John Saxe-Fernández
Fox y la privatización de Pemex
Desde una plataforma empresarial belga, el presidente Fox acaba de notificarle a la opinión pública mexicana (a la usanza salinista-zedillista) que en el próximo periodo extraordinario del Congreso se aprobarán las medidas legislativas necesarias para proceder con la agenda privatizadora del sector energético, incluyendo el petróleo. La propuesta, impulsada por Washington desde el Banco Mundial (BM), implica someter a la Carta Magna a "cirugía mayor". El hecho de que este sorpresivo anuncio se hiciera pocas horas después de una reunión sostenida por Fox con la cúpula priísta encabezada por Madrazo, ha llevado a algunos analistas a especular, o bien que se llegó a un "arreglo" en torno a las investigaciones en curso relativas al financiamiento externo de la campaña presidencial de Fox y el desvío de recursos de Pemex hacia las arcas electorales del PRI, o que estamos en presencia de otra iniciativa unilateral de Fox, que, como en casos anteriores, le resultó contraproducente. Se trata, en todo caso, de los intereses empresariales y geoestratégicos articulados por el BM desde Los Pinos, que son los de la Casa Blanca y los de la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos. Téngase presente que las presiones y acciones encaminadas a la privatización y extranjerización del sector se observan desde el momento mismo en que Pemex dio inicio a sus operaciones y que posteriormente se intensificaron por el trauma estratégico que sufrió Estados Unidos, resultado del embargo petrolero de la OPEP de 1973 y de la creciente dependencia de suministros externos para mantener su economía civil y militar en funcionamiento.
La meta empresarial y geoestratégica estadunidense para revertir la nacionalización petrolera, tanto a nivel operativo como político-administrativo y eventualmente "constitucional", se ha venido realizando desde principios de los 80 del siglo pasado, por medio del BM propiciando la privatización, primero "indirecta" y luego "directa" de Pemex, y un control in situ de las empresas de Estados Unidos sobre las operaciones de Pemex. Como lo demuestro en La compra-venta de México (de próxima aparición en Plaza & Janés), la postura de los inversionistas extranjeros y sus socios o prestanombres locales articulada por el BM, y adoptada como suya por De la Madrid, Salinas, Zedillo y ahora Fox, se centró en cinco medidas: 1) permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, 2) permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.
Tres han sido los principales argumentos del BM para justificar este programa, contenidos en sus documentos y publicitados, entre otros, por la Fundación Heritage: 1) que Pemex no invierte lo suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo o en petroquímica, 2) que desmembrar a Pemex en empresas separadas, cada una de las cuales operaría independientemente y con criterios de obtención de ganancias, permitiría la competencia interna y externa y, en consecuencia, Pemex "sería más eficiente", y 3) que privatizar totalmente a Pemex le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. Las tres justificaciones son falaces. El gobierno mexicano impone a Pemex impuestos irracionalmente altos, representando 95 por ciento de las ganancias, destinándolos al servicio de la deuda y otros gastos no productivos de tal suerte que poco queda para el mantenimiento de la inmensa infraestructura de la empresa que cubre el territorio de la Federación.
Durante el sexenio de López Portillo los impuestos directos pagados por Pemex equivalían a 61 por ciento de sus exportaciones totales, con De la Madrid ascendieron a 84 por ciento y durante el salinato la carga fiscal de Pemex fue irresponsable e intencionalmente aumentada a 158 por ciento de sus ingresos por exportaciones, según datos recabados por José Luis Manzo en su esclarecedor ƑQué hacer con Pemex? (Grijalbo, 1996, p.51). Mientras el BM auspició y Salinas-Zedillo implementaron el desmembramiento de Pemex (proceso conocido en Estados Unidos como divestiture), las grandes corporaciones petroleras operan en forma totalmente opuesta, incrementando su integración vertical para coordinar la producción, refinación y mercadeo del petróleo. El analista petrolero Michael Tanzer ha mostrado que si Pemex fuera privatizada, digamos por 150 mil millones de dólares (mmdd), -como ya lo planteó la Heritage Foundation-, la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros -DuPont, Exxon-Mobil, Shell, Amoco, etcétera- y como su mínima expectativa de ganancias es de 20 por ciento nuestra economía tendría que pagarles 30 mmdd anuales, en cinco años estaríamos endeudados más arriba del cuello y ya -como Argentina- sin el petróleo.
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