedan ser revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El avance democrático que se experimentó el 2 de julio de 2000 tiene comportamientos diversos como la instalación de nomenclaturas partidarias que ponen en entredicho o, más bien, califican la naturaleza de las oposiciones, según hemos visto con la reunión entre la dirigencia del PRI y Fox.
Nuevas alianzas para la formación del bloque en puerta: 2003, una competencia que tiene el sello cuestionante de las elecciones interpartidarias para su justa intrapartidaria: dos caras de la misma moneda.
Sin duda estamos viendo un proceso de formación que tiene al puesto público como objetivo, igual que antes, pero ahora con una competencia que pasa por actividades presupuestadas y que en su propia realización cursa por los controles de la tradición (en muchos casos caciquil) y la coerción desde el poder político que ostentan frecuentemente los candidatos.
ƑEstamos ante una nueva nomenclatura mexicana? Debajo de las correas de transmisión del gobierno mundial (que constituyen tan bien los foxistas) un acomodo une a la tradición (caciquil-porril) y al talante democrático, que es la marca de certificación del propio gobierno mundial para los mismos países colonizados.
Debemos lograr que los partidos políticos sean democráticos, pero también reconocer que éstos no son las únicas instituciones que diseñan la vida democrática.
