Ejerce acciones de "hostigamiento e intimidación" contra dirigentes indígenas, asegura
Presenta Ucizoni queja contra la PGR ante CNDH
ROSA ROJAS
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Procuraduría General de Justicia (PGR), por las acciones de "hostigamiento e intimidación" que ejercen contra dirigentes indígenas y por el "dolo" con el que actuó el Ministerio Público Federal (MPF) en la investigación de un choque en el cual un vehículo de Pemex embistió a la tesorera de la organización, Mirosalba Reyes Pineda, ocasionándole graves heridas y desprendimiento de retina.
Así lo informó Carlos Beas, coordinador de comisiones de la Ucizoni, quien explicó que dicho accidente ocurrió en agosto de 2001, y "a pesar de que quedó plenamente demostrada la responsabilidad de Gabino Sánchez, empleado de Pemex, éste y el vehículo fueron liberados por el agente del MPF, Rubén Casanova, mientras Reyes Pineda quedó hospitalizada y sin recibir el pago de los daños que le fueron ocasionados". Acerca del hecho se abrió la averiguación previa MR/193/001.
Carlos Beas afirmó que el citado agente del MPF "actuó con dolo, y tres meses después de ocurridos estos hechos aún se negaba a consignar la averiguación al juzgado séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca". El expediente finalmente se consignó al juzgado con el número 168/001, pero no se ha reparado el daño ni se ha ejecutado la orden de aprehensión debido a que Casanova protege al empleado de Pemex, indicó.
Este problema se da en el contexto de que en la región ha habido conflictos de las comunidades con Pemex, debido a que en 1998 y 2000 hubo derrames de hidrocarburos en la zona, que provocaron daños ambientales y económicos a cientos de campesinos y pequeños ganaderos indígenas, además de que la paraestatal utiliza los caminos cosecheros para acceder a los ductos que atraviesan la región y los deja en mal estado, lo cual ocasiona molestias y afecta a los productores.
Después de varias protestas, en abril de 2001 Pemex, por conducto del ingeniero Rogelio Ríos, se comprometió a dar mantenimiento a los caminos y a apoyar proyectos productivos y de infraestructura comunitaria. La paraestatal no cumplió y por esta razón se incrementó el malestar de las comunidades mixes y zapotecas.
Beas indicó que el pasado 6 de febrero, cansados de burlas, ejidatarios de Estación Sarabia, Boca del Monte, Guichicovi y Nuevo Progreso, de la zona de Matías Romero, detuvieron una retroexcavadora de Pemex para que realizara los trabajos de reparación de los caminos dañados por la empresa, y a pesar de que las comunidades acordaron entregarle a la paraestatal la maquinaria, ésta se ha negado a reparar los caminos.
Después, el 27 de marzo, unas 19 poblaciones del municipio de San Juan Guichicovi, en su mayoría mixes, detuvieron una camioneta pick up propiedad de Pemex para obligar a la empresa a pagar los daños ocasionados a Reyes Pineda. Aunque las comunidades pusieron a disposición de Pemex la unidad, siempre y cuando pagara los daños a Reyes Pineda, el jurídico de la paraestatal, Ramón López Castro, promovió dos demandas penales ante la agencia del MPF de Matías Romero, que en el caso de Reyes Pineda ha obstaculizado la acción de la justicia pero de inmediato actúa contra las comunidades y ya está integrando las averiguaciones 004/002 y 056/002 por los delitos de robo, explicó Beas.
Afirmó que ante la "evidente colusión existente entre la PGR y Pemex", además de la denuncia ante la CNDH se solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y de la oficina de la Presidencia de la República para la atención de los pueblos indígenas, para que medien en este conflicto y se evite una mayor confrontación entre los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec y Pemex, que puede provocar un grave conflicto en la región. Informó que hoy se realizará una reunión de autoridades indígenas para definir las acciones que emprenderán.